Numerosos pueblos de origen caribeño (cumanagotos, tamaques, maquiritares y arecunas, entre otros), habitaban el extremo norte de América del Sur cuando Cristóbal Colón llegó a esas costas en 1498. Las construcciones locales sobre pilares recordaron a los españoles las de Venecia y por eso dieron al país el nombre de Venezuela.
Durante el dominio colonial, Venezuela fue organizada como Capitanía General del Virreinato de Nueva Granada. En el siglo XVIII, se convirtió en la colonia agrícola más importante, fundamentalmente basada en el cacao, lo que a su vez formó una aristocracia criolla ("mantuanos"), con mano de obra esclava africana, de ahí que los "pardos" formaran la inmensa mayoría de la población.
En la capitanía nacieron dos grandes líderes de la revolución independentista americana: Francisco de Miranda y Simón Bolívar. En Caracas se formó un Cabildo que el 19 de abril de 1810 comenzó el proceso independentista, con Miranda al frente de los ejércitos. La idea de Miranda era formar una vasta confederación americana llamada Colombia, coronando a un Inca como emperador. Miranda fue capturado por los españoles en 1811 y murió en prisión.
Bolívar adhirió al programa de liberación mirandino apoyándose, en principio, en la oligarquía mantuana. En una rápida campaña, entre 1812 y 1813, logró instalar un gobierno en Caracas.
El proyecto independentista no preveía cambios en la estructura social y no fue acompañado por las masas llaneras (pardos en su mayoría, que odiaban a sus dueños criollos). Las encabezó el caudillo José Tomás Boves, leal a la Corona española. Boves derrotó a Bolívar en 1814, decretó la libertad de los esclavos y realizó repartos de tierras entre los campesinos.
Perdida la Primera República, Bolívar se exilió y entró en contacto con el presidente haitiano Alexandre Sabés Petion, quien apoyó el proyecto revolucionario. De regreso en Venezuela hizo suyas las reivindicaciones populares y ganó así el apoyo de las masas. Acompañado por importantes líderes militares, como Antonio José de Sucre, Mariño, José A. Páez y Arismendi desarrolló victoriosas campañas militares en la mitad norte del subcontinente hasta fundar Bolivia.
En 1819 el Congreso de Angostura creó la Gran Colombia, al unir Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Once años después, en 1830, poco antes de morir Bolívar, el general Páez declaró la separación de Venezuela de la Gran Colombia.
Páez fue el gran caudillo y centro político de Venezuela durante muchas décadas. Su heredero político, Antonio Guzmán Blanco, puso en marcha una serie de reformas para modernizar el país: introdujo nuevas técnicas de producción, nuevos medios de comunicación y reformó la legislación.
Juan Vicente Gómez tomó el poder en 1908. Gobernó durante 17 años como dictador, eliminando al sistema de caudillos. Con su apoyo ingresaron al país las trasnacionales petroleras, que se instalaron preferentemente sobre el lago Maracaibo.
En 1935 asumió el poder su antiguo segundo, el general Eleazar López Contreras, sucedido en 1941 por el general Isaías Medina Angarita. Este último sentó las bases de la liberalización de la vida política, permitió el registro legal del Partido de Acción Democrática (AD) y apoyó a los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, las aspiraciones de las mayorías demoraron en ser satisfechas, a lo que se sumó el descontento militar. En 1945 un movimiento cívico-militar dirigido por Rómulo Betancourt (principal líder de AD) y el general Marcos Pérez Jiménez, tomó el gobierno y en 1947 convocó a las primeras elecciones generales directas del país. El escritor Rómulo Gallegos, candidato de AD, asumió la presidencia, pero fue depuesto en 1948 por una nueva Junta Militar, que luego se transformó en la férrea dictadura de Pérez Jiménez.
