Lo que hoy es Nicaragua fue región de influencia de las dos grandes culturas centroamericanas: los chibchas y los mayas. La costa caribeña estaba habitada por los miskitos. La región fue visitada por Cristóbal Colón en 1502. Tras convertir al cristianismo a los líderes Nicoya y Nicarao y vencer la resistencia de los ejércitos de Diriangen, los conquistadores Gil Gonzales Dávila y Andrés Niño consolidaron la posesión española del territorio. En 1544 éste se incorporó a la Capitanía General de Guatemala.
En 1821 se independizó junto con toda Centroamérica, integrándose al Imperio Mexicano, pero separándose posteriormente en 1824 para formar la Federación de Provincias Unidas del Centro de América.
Nicaragua salió de la Federación en 1839, constituyéndose en estado independiente. El país estaba dividido en dos grandes grupos de interés; la oligarquía cafetalera y azucarera, y los pequeños artesanos y propietarios, abiertos al libre comercio. Aquéllos serían los conservadores, y éstos los liberales.
La posición geopolítica del país lo convertía en pieza estratégica vital en la expansión norteamericana hacia el oeste. Por eso, en 1856 desembarcaron en Nicaragua 120 estadounidenses al mando de un filibustero norteamericano, William Walker, quien con apoyo disimulado pero real de Washington logró proclamarse presidente de Nicaragua. Su propósito era extender el territorio destinado al sistema de esclavitud que estaba a punto de ser abolido en la Unión. Walker fue derrotado por los ejércitos aliados de toda América Central en 1857 y murió fusilado en 1860, cuando pretendía iniciar otra invasión en Trujillo, Honduras. En 1875 y 1895 los puertos de Nicaragua fueron ocupados militarmente por Alemania y Gran Bretaña respectivamente, que administraron sus aduanas para cobrarse deudas.
Después de tres décadas de predominio conservador, el Partido Liberal triunfó en 1893 y asumió la presidencia José Santos Zelaya. Los liberales se negaron a aceptar ciertas exigencias de Estados Unidos, que bajo la presidencia de William M. Taft, iniciaba la "Diplomacia del Dólar". En 1912 Taft ordenó el desembarco de los marines, los que luego de matar al jefe liberal Benjamín Zeledón, permanecieron en el país hasta 1925. Un año después retornaron para defender al presidente Adolfo Díaz que estaba a punto de ser derrocado.
La nueva ocupación norteamericana fue heroicamente resistida por Augusto C. Sandino, general de origen campesino que, al frente de un ejército popular de tres mil integrantes, se opuso durante más de seis años a doce mil infantes de marina estadounidenses, auxiliados por la aviación y las fuerzas de la oligarquía local. En 1933 Sandino cumplió su palabra: la de deponer las armas cuando el último marine abandonara Nicaragua. Pero la traición ya estaba preparada. Los norteamericanos sustituyeron el Ejército por una Guardia Nacional, simple apéndice del ejército estadounidense. Su comandante, Anastasio Somoza García, aprovechó una reunión conciliadora de Sandino con el presidente Sacasa para asesinar al líder guerrillero y, después, usurpar el poder, que ejerció despóticamente hasta ser ajusticiado por el patriota Rigoberto López Pérez en 1956.
López Pérez mató al tirano pero no a la tiranía. En dos décadas de poder, Anastasio Somoza había logrado el control prácticamente absoluto de la economía nacional. El poder económico de Nicaragua se concentró así en un solo grupo que poseía, además, el poder militar y el político. Anastasio Somoza García fue sucedido por su hijo, el ingeniero Luis Somoza Debayle que a su vez traspasó el gobierno a un hijo, Anastasio, graduado en West Point.
Con una feroz represión, Anastasio Somoza hijo ilegalizó los sindicatos, aplastó los movimientos campesinos y proscribió los partidos políticos de oposición. La resistencia popular nunca fue totalmente acallada. En la década del 60 se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que desde la clandestinidad organizó y desarrolló la lucha armada antisomocista durante 17 años. El dirigente opositor Pedro Joaquín Chamorro, director del diario "La Prensa", fue asesinado por órdenes de Somoza en enero de 1978, lo que desencadenó una huelga nacional y manifestaciones de protesta.
