A comienzos del siglo XVI la margen oriental del río Uruguay estaba habitada
por tres grupos culturales: los charrúas, cazadores nómadas,
los chanáes, que desarrollaron una agricultura incipiente a orillas
del río Uruguay y los guaraníes, que además de algunas
técnicas agrícolas dominaban la cerámica y la navegación ribereña en canoas.
En 1517, Juan Díaz de Solís se internó en el Río de la Plata y murió
a manos de los indígenas. Sebastián Gaboto fue el primer
europeo que penetró en los ríos Paraná y Uruguay en
1527 y levantó el primer establecimiento español en el territorio.
Pero los colonizadores ignoraron la margen oriental del Uruguay por más
de un siglo, hasta que la introducción de ganado por el gobernador
de Asunción, Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias), en 1611,
transformó a la región en la "Vaquería del Mar". Las
buenas pasturas y el clima templado, permitieron la reproducción
del ganado a gran escala, lo que atrajo a los "faeneros" (extractores de
cueros) desde Brasil y Buenos Aires. El mestizaje entre faeneros e indígenas
(cuyas culturas habían sido totalmente transformadas por la introducción
de la carne de vaca en su dieta y del caballo como medio de obtenerla)
dio origen al "gaucho".
La extensión de la producción ganadera en el siglo XVIII condujo a la extinción
de algunos mamíferos autóctonos, a la reducción de
la diversidad vegetal y al empobrecimiento del suelo. Los indígenas
fueron desplazados hacia las misiones jesuíticas, en el norte, o
sufrieron un gradual genocidio que tuvo su punto más alto en el siglo XIX.
En busca del ganado y también de los ríos que llevaban al interior de la cuenca
del Plata, los portugueses avanzaron por la entonces llamada Banda Oriental
(un territorio que incluía al actual Uruguay y buena parte del brasileño
estado de Rio Grande do Sul) fundando en 1680, frente a Buenos Aires, la
Colonia do Sacramento. El poblado fue objeto durante mucho tiempo de disputas
entre España y Portugal. En 1724, España ordenó al
Gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zabala que cruzara el Río
de la Plata y fundara una plaza fuerte en la Bahía de Montevideo.
Como Buenos Aires, Montevideo dependió hasta 1776 del Virreinato del Perú. Ese año,
las reformas borbónicas decretaron la creación del Virreinato
del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Montevideo quedó
como sede del Apostadero Naval.
La liberal Revolución de Mayo que estalló en Buenos Aires en 1810 fue rechazada por las
clases altas montevideanas, que eran favorecidas por el monopolio comercial
como intermediarias con España. En el campo de la Banda Oriental
en cambio, los pequeños y medianos hacendados y los sin tierra,
conducidos por José Artigas, apoyaron la revuelta. Sus ideas de
democracia y federalismo, su simpatía por los gauchos, indígenas
y esclavos, y su proyecto de reparto de tierras, lo hizo el líder
del movimiento independentista. Encabezó la Liga Federal formada
por la Banda Oriental y las provincias argentinas de Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones y Santa Fe.
El territorio de la Banda Oriental fue invadido por los portugueses en 1816, con el tácito
apoyo de las clases altas de Buenos Aires y Montevideo, alarmadas por lo
que llamaban el "caos artiguista". Acosado por los portugueses, Artigas
abandonó el teritorio de la provincia dirigiéndose a Paraguay,
donde permaneció hasta su muerte en 1850. Portugal dominó
el territorio uruguayo hasta que en 1823 se produjo la independencia de
Brasil, del cual Uruguay quedó como "Provincia Cisplatina". En 1825,
los orientales comenzaron una campaña militar contra el imperio
de Brasil y que tenía como uno de sus objetivos el retorno al seno
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 25 de agosto de
ese año se declaró la independencia y la decisión
de unirse nuevamente a los territorios del antiguo virreinato.
Una mediación británica de 1828 logró imponer la paz, estableciendo la independencia nacional
del territorio como forma de poner fin a la guerra entre Buenos Aires y
Río de Janeiro. La Constitución de la nueva República
Oriental del Uruguay, que entró en vigencia el 18 de julio de 1830,
sólo permitía el voto a los varones "que no dependan de salario
para vivir", o sea los poseedores de cierta fortuna. Todo el siglo XIX
fue testigo de guerras civiles, y vio el afianzamiento de dos partidos
políticos: el "Blanco" ó Nacional, vinculado al caudillo argentino
Juan Manuel de Rosas y el "Colorado", vinculado al capital europeo y a las ideas liberales.