Diez años mas tarde, en enero de 1958 Pérez Jimenez fue derrocado por una revuelta popular, y el país inició una etapa de democracia estable, con un gobierno formado por una coalición de AD, COPEI y Unión Republicana Democrática. La estabilidad política se debió en gran medida a los cuantiosos ingresos petroleros, al mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos y a la expansión de los derechos políticos.
Sin embargo, el crecimiento económico nacional poco aportó a los sectores más desposeídos. Esto creó condiciones para protestas sociales así como para el desarrrollo de la lucha guerrillera encabezada por el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (escisión de AD) y otros grupos de izquierda.
En 1960, Venezuela impulsó la creación de la OPEP y 15 años más tarde, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, los recursos petroleros fueron nacionalizados. Pérez apoyó la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y defendió el programa del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI).
En las elecciones de diciembre de 1978 volvió al poder la democracia cristiana, pero el presidente Luis Herrera Campins no introdujo alteraciones sustanciales en la vida del país.
Pese a ser el tercer exportador mundial de petróleo y a que durante los gobiernos de Pérez y Herrera se obtuvo el más alto precio mundial de dicha materia prima, lo que produjo la mayor renta per cápita de América Latina, no se supieron administrar adecuadamente estos enormes capitales. Se crearon gigantescas empresas estatales hidroeléctricas, de hierro, aluminio y cemento, entre otras, mientras al mismo tiempo se subsidiaban casi todas las actividades privadas. Aún hoy, el Estado venezolano genera 95% de las exportaciones, y es por lejos el mayor empresario.
En 1981 y 1982 se reanudaron los litigios de soberanía con Colombia en la península de la Guajira y con Guyana por la región del Esequibo. Mientras tanto, a partir de las Conferencias sobre el Mar, Venezuela consagró sus derechos territoriales sobre enormes extensiones del Mar Caribe.
Un fuerte descenso en los ingresos por las ventas de petróleo, el endeudamiento externo fomentado por el gobierno y una evasión masiva de capitales privados hacia el exterior, en 1982 obligaron al gobierno a controlar el cambio y el comercio exterior. Comenzó a registrarse un aumento de la inflación, el desempleo y la escasez de vivienda, elevándose la pobreza crítica.
En las elecciones de diciembre de 1983, el descontento generalizado se tradujo en la victoria de Jaime Lusinchi (AD), quien obtuvo el 56% de los votos. Su principal adversario fue el demócrata cristiano Rafael Caldera, de COPEI.
La población mantuvo algún tiempo el apoyo a Lusinchi, pero fue imposible detener el proceso de deterioro económico evidenciado en junio de 1983, cuando Venezuela debió suspender el pago de 5.000 millones de dólares por intereses y amortizaciones de su deuda.
La política de Lusinchi se basó en un plan de austeridad de mediocres resultados, un fallido pacto social con patronales y sindicatos y, hacia el final de su mandato, un control estatal aún mayor sobre la economía. Este desembocó en escandalosos favoritismos, a través de la concesión de divisas preferenciales, a la mitad de su valor de mercado.
En sus relaciones externas, Venezuela recuperó un activo papel en el Grupo de Contadora, pero mantuvo su línea tradicional de relaciones con el FMI y Estados Unidos. En enero de 1986 el gobierno refinanció casi dos tercios de su deuda, sobre la base de una amortización total en 10 años, pero la caída del precio del petróleo obligó al gobierno a volver a negociar un año después. Sin embargo, antes de cesar su gestión, Lusinchi anunció la suspensión de los pagos, con el fin de obtener un nuevo financiamiento.
En las elecciones del 4 de diciembre de 1988, Carlos Andrés Pérez, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), venció con 54,5% de los votos contra 41,7% de Eduardo Fernández, candidato de COPEI.
Veinticinco días después de la toma del mando se produjo una ola de tumultos y saqueos de comercios (denominada "febrerazo" o "caracazo"). Esta pareció ser una respuesta espontánea de sectores sociales marginados a incrementos en las tarifas públicas y el precio del petróleo. La represión policial dejó un saldo de más de mil muertos y desaparecidos (246 según el gobierno), además de dos mil heridos y centenares de detenidos.