Guiados por el FSLN, en 1978 se inserruccionaron las poblaciones de Monimbó, Masaya, Matagalpa, León, Estelí, Chinandega y barrios proletarios de Managua. El 8 de marzo, de 1979, se unieron las tres tendencias internas del FSLN. Los sandinistas asumieron la conducción de la opocisión nucleada en el Frente Patriótico. En mayo de ese año comenzó la "ofensiva final", que combinó una huelga general, la insurrección popular, la lucha armada y una intensa actividad diplomática en el exterior. El 17 de julio Somoza huyó del país y el 19 entró en Managua la Junta de Reconstrucción Nacional, constituida semanas antes en Costa Rica. La dinastía Somoza dejó un saldo de 50.000 víctimas.
La revolución triunfante nacionalizó las tierras y propiedades industriales de los Somoza -40% de la economía- y sustituyó a la derrotada Guardia Nacional por el Ejército Popular Sandinista. Realizó una campaña nacional de alfabetización e intentó la reconstrucción de una economía devastada por la guerra de liberación.
En mayo de 1980 fue superada la primera crisis política, provocada por la renuncia de Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robelo, miembros no sandinistas de la Junta de Gobierno. Al sustituirlos por Rafael Córdoba y Arturo Cruz -dos militantes antisomocistas "moderados"- y poner en funcionamiento un Consejo de Estado pluralista, el FSLN reafirmó su voluntad de conducir la transformación revolucionaria en un marco de participación democrática, pluralismo político, no alineamiento internacional, economía mixta, respeto a las libertades y derechos individuales.
En 1981, el presidente estadounidense Ronald Reagan anunció su propósito de destruir a los sandinistas nicaragüenses. En 1982, entre abril y julio, el viceministro del Interior Edén Pastora (comandante "Cero") desertó y 2.500 ex guardias somocistas invadieron el país desde Honduras, con el apoyo norteamericano. Se inició una guerra de hostigamiento y sabotaje económico, que obligó al gobierno sandinista a mantener el estado de emergencia, establecer el servicio militar obligatorio e impedir cualquier forma de organización alineada a la política agresiva norteamericana.
En 1983, Reagan admitió que existían fondos secretos para realizar operaciones encubiertas de la CIA contra Nicaragua y ayudar a los contrarrevolucionarios que operaban desde territorio hondureño, a quienes calificó de "combatientes de la libertad". A pesar de contar con escasa mayoría en el Congreso y la desaprobación de la ciudadanía, el mandatario norteamericano siguió adelante con sus planes.
Preocupados por la gravedad de la situación y los riesgos de una guerra, que inevitablemente se generalizaría a toda América Central, los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, iniciaron gestiones en busca de una solución negociada del conflicto. Conocidos como el Grupo de Contadora, los cancilleres de estos países iniciaron gestiones de paz que lograron amplio apoyo diplomático y obstaculizaron una invasión norteamericana que parecía inminente.
Pese al aumento constante de la acción de los "contras" con el abierto respaldo norteamericano, Nicaragua realizó elecciones en noviembre de 1984, de las que participaron, además del FSLN, los partidos Conservador Demócrata, Liberal Independiente, Popular Social Cristiano, Comunista, Socialista y Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. De 1.500.000 electores inscriptos votó el 82%. El FSLN obtuvo 67% de los votos. La oposición se dividió y cuatro partidos integraron una Coordinadora Democrática con la candidatura de Arturo Cruz, que finalmente decidió no participar. La Coordinadora intentó restar legitimidad a las elecciones, que fueron supervisadas por observadores internacionales. En noviembre, Reagan obtuvo la reelección y en abril de 1985 declaró el bloqueo comercial a Nicaragua y el embargo de todos sus bienes.
En el curso de 1986 la Asamblea discutió una nueva Constitución, que entró en vigencia en enero de 1987. Se estableció un sistema presidencialista, con mandato por seis años, elecciones presidenciales directas y representación legislativa proporcional.
En 1987, los gobernantes centroamericanos abrieron un ámbito propio de negociación, con participación de la ONU y la OEA, en una reunión de presidentes realizada en Esquipulas, Guatemala. Los acuerdos de Esquipulas establecieron el cese del apoyo externo a los grupos armados opositores, el diálogo interno en cada uno de los países, con mediación de la Iglesia Católica y la amnistía para quienes depusieran las armas, con garantías de participación en la vida política.