En 1865, el dictador colorado Venancio Flores incorporó el Uruguay a la Triple Alianza,
que reunía también a Brasil y Argentina. Con apoyo europeo se sumó a
las fuerzas que obligaron a Paraguay a abrir sus fronteras al comercio exterior.
Entre 1876 y 1879, bajo la dictadura del coronel Lorenzo Latorre, se completó el alambramiento
de los latifundios y con ello, la apropiación por el sector privado
de la riqueza ganadera y el acceso al mercado capitalista mundial que dominaba
Inglaterra. El alambramiento de los campos trajo aparejada la desaparición
del gaucho como jinete errante y libre, y su transformación en mano de obra rural.
En 1903, asumió la presidencia el colorado José Batlle y Ordóñez,
que al año siguiente derrotó a Aparicio Saravia, el último
caudillo rural blanco. Batlle sentó las bases del Estado uruguayo
moderno, recogiendo influencias europeas y el apoyo de los inmigrantes.
La elevada productividad de la ganadería extensiva generaba un excedente
tal, que, sin tocar la estructura latifundista, el Estado "batllista" podía
organizar servicios sociales y educativos, al tiempo que protegía
una incipiente industria orientada hacia el consumo interno.
El país se urbanizó rápidamente. El comercio y los servicios crecieron en proporción
abrumadora con el Estado como principal empleador. Se desarrolló
una clase media numerosa, liberal y con un considerable nivel de escolarización
en instituciones estatales que difundían una línea de pensamiento europeizante.
La Iglesia y el Estado fueron separados y el divorcio fue legalizado. En 1917 se ensayó
un sistema de Poder Ejecutivo Colegiado. A falta de otros recursos, el
aborto se generalizó como técnica de control de natalidad
y fue legal entre 1933 y 1935, aunque volvió a ser penalizado como
resultado de negociaciones políticas con sectores católicos.
En 1932, se aprobó la ley del sufragio femenino. Cambios todos que
llevaron a que se llamara al país la "Suiza de América".
Las exportaciones uruguayas crecieron en las dos guerras mundiales. La carne uruguaya y sus
derivados fueron enviados primero para los aliados que luchaban contra el nazismo
y el fascismo en Europa y luego para las tropas norteamericanas que combatieron en Corea.
Los excedentes del comercio exterior dieron al país una sólida posición en divisas.
Los subsidios estimularon la sustitución de importaciones, la próspera
industria de la construcción contribuía a mantener una alta
tasa de empleo. Pero la cría de ovejas y vacas -generadora de la
mayor parte de las exportaciones- se mantuvo incambiada, el número
de cabezas de ganado se estancó en las cifras de 1908.
En lugar de reinvertir en el mejoramiento de los medios y procesos de producción, los
terratenientes volcaron sus ganancias en el exterior, en la especulación financiera
y en el consumo suntuario. Esto trajo inflación, corrupción
y exacerbación de tensiones sociales. A mediados de la década
del 50 se produjo un estancamiento industrial que ya no pudo revertirse.
El primer gobierno blanco del siglo, que asumió funciones en 1959, aceptó las recetas
económicas del FMI, acelerando la recesión y generando respuestas
en los sectores de trabajadores afectados. El conflicto se agudizó
a partir de 1968, cuando el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco congeló
los salarios y trató de frenar a los sindicatos. Un amplio movimiento
de masas, encabezado por la Convención Nacional de Trabajadores
(CNT, central única fundada en 1966) y los estudiantes, enfrentó
esa política. Paralelamente, el movimiento guerrillero Tupamaros
(MLN) protagonizó acciones de impacto nacional. En 1971, se fundó
el Frente Amplio, coalición de izquierda en torno a un programa
progresista de gobierno, que postuló al general retirado Líber
Seregni en las elecciones presidenciales de ese año.