Con la aplicación de medidas de ajuste económico respaldadas por el FMI el gobierno había perdido gran parte de su apoyo popular. En diciembre de 1989, por primera vez en su historia los venezolanos eligieron los gobernadores de sus 20 estados y los alcaldes de 200 municipios. En medio de una abstención de casi 70%, se registró un avance de la oposición demócrata cristiana y de la izquierda.
Acción Democrática ganó diez gobernaciones, pero perdió en muchos de sus reductos tradicionales, mientras COPEI obtuvo cuatro. Resultó llamativo el triunfo de la izquierda en tres estados: en Bolívar (el gran polo industrial), fue elegido el sindicalista Andrés Velázquez; en Aragua, venció fácilmente el Movimiento al Socialismo (MAS); y, en Anzoátegui, un líder del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
A pesar de la delimitación del territorio de la población nativa, por parte del gobierno no se ha logrado una protección eficaz de la población indígena. Esta sigue sufriendo persecuciones de terratenientes, campesinos criollos y funcionarios, aparte de una incipiente invasión de garimpeiros, mineros brasileños, en busca del oro venezolano.
A principios de los años 90, los indígenas venezolanos sumaron alrededor de 200 mil (aprox.1% de la población total) y hablaban 31 idiomas distintos.
Actualmente ha descendido el ritmo inmigratorio, considerable desde 1950 hasta 1980, pero se habla de renovarlo selectivamente (admitiendo europeos orientales). La mayoría de los extranjeros son colombianos y en menor cantidad: ecuatorianos, peruanos y dominicanos.
A comienzos de 1992, el gobierno había quedado casi sin apoyo. Su partido AD tomaba distancia de la gestión económica, mientras el Congreso decidió ejercer cada vez más su función supervisora, investigando actividades ilícitas. Sin embargo, casi nunca se llegó a procesos penales, debido a la ineficacia o corrupción del Poder Judicial.
El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. El grupo liderado por Francisco Arias fracasó, pero puso de manifiesto la corrupción administrativa y la crisis económica, como causas de la inestabilidad. Tanto Arias como el comandante de paracaidistas Hugo Chávez, ambos detenidos, pertenecían al Movimiento Militar Bolivariano-200.
Las acciones ocasionaron varias decenas de muertos civiles y militares. El ministro de Defensa, Fernando Ochoa, declaró oficialmente que 51 militares se encontraban heridos y 19 habían fallecido.
El mismo día del intento golpista, el presidente suspendió las garantías constitucionales. La medida, ratificada por el Congreso, prohibió las reuniones, restringió las libertades de prensa y libre tránsito y dispuso la detención de ciudadanos. Como excepción aceptó negociar un acuerdo con los sindicatos de la enseñanza que puso fin a casi dos semanas de huelgas y represiones policiales contra profesores y estudiantes.
El 12 de febrero un juez militar comenzó el estudio de los expedientes contra 113 oficiales y cerca de mil soldados protagonistas del golpe. Los tenientes coroneles cabecillas del golpe, fueron detenidos a la espera de una condena. Dos días después Pérez derogó las normas de excepción.
La tensión política y militar volvió a aumentar a principios de marzo, con nuevos pedidos de renuncia dirigidos al presidente de la República, al tiempo que se informaba de robos de armas y se ordenaba el acuartelamiento de unidades militares.
Ante la crisis, el 5 de marzo Pérez anunció la convocatoria de un referéndum para reformar la Constitución, la conformación de un gabinete de unidad nacional, una reforma judicial y un "cambio de rumbo" en su política económica de austeridad.
Un nuevo intento de golpe de estado tuvo lugar el 27 de noviembre de 1992. La Fuerza Aérea jugó un papel calve para controlar a los golpistas. En las elecciones para gobernadores, alcaldes, asambleas legislativas regionales y consejos municipales el partido en el poder sólo ganó en 7 de los 22 estados.