En Nicaragua se formó una Comisión Nacional de Reconciliación y el dirigente "contra" Fernando Chamorro retornó al país, se acogió a la amnistía y renunció a la lucha armada. La censura de prensa fue suspendida y reapareció el diario opositor "La Prensa", de Violeta Chamorro. El 7 de octubre se inició el cese del fuego unilateral en varias zonas del país, aunque los dirigentes de la "contra" anunciaron que continuarían las hostilidades.
Durante 1988, el aumento de la presión estadounidense, agravado por los efectos del huracán "Juana", hicieron fracasar los planes de ajuste económico. La reforma monetaria y la reducción del presupuesto del Estado en un 10%, efectuadas en febrero, no pudieron impedir la hiperinflación.
En julio de 1988 fue expulsado el embajador norteamericano en Managua, acusado de incentivar actividades antisandinistas; el gobierno de Estados Unidos respondió expulsando al representante nicaragüense en Washington.
Los acuerdos de Esquipulas II parecieron naufragar durante el período de alternancia entre Reagan y George Bush, pero en febrero de 1989 el presidente Ortega reanudó las negociaciones en ocasión de la reunión de los cinco presidentes centroamericanos en la localidad salvadoreña de Costa del Sol. Los sandinistas propusieron adelantar las elecciones a febrero de 1990 y aceptar las modificaciones propuestas a la ley electoral de 1988, a cambio de que la "contra" desmantelara sus bases hondureñas durante los tres meses posteriores al acuerdo. Estados Unidos, sin embargo, siguió presionando para mantener a la "contra" en Honduras y el gobierno de Bush obtuvo que el Congreso aprobara otra "ayuda humanitaria" por 40 millones de dólares.
El FSLN presentó a Daniel Ortega como candidato a la reelección, mientras que la oposición, agrupada en una coalición de 14 partidos llamada Unión Nacional Opositora (UNO), propuso a Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro.
Todos los sondeos de intención de voto otorgaban la victoria a los sandinistas por un amplio margen. El 25 de febrero de 1990, sin embargo, la historia de Nicaragua tomó un giro inesperado: la UNO ganó las elecciones con 55% de los votos frente a 41% de los sandinistas. Violeta Chamorro era la nueva presidenta. Ortega admitió la derrota y se comprometió a entregar el poder.
Antes de asumir el cargo, el 25 de abril, la presidenta y el FSLN firmaron el "Protocolo de Transición", que comprendía el respeto a la Constitución en vigor, a las instituciones y conquistas sociales de la revolución, así como el desarme de la "contra". Chamorro anunció que atendería personalmente la cartera de Defensa y que mantendría al general sandinista Humberto Ortega como comandante del ejército. También suspendió definitivamente el reclutamiento para el servicio militar obligatorio.
El vicepresidente de la fórmula UNO, Virgilio Godoy, acusó a Violeta Chamorro de haber traicionado acuerdos preelectorales al mantener a Humberto Ortega en su cargo y se retiró del gobierno seguido por una fracción de la coalición.
En mayo de 1990 estalló una huelga de los trabajadores estatales por un aumento salarial de 200%. El gobierno la declaró ilegal, dejó sin efecto la ley de servicio civil -garantía de estabilidad del empleo estatal- y la ley de reforma agraria promulgada por el sandinismo. Los trabajadores radicalizaron la huelga, que se extendió a todo el país. Una semana después, el gobierno aceptó parcialmente las peticiones de los trabajadores y la huelga terminó.
Desde mediados de 1990, el gobierno recibió varias ofertas por parte de consorcios internacionales, interesados en ejecutar proyectos en la zona norte del país. Se trata de unas 270 mil hectáreas de bosques húmedos, que ocupan más de la mitad del territorio nacional. Las ofertas incluyeron desde la creación de depósitos para desechos tóxicos, hasta la explotación de los vastos recursos pesqueros, mineros y forestales de la región.
Al denunciarse las negociaciones secretas entre las autoridades y una empresa taiwanesa para otorgar derechos de explotación forestal en la zona, se divulgó la existencia de importantes yacimientos de oro, plata, cobre, tungsteno y el depósito centroamericano más grande de carbonato de calcio, materia prima para la elaboración de cemento.
La presidenta Chamorro acordó con el FSLN en 1991 el reconocimiento de la reforma agraria y la garantía mínima de 25% de las acciones para los trabajadores de las empresas que se privatizaran.