Juan María Bordaberry, colorado y ruralista, ganó esas elecciones, que el Partido Nacional
denunció como fraudulentas. En este gobierno los militares asumieron
la conducción de la lucha antiguerrillera (legitimados por una declaración
parlamentaria de "estado de guerra interno"). En 1972, los tupamaros fueron
derrotados, tras una rápida campaña en la que la organización
clandestina fue desbaratada mediante la tortura sistemática. En
junio de 1973, Bordaberry y las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado
gestado desde febrero de ese año. El Parlamento fue disuelto y se
instauró un gobierno cívico-militar.
Los militares uruguayos implantaron un régimen orientado por la Doctrina de Seguridad Nacional,
aprendida en las escuelas de instrucción de Estados Unidos. En el
plano económico, aplicaron las teorías neoliberales que llevaron
a la concentración de la riqueza en manos de las trasnacionales
y redujeron el salario a 50% del poder adquisitivo de la población
antes de 1973. La deuda externa llegó a 5.000 millones de dólares.
En ese período, instituciones, partidos políticos y sindicatos
fueron proscriptos, desaparecieron personas, se generalizaron la tortura
y las detenciones arbitrarias.
Desprestigiados por el deterioro de la situación económica y la derrota sufrida
en el plebiscito constitucional de 1980, con el que pretendían institucionalizar
el régimen autoritario, los generales uruguayos tuvieron que elaborar
un "cronograma" que permitiera retornar gradualmente a una nueva legalidad civil.
En abril de 1983, se formó el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que celebró
el 1o. de Mayo, por primera vez desde 1973, exigiendo la libertad de los
presos políticos. Ese mismo mes comenzaron negociaciones con los
dirigentes de tres partidos reconocidos por la dictadura. Seguía
excluido el Frente Amplio, cuyo presidente estaba detenido desde el golpe militar.
A partir del fracaso de ese diálogo, se multiplicaron las medidas de desobediencia civil,
"apagones" y "caceroleos", contra la dictadura militar. Después
de un paro general de 24 horas convocado por el PIT, el diálogo
político-militar se reanudó en enero de 1984, esta vez con
la presencia del Frente Amplio.
El líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate fue detenido en 1984, cuando regresaba
al país y su candidatura, al igual que la de Líber Seregni,
fue proscripta en las elecciones de ese año.
Con la propuesta de "cambios en paz", el candidato colorado Julio María Sanguinetti venció
a nivel nacional y en 12 de los 19 departamentos del país. Obtuvo
40% de los votos frente a 34% de los blancos, 21% del Frente Amplio y 2%
de la Unión Cívica. Atendiendo una exigencia nacional, en
el primer mes de gobierno se aprobó una amnistía por la cual
se liberó a los presos políticos.
Sanguinetti reubicó al país en las relaciones internacionales al apoyar las distintas
iniciativas diplomáticas a nivel latinoamericano y reiniciarlas
con Cuba y Nicaragua. Los dos primeros años de gobierno coincidieron
con una coyuntura económica internacional favorable, pero luego
intensificó la política neoliberal del período dictatorial,
muy resistida por la población.
Presionado por el presidente y las Fuerzas Armadas, el Parlamento aprobó en diciembre de 1986,
con 75% de los votos, una amnistía a los militares acusados de violaciones
de los Derechos Humanos. En 1987, una Comisión de Ciudadanos presentó
más de 500.000 firmas para que la amnistía fuera sometida
a plebiscito. El Referéndum se realizó en abril de 1989 y
la ley fue ratificada por 56% de los votos. Quienes reclamaban el esclarecimiento
de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura obtuvieron
42% de las voluntades.
En mayo de 1989, el gobierno firmó en secreto con el Banco Mundial un compromiso de "ajuste
estructural", a cambio del aval para refinanciar la deuda con la banca privada internacional,
comprometiéndose a reducir los gastos de seguridad social, privatizar
bancos en quiebra que habían sido absorbidos por el Estado y reformar
las empresas públicas para volverlas rentables y potencialmente privatizables.
Seis meses antes de los comicios el Partido por el Gobierno del Pueblo, que había obtenido
más de 40% de los votos del Frente Amplio, se alejó de la coalición.
En las elecciones de noviembre de 1989 el Partido Nacional venció en 17 de los 19 departamentos,
obtuvo 37% de los votos y llevó a Luis Alberto Lacalle a la presidencia.
El Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, triunfó en Montevideo
y la izquierda asumió la administración de la capital por
primera vez en la historia del país. Seis mujeres fueron elegidas
a la Cámara de Diputados y otras siete a la Junta Departamental
(legislativo municipal) de la capital. Mediante un plebiscito constitucional,
los jubilados lograron la aprobación del reajuste de sus pensiones
en relación con los sueldos de funcionarios públicos, una
medida opuesta a lo acordado con el Banco Mundial.
Lacalle continuó la política neoliberal, aumentó los impuestos y promovió
la privatización de empresas estatales. Los salarios perdieron más
de 15% del poder adquisitivo en el primer año del nuevo gobierno,
pero la inflación, que había alcanzado casi el 120% en 1990,
descendió hasta situarse en alrededor de 40% sobre el final de su
mandato. En marzo de 1991, Uruguay aprobó, con Argentina, Brasil
y Paraguay, la creación del Mercosur.
Utilizando un recurso de democracia directa cada vez más usual, una comisión convocada
por el movimiento sindical y de integración multipartidaria juntó
las firmas suficientes para plebiscitar una ley de privatización
de empresas estatales aprobada por el parlamento. En diciembre de 1992,
72% de los ciudadanos logró la derogación de la ley. De todas
maneras, el gobierno siguió intentando privatizar ciertas empresas
como la línea aérea estatal, la Compañía del
Gas y las plantaciones de caña de azúcar del norte del país.
La decisión gubernamental provocó marchas de los trabajadores
cañeros hacia Montevideo y diversas manifestaciones en la capital.
Durante los cuatro primeros años de gobierno municipal la popularidad del intendente capitalino
tuvo un nivel de aprobación muy superior al de sus propios votantes.
El logro más importante de su gestión fue la descentralización
del gobierno departamental en 18 zonas donde los vecinos podían elegir a sus representates.
El expresidente Sanguinetti logró convertirse en el líder hegemónico de su partido
y en el candidato con más respaldo en todo el territorio nacional
durante los tres años previos a las elecciones. El Encuentro Progresista,
encabezado por Vázquez e integrado por el Frente Amplio, el PDC
y otros sectores escindidos de los partidos tradicionales, logró
superar en las encuestas, durante gran parte del período, el apoyo
obtenido por el partido blanco en su intento de mantenerse en el gobierno.
En las elecciones presidenciales, legislativas y departamentales del 27 de noviembre de 1994
resultó electo por escaso margen Julio María Sanguinetti, quien fuera presidente
luego de la dictadura militar, en el período 1985-1989.
El Frente Amplio aumentó considerablemente su caudal electoral y reconquistó la Intendencia
Municipal (Alcaldía) de la capital con más de 43% de los votos. A nivel nacional, los
resultados mostraron un país dividido en tercios: Partido Colorado: 31,20%,
Partido Nacional (Blanco): 30,03% y Encuentro Progresista: 29,82%.
En octubre Uruguay se convirtió en el primer país en recibir oficialmente al presidente
cubano Fidel Castro en dos décadas. Sanguinetti rechazó la
invitación de Castro para visitar Cuba en setiembre de 1996, por
considerar que el momento era inoportuno.
Acusaciones de corrupción que involucraron a la esposa del ex presidente Lacalle y a
varios de sus más cercanos colaboradores sacudieron las estructuras de los partidos
políticos a mediados de 1996. Ese año fue puesto en práctica
el sistema de seguridad social por caja de ahorros, en la línea
de las reformas que se habían practicado en Argentina y Chile.
Luego de difíciles negociaciones políticas, el Parlamento sometió a referendum
una reforma constitucional. El principal objetivo de la reforma, aprobada
en diciembre por 50,6% de los votos, fue la introducción del
"ballotage" en el sistema electoral. Acompañado por empresarios,
Sanguinetti visitó Malasia, Chile y México, promocionando
al país como centro financiero para la radicación de inversiones
en la futura capital del Mercosur.
En octubre de 1999, el poeta argentino Juan Gelman le solicitó a Sanguinetti que investigara la desaparición de su nuera María Claudia García, en Montevideo, en diciembre de 1976. También, el paradero del hijo o hija que ésta había tenido en el Hospital Militar antes de desaparecer a manos de oficiales del Ejército debidamente identificados. Días después, Sanguinetti le informó que no se habían encontrado datos que confirmaran o negaran sus denuncias y que, por lo tanto, el caso estaba cerrado. En clara solidaridad con el poeta, cientos de intelectuales, artistas y periodistas de Uruguay y del mundo iniciaron una serie de "cartas al presidente" pidiéndole que como "Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas" profundizara las investigaciones.