El presidente Carlos Andrés Pérez fue relevado el 21 de mayo de 1993, acusado de apropiación de fondos públicos. El cargo fue ocupado provisionalmente por Ramón Velázquez..
Rafael Caldera, presidente entre 1969 y 1974 por el partido socialcristiano, ganó las elecciones nacionales del 5 de diciembre de 1993. Tuvo el apoyo de amplios sectores y distintos partidos, con el respaldo de Convergencia y Mas como factores principales de su triunfo. La abstención alcanzó al 40% y algo más de 5 millones de personas ejercieron su derecho al voto.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, el índice de inflación en 1993 alcanzó el 40% y casi la mitad de la población vivía bajo la línea de pobreza.
Otra fuente de inquietud social fue la repetición de violaciones a los derechos humanos, tanto a minirías étnicas como a detenidos en distintas prisiones. El 21 de agosto se informó del asesinato de 16 Yanomani a manos de "garimpeiros" -buscadores de oro brasileños- cerca de la frontera. Varios Yupca -otra tribu indígena- fueron asesinados por terratenientes en el estado de Zulia.
Una pelea en una cárcel de Maracaibo reprimida por las fuerzas de seguridad dejó 122 muertos el 3 de enero de 1994. La prisión, diseñada para 1.500 detenidos, alojaba a 2.500.
El ex presidente Carlos Andrés Pérez fue condenado a prisión domiciliaria por ser mayor de 75 años. En su lujosa residencia de los altos de Caracas, Pérez culminó su condena en setiembre de 1996 y regresó a la escena política, asegurando que volvería a la presidencia. Durante su "confinación", Pérez fue acusado de haber viajado al exterior.
A fines de la década anterior, Caracas se convirtió en una de las ciudades más violentas de América del Sur. La sensación de inseguridad aumentó al mismo ritmo que los asesinatos. En 1995 se estimó que 10% de los caraqueños estaba armado.
La crisis económica se agravó a partir de 1994. El colapso financiero se inició en febrero de 1993, con la caída del Banco Latino, el segundo banco comercial del país. En agosto de 1995, 18 de los 41 bancos privados habían sido intervenidos y 70% de los depósitos era administrado por el estado.
El presidente Caldera suspendió las garantías constitucionales sobre bienes inmuebles, la propiedad privada y el comercio. También impuso restricciones a los viajes al exterior, el derecho de reunión y la inmunidad contra arrestos arbitrarios. A pesar de que el congreso votó a favor de la restauración de los derechos, el presidente volvió a implantar las restricciones para prevenir la huida de capitales y la especulación.
Los esfuerzos para atraer inversores extranjeros fracasaron en 1995 y el gobierno decidió ofrecer igualdad de oportunidades a nacionales y extranjeros para la exploración y explotación petrolera, por primera vez desde la nacionalización de la industria petrolera en 1976.
En setiembre de 1995 y en marzo de 1996 se duplicó el precio de la gasolina, lo que produjo significativos aumentos en los demás rubros de consumo, especialmente en los de primera necesidad.
El 6 de diciembre de 1998, el líder de los intentos golpistas de 1992, Hugo Chávez, fue electo presidente constitucional con el 56,5% de los votos. En su discurso de asunción, Chávez anunció que suplantaría a la Constitución, a la que calificó como "muerta" a través de una "revolución pacífica" para luchar contra la pobreza y reestructurar la deuda externa, que ascendía a 23 mil millones de dólares. Para ello, se conformaría una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, en seis meses, redactaría una nueva Constitución.
En los primeros meses de 1999, Chávez publicitó su "revolución pacífica" a través de su cuerpo diplomático y conduciendo un programa televisivo que recibía y "solucionaba", directamente, las inquietudes de la población. El 25 de julio, en las elecciones para la ANC, el 75% de la población votó por el Movimiento V República –liderado por Chávez–, otorgándole la mayoría absoluta del cuerpo.