La inflación cayó del 7.000% en 1990 a 3,8% en 1992 merced a un ajuste promovido por el FMI y el Banco Mundial. Se redujeron las inversiones productivas y los gastos en educación y salud. La desocupación se elevó al 60%.
Las diferencias entre la presidenta y la UNO provocaron una ruptura en 1993, a partir de la cual Chamorro pasó a apoyarse en la bancada sandinista y el Grupo de Centro de la UNO. Al mes, la UNO expulsó a ese grupo y cambió su nombre por Alianza Política Opositora.
El debate parlamentario acerca de la reforma constitucional llevó a que el sector ortodoxo del FSLN, liderado por el ex presidente Daniel Ortega, excluyera del Frente al jefe de su bancada, el ex presidente Sergio Ramírez. Al margen de la dirigencia partidaria, la bancada habìa formulado un proyecto de ley contra el Nepotismo que prohibía la reelección presidencial e impedía la postulación a la presidencia de familiares del presidente en funciones. Este punto liquidaba las aspiraciones del yerno de Chamorro, el ministro Antonio Lacayo.
La crisis económica se agudizó con una sequía que acabó con 80 mil hectáreas de cultivos y dejó sin alimento a 200 mil campesinos. La desnutrición infantil afectó a 300,000 niños y algunos quedaron ciegos por falta de vitamina A.
En enero de 1994 la UNO, con menos de la mitad de sus fundadores e incapaz de obtener apoyo para una asamblea constituyente, puso fin a un año de boicot a la Asamblea Nacional. Los choques continuaron entre el ejército, bandas de delincuentes y pequeños grupos guerrilleros.
El general Humberto Ortega confirmó que se retiraría luego de la aprobación de un nuevo código militar. En agosto la Asamblea aprobó el código, dirigido a despolitizar el Ejército Popular Sandinista e incrementar su dependencia de la autoridad civil, aunque de hecho el poder permaneció en manos de un consejo militar.
El gobierno firmó un acuerdo por tres años con el FMI que le abrió la posibilidad de renegociar la deuda pública. El desempleo se estimaba entre 43 y 60%. El PBI per cápita cayó por onceavo año consecutivo.
El debate en torno a la reforma constitucional dominó el panorama político en 1995. En febrero la Asamblea propuso cambiar el nombre al ejército, prohibir el servicio militar obligatorio y otorgar garantías a la propiedad privada, aspectos que fueron apoyados por Chamorro. La presidenta no estuvo de acuerdo, sin embargo, con el cambio del equilibrio de poder entre el ejecutivo y el legislativo, por ejemplo, en relación al derecho de aumentar los impuestos. La Asamblea publicó unilateralmente las reformas en febrero y comenzó a aplicarlas.
En junio se llegó a un acuerdo político sobre una ley marco para reformas constitucionales, según la cual éstas debían tener una mayoría del 60% en la Asamblea antes de pasar a la firma de la presidenta, quien suscribió el acuerdo en julio. La Asamblea Nacional reafirmó su designación de los jueces para la Suprema Corte de Justicia y designó un nuevo Supremo Tribunal Electoral.
La aprobación de la ley de nepotismo se pospuso. El yerno de la presidenta, Lacayo, permaneció en el gobierno, aunque anunció su intención de renunciar para dedicarse a su campaña con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre de 1996.
El ex alcalde de Managua, el empresario conservador Arnoldo Alemán, ganó las elecciones con 49% de los votos. De acuerdo con la ley electoral nicaragüense, si alguno de los candidatos obtiene más de 45% de los votos no es necesario convocar a una segunda rueda de votación. El ex presidente Daniel Ortega, candidato sandinista, obtuvo sólo 39% de los sufragios. A pesar de haber denunciado irregularidades en los comicios, los representantes del FSLN se reintegraron al cabo de unas semanas a la vida institucional del país.
Al asumir la presidencia, Alemán prometió crear 500 mil nuevos puestos de trabajo y lanzó un plan para aliviar la deuda del sector agropecuario, estimada en 150 millones de dólares.
En abril de 1997, el gobierno y la oposición se acusaron mutuamente de armar y entrenar a fuerzas paramilitares. Pese a que se realizaron negociaciones entre ambas partes, no se logró llegar a un entendimiento y las relaciones entre el oficialismo y los sandinistas siguieron siendo tensas.
En agosto, el gobierno anunció su negativa a entregar a los herederos de Anastasio Somoza los bienes confiscados en 1979 por los sandinistas, como había solicitado ante la justicia la hija del ex dictador, Lilián Somoza.