En las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre, el Encuentro Progresista se impuso como la primera fuerza política del país con el 40,1% de los votos. Para impedir el ascenso de la izquierda, el partido Nacional se alió con el partido Colorado y apoyó a su candidato, Jorge Batlle, quien en las elecciones de noviembre fue elegido presidente con el 52 % de los votos.
El primero de marzo de 2000, en su discurso de asunción, Batlle afirmó que a "todos nos corresponde (…) sellar la paz entre los uruguayos", en clara alusión a los desaparecidos y al "caso Gelman". Cuarenta días después, el presidente le informó a Gelman que había hallado al "bebé" de su nuera y que se trataba de una chica de 23 años, para sorpresa del abuelo y de la opinión pública nacional e internacional. La noticia confirmó la participación de las Fuerzas Armadas en el "Plan Cóndor" y el secuestro y desaparición, en el país, de niños nacidos de madres cautivas, algo negado por Sanguinetti en sus dos presidencias. En agosto quedó conformada la Comisión para la paz, organismo que llevaría a cabo la investigación sobre el destino de los 160 uruguayos desparecidos durante la última dictadura militar.
A comienzos de 2001 un foco de aftosa puso en jaque a la ganadería uruguaya y le hizo perder a éste el estatus de país libre de aftosa sin vacunación. Entre otras medidas, se prohibió en la mayoría de los 19 departamentos del país el movimiento de ganado, salvo el que fuera a faenarse inmediatamente. Además, la rápida expansión del virus forzó a las autoridades a iniciar un programa de vacunación para al menos 500.000 cabezas de ganado, al tiempo que se sacrificaron 10.200 cabezas de los predios afectados.
En enero del 2002 unas 15.000 personas llegadas de todo el país marcharon en caravana hacia Punta del Este, el principal balneario del país, en plena temporada veraniega, para protestar contra la política económica. La convocatoria paralizó gran parte del país y, en algunas ciudades del interior, se produjeron diversos actos públicos en el marco de un paro general parcial, convocado por el PIT-CNT. El gobierno prohibió el ingreso de la caravana a todos los balnearios de la costa atlántica y montó un dispositivo especial de seguridad con un vallado metálico de cinco kilómetros, que aisló a la península puntaesteña.
Entrado en su tercer año de recesión económica, Uruguay aplicó un impuesto de más del 20% a los productos provenientes de Argentina, ante el temor de que la industria uruguaya no pudiera competir con la mercancía de ese país, cuyo valor cayó más de 50% debido a la devaluación registrada en 2002. En marzo, el FMI aprobó un crédito de 443 millones de dólares para para ayudar a Uruguay a salir de la recesión y protegerlo de la crisis argentina. El programa económico presentado por el gobierno uruguayo preveía la caída de la producción de 1,7 %, pero un crecimiento de 3% en 2003. Uruguay se comprometió a recortar su déficit general a 2,5% en 2002, y a 1,5 % en 2003, con miras a alcanzar un equilibrio fiscal en 2004. El FMI instó a Uruguay a privatizar los monopolios estatales, tales como los de energía, el petróleo, las telecomunicaciones y los ferrocarriles.
La Justicia argentina confirmó el 19 de marzo que un joven que vivía en ese país era en realidad Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez, una mujer uruguaya que estuvo detenida durante el régimen militar argentino. La noticia puso fin a 25 años de búsqueda del niño, que fuera arrebatado a su madre la noche del 13 de julio de 1976, poco después de nacer. Una multitud de uruguayos celebraron el reencuentro de la madre con su hijo. Méndez reconoció que no había recibido colaboración por parte del estado uruguayo en su larga búsqueda.
En abril, Uruguay presentó una moción de censura contra Cuba por la situación de los derechos humanos en la isla. La moción motivó serios reproches por parte de La Habana hacia el gobierno de Batlle y contra la figura del presidente (Castro lo llamó "abyecto judas"), que culminaron en la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales. Pese a esto, La Habana continuó enviando a Montevideo, gratuitamente, sus vacunas para combatir la meningitis, tal como lo había prometido tras un rebrote de la enfermedad.