En setiembre, el país fue sede del segundo encuentro entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y autoridades gubernamentales de ese país. Chávez, que comenzó a jugar un papel importante en el conflicto colombiano, rechazó la petición estadounidense de utilizar sus bases aéreas para "combatir el narcotráfico" en ese país. Para muchos, los movimientos estadounidenses tenían por objetivo invadir Colombia y terminar con los grupos insurgentes de ese país.
El 15 de diciembre, en referéndum, el 70% de los venezolanos que concurrieron a votar -la mitad de los habilitados- aprobó la nueva Constitución que nombró al país como "República Bolivariana de Venezuela" y disolvió el Congreso. La gran abstención se debió, entre otros factores, a las inundaciones que azotaban al país y terminaron matando a 50 mil personas.
El 30 de enero de 2000, se disolvió la ANC -como estaba estipulado- no sin antes fijar, para el 28 de mayo, las nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Finalmente, las elecciones se realizaron en junio y Chávez fue reelecto por abrumadora mayoría hasta el año 2006. En agosto, se entrevistó con dirigentes de los principales países productores de petróleo. El reelecto presidente afrontó duras críticas de parte de Estados Unidos al reunirse en Bagdad con el gobernante iraquí Saddam Hussein. Chávez fue el primer jefe de Estado democráticamente electo en visitar Irak desde la Guerra del Golfo.
El presidente anunció a comienzos de 2002 una serie de medidas destinadas a estimular la economía, incluida una reforma de las leyes sobre tierras que determinaría la potestad del gobierno para expropiarlas, junto con reformas en la legislación de hidrocarburos, que tendría tasas sobre ingresos flexibles para las compañías que operaban pozos pertenecientes al estado. Su visión verticalista de la política y un rosario de promesas incumplidas llevó a Chávez enfrentarse con todos los sectores: trabajadores sindicalizados, empresarios, medios de comunicación y la Iglesia Católica.
El PBI creció un 2,8% y la actividad económica -sin contar el petróleo crudo- creció un 4% en 2001. Sin embargo, Chávez no supo capitalizar los elevados precios del petróleo para volcar sus ingresos en planes de desarrollo para sectores desprotegidos de la sociedad. Su discurso poco cauteloso multiplicó una fuga de divisas que sólo en los tres primeros meses de su gobierno había sumado casi 3.000 millones de dólares.
A partir de febrero de 2002, para hacer frente a la crisis, Chávez puso en marcha un fuerte paquete de ajuste, aplaudido por el FMI. Anució la flotación libre del dólar, cuya paridad estaba anclada en un 10% anual de depreciación del bolívar, lo que representó una devaluación de más del 25%. El presupuesto se redujo en un 22% y el gasto público en 7 puntos. Además, ratificó la aplicación de impuestos adicionales. Muchos reaccionaron ante el aumento de los precios, sobre todo en aquellos productos de consumo masivo. Los sucesivos casos de militares que se rebelaron contra Chávez fueron socavando su prestigio entre las FFAA y ayudaron a enrarecer aún más el clima político.
Por sus vínculos con Cuba, Irak y Libia, y su renuente condena a los atentados de setiembre de 2001 sobre Nueva York y Washington, Chávez quedó directamente enfrentado a Estados Unidos. Prácticamente por sí mismo había reconstruido la OPEP al comprometer a Venezuela en las cuotas de ventas de OPEP, lo que hizo duplicar el precio del petróleo, que llegó a más de 20 dólares por barril. Venezuela es uno de los más importantes suministradores de petróleos con los que cuenta Estados Unidos.
El presidente impulsó medidas para tomar el control de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)- nominalmente en posesión del gobierno, pero de hecho esclava de los operadores extranjeros. Chávez destituyó a varios gerentes de la empresa Petróleos de Venezuela, lo que desencadenó una nueva crisis. La huelga general iniciada el 9 de abril por los gerentes de la petrolera venezolana, por la imposición de una junta directiva nombrada a dedo por el presidente, culminó tres días después con una manifestación multitudinaria que enfrentó a partidarios y opositores del gobierno. Grupos de presión con intereses económicos criticaron la nueva ley de tierras de Chávez, que pretendía repartir tierras sin explotar a los sin tierra.
Un grupo de opositores, conformado por empresarios y militares, desplazaron a Chávez de su cargo, lo llevaron hasta una isla y lo mantuvieron privado de su libertad e incomunicado. Pedro Carmona, titular de la mayor cámara empresarial del país, asumió la presidencia por medio de un golpe de Estado. Juró el 12 de abril e inmediatamente disolvió el parlamento, destituyó a la Corte Suprema, desconoció a la Constitución, llamó a elecciones presidenciales en el plazo de un año y convocó a comicios legislativos para diciembre, bajo el decreto de "reorganizar los poderes públicos". Con estos anuncios llegaron también las últimas cifras de las víctimas de la violenta jornada del día anterior: 15 muertos y 350 heridos -según el Departamento de Bomberos-, y las manifestaciones se mantuvieron pese a los intentos del nuevo gobierno por controlar la situación. El 14 de abril, a media noche, tropas leales al gobierno legítimo de Venezuela entraron en el Palacio Presidencial de Miraflores, tomaron posiciones y permanecieron a la espera de otro operativo que rescataría a Chávez y lo regresaría al poder. Carmona se vio obligado a dimitir y fue detenido.
El secretario asistente de Estados Unidos para asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich estuvo en contacto con el sucesor de facto de Chávez el mismo día en que este se hizo del poder. Reich telefoneó a Carmona para exigirle que no disolviera la Asamblea Nacional, según dijeron, más tarde, funcionarios del Departamento de Estado. Estados Unidos no condenó el golpe contra Chávez sino hasta el momento en que éste retomó el gobierno. Por otra parte, el periódico británico The Guardian denunció que, desde un año atrás, la inteligencia estadounidense estudiaba la posibilidad de sacar a Chávez del poder y que, en la madrugada del golpe de Estado, barcos de Estados Unidos fondeados a lo largo de la costa venezolana intervinieron las comunicaciones en Caracas. La actitud de Washington sembró temores de un "contagio golpista" por toda la región.
En julio de 2002 el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter -a quien en octubre del mismo se le otorgaría el premio Nobel de la Paz por haber propiciado la paz entre Israel y Egipto- viajó a Venezuela y se encontró con Chávez en una reunión destinada a abrir un diálogo entre los sectores en conflicto, el gobierno y la oposición, que no acudió a la cita.
Nuevas amenazas a la estabilidad política se desataron cuando, en octubre, un grupo de 14 militares de alto rango llamó a la "desobediencia civil y militar". Los militares -investigados por su presunta participación en el breve derrocamiento de Chávez en abril- reclamaban que la autoridad del presidente fuera desconocida, exigiendo su renuncia o que se sometiera a referéndum su permanencia en el poder.
A fines de octubre el secretario general de la OEA, el ex presidente colombiano César Gaviria llegó a Caracas para mediar en la crisis político-militar. Las negociaciones se estancaron a poco de empezar. La cámara de empresarios, la CTV y la CD (Coordinadora Democrática) que reúne a la oposición política, llamó a una huelga general por tiempo indeterminado para pedir que la permanencia en el gobierno de Chávez se resolviera por un referéndum inmediato. A la crisis política se sumó la económica: la medida provocó la pérdida de 50 millones de dólares por día en la exportación de petróleo. La oposición dio un paso adelante, llamando a la ciudadanía a la desobediencia civil e impulsando el no pago de los servicios públicos.
El gobierno se opuso al referéndum argumentando que la convocatoria antes de agosto de 2003, fecha en que se cumplía la mitad del mandato, era inconstitucional.