Por primera vez en 20 años, los empresarios, industriales y trabajadores se reunieron el 16 de abril en un multitudinario acto de protesta contra la política económica del gobierno. La jornada de huelga nacional, que paralizó la salud, la enseñanza, el transporte y la banca, fue convocada por 29 asociaciones que integraban la denominada Concertación para el Crecimiento y las gremiales del PIT-CNT. Entre las decenas de asistentes estaban cientos de jinetes llegados desde todo el país, tras varios días de marcha. El manifiesto conjunto de reclamos destacó la quiebra del 35% de las empresas desde 1998 a la fecha, y la deserción de 15 productores agropecuarios registrada a diario, agobiados por el endeudamiento. Señaló además que 75.000 trabajadores fueron enviados al seguro de paro.
En mayo Batlle anunció en cadena nacional de radio y televisión una nueva serie de medidas económicas de emergencia, destinadas a paliar los efectos de la crisis. La iniciativa aumentó las rentas en actividades empresariales, gravó con el Impuesto de Valor Agregado el suministro público de agua potable y el precio del transporte público y aumentó el gravamen en las retribuciones personales de activos y pasivos. Mientras duró el mensaje presidencial, en varios sectores de Montevideo se respondía con una "caceroleada". El presidente había asegurado que el ajuste fiscal realizado en febrero sería el último de su gobierno.
Un mes más tarde Batlle aseguró, en una entrevista difundida por el canal de información financiera Bloomberg TV, que los políticos argentinos eran "una manga de ladrones desde el primero hasta el último". Al día siguiente, Batlle viajó a Buenos Aires donde ofreció sus "disculpas públicas al pueblo argentino", con lágrimas en los ojos, y admitió que cometió "un error" cuando formuló sus polémicas declaraciones, que, según el mandatario, fueron capturadas sin su conocimiento, en un contexto periodísticamente conocido como off the record (información que compromete al periodista a no divulgar lo declarado).
El dólar se disparó el jueves 20 de junio hasta alcanzar un aumento del 40% en los cambios uruguayos, tras el sorpresivo anuncio del ministro de Economía, Alberto Bensión, de que se modificaba la política cambiaria, que pasó a la libre flotación del dólar estadounidense. Washington y el FMI elogiaron la decisión, pero el descontento se hizo notar en varias manifestaciones populares.
Tres la renuncia del ministro Bensión, el 22 de julio el senador colorado Alejandro Atchugarry, un abogado de 50 años, fue nombrado nuevo ministro de Economía. Ante la crisis generada por la constante fuga de depósitos que amenazaba con hacer colapsar al sistema bancario y la suspensión de un gran banco privado del país -que había sido intervenido en junio por iliquidez y estaba siendo investigado por la justicia por un supuesto desvío de fondos- el 30 de julio el Banco Central del Uruguay decretó un feriado bancario, el primero en varias décadas.
En medio de crecientes rumores de un posible "corralito" al estilo argentino (restricciones al retiro de depósitos) y multitudinarios saqueos en tiendas de la capital, se anunció una extensión del feriado hasta el lunes 5 de agosto, cuando se confirmó la decisión adoptada por Estados Unidos de brindar asistencia económica directa a Uruguay por un monto de 1.500 millones de dólares.
En octubre de 2002, la justicia procesó al ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno militar, Juan Carlos Blanco, a quien acusó de coautoría en la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada 26 años antes en la embajada de Venezuela. Blanco fue el único funcionario civil o militar de la dictadura procesado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el gobierno militar. El ex ministro fue liberado ocho meses más tarde cuando Carlos Ramela, representante de Batlle en la Comisión para la paz, se presentó en el juzgado para afirmar que, según las investigaciones, la maestra había sido asesinada sin conocimiento de las Fuerzas Armadas ni del gobierno de la época.
Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Argentina sufrieron un deterioro durante el período. En 2002 , en una entrevista para la televisión argentina, Batlle aseguró "off the record" que todos los políticos argentinos eran ladrones. La declaración fue difundida por la televisión y obligó a un viaje del mandatario a Buenos Aires para disculparse públicamente por lo que definió como "un error". El núcleo de las discrepancias se centró luego en las diferencias de política económica del presidente argentino Néstor Kirchner y Batlle, y en la forma de resolver los problemas vinculados a las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Kirchner declaró que el esclarecimiento del "caso Gelman", que implicaba conocer la verdad sobre la desaparición de María Claudia García y recuperar sus restos, era una "cuestión de Estado". Batlle se comprometió a investigar; sin embargo, meses después ordenó el archivo del caso.