A pesar de 62 días de huelga, que pusieron al país al borde de la bancarrota, Chávez logró mantenerse en el gobierno. La huelga se levantó aunque en la Mesa de Negociación y Acuerdos el gobierno rechazó todas las propuestas que no fueran las del referéndum a partir de agosto de 2003. El ex presidente estadounidense Carter había planteado el acortamiento del período presidencial a través de una enmienda constitucional.
UNICEF señaló que la crisis política tuvo alto impacto en la infancia, ya que a raíz de las interminables huelgas se perdieron más del 30% de las clases. Por otro lado, se constató la reaparición de enfermedades que se creían erradicadas, como el sarampión.
En mayo de 2003 el gobierno y la CD firmaron un acuerdo de 19 puntos: realización del referéndum revocatorio, la formación del CNE (Consejo Nacional Electoral, organismo de arbitraje electoral), el desarme de la sociedad civil y la creación de una Comisión de la Verdad.
La oposición reunió 3.400.000 firmas, de las cuales el CNE validó sólo 1,83 millones, menos de las necesarias para la convocatoria. La oposición manifestó en la calle por lo que consideró un fraude del Colegio Electoral. El gobierno reprimió violentamente las manifestaciones. En junio de 2004, el CNE aceptó 2.44 millones, por lo cual el referéndum tendría lugar, en una fecha a fijar.
Desde el inicio de la crisis política el gobierno soportó una fuerte ofensiva de los medios de comunicación (dominados por el grupo Cisneros) de su país, los que jugaron un rol decisivo en el golpe de Estado del 2003. A ello se sumó una política hostil de parte de CNN según lo denunció Chávez en el programa Aló Presidente. A su juicio, los mensajes de la cadena estaban "envenenados" y por ello en abril de 2004 le declaró la "guerra comunicacional" al canal de Ted Turner.
En mayo de 2004 la las fuerzas de seguridad detuvieron a 88 paramilitares colombianos a los que acusó de entrenarse para el derrocamiento del presidente. También se allanó la casa del ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien desde Miami negó estar vinculado a la conspiración pero afirmó que a Chávez había que expulsarlo del gobierno por la fuerza.
Según un informe de CEPAL, publicado ese mes, la economía venezolana era la que crecería más ese año en Latinoamérica: 10%.
Finalmente en agosto de 2004 se realizó el referéndum revocatorio en el que Chávez obtuvo la victoria con 58.2% de los votos, mientras que la CD obtuvo el 41.7%. Si bien Henry Ramos Allup, coordinador general de la CD, denunció fraude electoral y reclamó un recuento manual de los sufragios, Cesar Gaviria, el observador de la OEA, declaró que, mientras no se encontraran elementos para sustentar el fraude, la OEA no dudaría del resultado de la votación. Por su parte, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, observador de la fundación con su nombre, declaró que Chávez ganó con justicia y destacó la masiva y clara diferencia a favor del gobierno chavista. Según este resultado el presidente Chávez permanecería en el poder hasta 2007.
Ese mismo mes, César Gaviria dio a conocer un informe de la misión de observación electoral de la OEA que confirmó que "la mayoría de los ciudadanos venezolanos decidió no revocar el mandato del presidente Hugo Chávez Frías". Gaviria enfatizó acerca de la fiabilidad del sistema de control electoral que usó la OEA en la comprobación y ratificación de los comicios. Por su parte, Valter Pecly Moreira, jefe de la misión, dijo estar "convencido de que técnicamente habría sido imposible manipular cualquier fase del proceso electoral que se hizo en Venezuela el 15 de agosto".
El informe de la OEA fue objetado por CD que mantuvo su posición acerca de la existencia de un gigantesco fraude. La OEA manifestó que revisaría con cuidado la información sobre las supuestas irregularidades en las máquinas de votación, que según la CD, presentaron topes limitados para la opción que pedía la revocación del mandato presidencial. Asimismo, Pecly Moreira recomendó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela una actuación más transparente a fin de generar confianza a los ciudadanos, "inclusive en relación a sus propios miembros". El Consejo posee tres directores que responderían a intereses del gobierno de Chávez, y otros dos que sustentarían una clara postura opositora.
Los observadores criticaron la reglamentación y organización del referéndum, pues aseguraron que las reglas fueron revisadas a último momento y eso perjudicó el entendimiento de los votantes que deberían aplicarlas. Finalmente, la misión reconoció que el papel ejemplar estuvo en manos de la ciudadanía que acudió a votar y que, incluso, esperó en largas filas hasta 14 horas para depositar su voto.
Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA decidió postergar un debate sobre el proyecto de resolución que instaría a los venezolanos a que aceptaran y respetaran los resultados del referéndum. El borrador de resolución urgiría a "todos los actores a aceptar y respetar los resultados del referéndum revocatorio presidencial", llamaría a "abstenerse de promover la violencia" y saludaría el ofrecimiento de Chávez para impulsar un diálogo nacional. El proyecto contaría con el apoyo de Canadá, los países de América del Sur y el Caribe, pero EEUU y algunos países de América Central se opondrían al mismo; la situación quedó bloqueada, debido a que todas las resoluciones de OEA deben ser adoptadas por consenso.
El 2 de noviembre de 2004, según los datos del informe preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), los candidatos progubernamentales ganaron 20 de las 22 gobernaciones en las elecciones municipales y regionales Los resultados preliminares fueron ofrecidos por el CNE seis horas después del cierre de las urnas. Según el ente electoral, el oficialismo ganó la alcaldía de Caracas y mantuvo los municipios de Libertador y Sucre de Caracas, mientras la oposición se ratificó en los de Chacao, Baruta y El Hatillo. Para la CNE el proceso registró "una gran abstención". Catorce millones de venezolanos estaban habilitados para elegir a 337 alcaldes, 22 gobernadores y 249 diputados a consejos locales.
En enero de 2005 Chávez lanzó una nueva campaña de reforma agraria, cuyo fin era entregar tierras sin uso o granjas redundantes y fincas desmesuradas a pequeños granjeros. Una ley de la tierra de 2002, que resultara controversial, todavía no había sido implementada.
A última hora, alegando desconfianza en el Poder Electoral y falta de transparencia, la oposición se retiró de las elecciones parlamentarias de diciembre. Sin embargo, los veedores internacionales señalaron que las medidas de seguridad y transparencia estaban "de acuerdo con las más avanzadas prácticas internacionales". En tanto la concurrencia electoral apenas rondó el 25% de los 14 millones de votantes habilitados, el oficialismo y sus aliados se alzaran con las 167 bancas legislativas en juego.
El ejército comenzó, en marzo de 2006, la implementación de un plan de entrenamiento de civiles para resistir, a través de tácticas guerrilleras, una posible invasión al país. Se calculaba que, una vez concluido el plan, unos 2 millones de personas habrían sido entrenadas.
Perú retiró su embajador de Caracas en abril de 2006, por considerar que Chávez se había involucrado en asuntos internos del país cuando, en plena campaña electoral, dijo que el candidato Alan García –quien finalmente resultara electo presidente– era un ladrón. En junio, la llegada de 100 mil –de un total de 170 mil– rifles de asalto rusos que Venezuela compró a Moscú, aumentó la tensión entre Caracas y Washington.
En una visita a Argentina, en agosto de 2007, Chávez anunció la firma del “Tratado de Seguridad Energética”. Este plan preveía el suministro de petróleo a los países aliados de la región que tuvieran dificultades de acceso al hidrocarburo.
En el caso de Uruguay, ambos países compartirían el uso de la estatal uruguaya ANCAP para refinar el crudo y un pozo petrolero en Venezuela.
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