En agosto de 2003 la Suprema Corte de Justicia, en un fallo considerado histórico, habilitó el juicio contra el ex dictador Bordaberry, denunciado por su responsabilidad en el golpe de Estado de junio de 1973 y por el asesinato de ocho obreros comunistas en abril de 1972.
En diciembre de 2003 la ciudadanía fue convocada a votar en un referéndum para confirmar o derogar la ley que abolía el monopolio de la empresa estatal ANCAP en la importación de combustible y que le permitía asociarse con capitales privados. El SÍ (derogación de la ley) obtuvo el apoyo del 63% de la ciudadanía; primera vez que una opción electoral respaldada por el Partido Nacional y el Partido Colorado fue derrotada en las urnas.
En abril de 2004 el Senado comenzó la consideración de la ley de defensa de la salud reproductiva (despenalización del aborto) aprobada por la Cámara de Diputados dos años antes. Ante la imposibilidad de obtener mayoría, y con un anunciado veto presidencial, el Cuerpo acordó someter a plebiscito el tema.
En las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre, resultó electo en primera vuelta Tabaré Vázquez del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), con el 50.45% de los votos emitidos. El candidato del Partido Nacional (PN), Jorge larrañaga, obtuvo el 34.30%; el Partido Colorado (PC), del presidente Batlle, cuyo candidato era el ex ministro del interior Guillermo Stirling, en la peor votación de su historia, consiguió tan sólo el 10.36% de los sufragios. Fue la primera vez que un candidato de izquierda ganó la presidencia. La jornada fue designada como histórica, por observadores nacionales e internacionales, debido al triunfo masivo del EP-FA-NM, que obtuvo mayoría absoluta en las cámaras y que, por lo tanto, salvo para algunas votaciones especiales, podría pescindir de coaliciones de gobierno. Miles de personas concurrieron a las calles para presenciar la investidura de Tabaré Vázquez como nuevo presidente el 1º de marzo de 2005. En su discurso de asunción, Vázquez prometió: austeridad gubernamental; expansión de los derechos humanos a todos los ámbitos de la vida nacional; política exterior de integración regional, que comprendía un Mercosur renovado, con el cual pretendía impulsar un rápido acuerdo comercial del bloque sudamericano con la Unión Europea y también mayor acercamiento el resto de América Latina; respeto a los compromisos ya asumidos con los acreedores internacionales; impulso a una agenda global del desarrollo por encima de una agenda de seguridad, referencia indirecta a la impulsada por Estados Unidos, país nunca mencionado en su discurso. Vázquez además destacó como temas pendientes del país la igualdad racial, la equidad de género, los derechos del niño, a la información, a la cultura, a un medio ambiente seguro.
En el plano interno, la primera medida de Vázquez fue firmar el Plan de Emergencia de dos años para atender las necesidades de alimentación, salud y educación de la población indigente. La administración aspiraba a corregir las desigualdades redistribuyendo el gasto público y las cargas impositivas; también, y por sobre todo, atrayendo inversiones que permitieran crear más y mejores empleos.
En el plano externo, las primeras medidas de Vázquez fueron firmar un acuerdo con Venezuela, intercambiando petróleo venezolano, que llegaría a Uruguay a bajo precio y con créditos blandos, en tanto Uruguay exportaría a ese país productos alimenticios. Parte de la negociación sería intercambio de directo de productos. Con Argentina, firmó acuerdos de Derechos Humanos y emigración, por los que Argentina aportaría información sobre los uruguayos desaparecidos en ese país durante la dictadura militar. Otra de las primeras en este plano fue reanudar, tras casi tres años de interrupción, las relaciones diplomáticas con Cuba.
Para mayo de 2005 se habían registrado 131 casos de cólera, un brote epidémico que hizo manifestar a UNICEF profunda preocupación, porque amenazaba al 80% de la población. El morbo, que se transmite a través del agua y alimentos contaminados, se transmitía dentro de una población cuyo 20% carecía de acceso a agua potable y de la que sólo el 9% contaba con retretes.
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