Según estimaciones realizadas a comienzos de 1998, Estados Unidos se había convertido nuevamente en el principal socio comercial de Managua. Las exportaciones de Nicaragua a ese país sumaron 375 millones de dólares en 1997, un aumento de 30% respecto a dos años antes.
El pasaje del huracán Mitch en noviembre de 1998 dejó un saldo de 3.000 muertos y decenas de miles de personas sin hogar.
Nicaragua entró en conflicto con Honduras a fines de 1999, cuando Tegucigalpa ratificó un tratado limítrofe con Colombia sobre la posesión de tres grupos de islas sobre el mar Caribe pero frente a costas nicaragüenses que, según Managua, cercenaba unos 30.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo. Tras la mediación de la OEA, Managua y Tegucigalpa acordaron congelar el despliegue de tropas en la frontera terrestre y llevar adelante patrullajes conjuntos mientras la disputa se resolvía jurídicamente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En el área de delitos industriales, la Corte Suprema de Justicia resolvió el primero de nueve casos similares, sentenciando a seis empresas estadounidenses al pago de 1.000 millones de dólares -repartidos en un total de 4.000 trabajadores rurales- como indemnización por los daños físicos sufridos por la utilización que hicieran éstas, entre 1968 y 1983, de insecticidas con alto contenido contaminante. Los trabajadores han padecido graves problemas de salud como cáncer, infertilidad, deformaciones, etc.
Tras conseguir el 53,3% de los votos en las elecciones de noviembre de 2001, el liberal Enrique Bolaños asumió la presidencia. Ortega obtuvo el 45%. Pero a nivel parlamentario los resultados no reflejaron una mayoría ni del Partido Liberal ni del FSLN. Aunque Ortega manifestó su disconformidad respecto al número de escaños conseguidos en la Asamblea -que no se corresponden con lo contabilizado por el FSLN- y el presidente del Consejo Electoral recibió amenazas de muerte. Según los observadores de la OEA no hubo irregularidades en el transcurso de los comicios.
Una semana después de la asunción de Bolaños en enero de 2002, el ex mandatario Alemán fue electo presidente de la Asamblea Nacional, ante la ausencia de la bancada del FSLN que consideró la suya una elección ilegítima dado que se debió a reformas constitucionales realizadas durante su gobierno. Poco después, la Asamblea no aprobó la petición de la justicia de levantar la inmunidad parlamentaria a Alemán, quien está acusado por los delitos de fraude al estado (de 1,3 millones de dólares), peculado y asociación ilícita.
En 2002 la justicia nicaragüense sobreseyó al ex presidente Ortega, considerando que había prescripto la acción penal que pesaba sobre él por acusaciones de abuso sexual y violación presentadas por su hijastra Zoilamérica Narváez. Narváez había presentado los cargos en 1998, pero Ortega, entonces diputado, estaba amparado en la inmunidad legislativa. Un año después el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que admitió la queja de Narváez de omisión de justicia por parte de Nicaragua.
En los últimos años se ha incrementado el número de niños y adolescentes sin hogar, que en la mayoría de los casos terminan delinquiendo. Algunos de ellos han sido arrestados ilegalmente por la policía, mientras se ha manifestado la intención por parte de ciudadanos y grupos de desarrollar la "limpieza social", es decir asesinatos, ya ejecutada en los vecinos Honduras y Guatemala, donde son asesinados niños de la calle.
El 7 de diciembre de 2003, el ex presidente Alemán fue condenado a 20 años de prisión –domiciliaria– y a pagar una multa de 17 millones de dólares por varios delitos de corrupción, entre ellos el de desviar 100 millones de dólares de fondos estatales para sus campañas.
El 17 de diciembre, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio que eliminaría progresivamente los aranceles y otras barreras comerciales en los sectores de agricultura, industria alimentaria, inversiones, servicios y propiedad intelectual.
Cumplidas las condiciones exigidas para ingresar al programa de Iniciativa de Alivio a Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) –como la lucha contra la corrupción y ajustes estructurales que incluían privatizaciones– el Banco Mundial «perdonó» el 80% de los 6.500 millones de dólares de deuda nicaragüense en enero de 2004. Quienes critican las privatizaciones afirman que éstas no han redundado en una mejora de los servicios (al menos el 50% de la población no accede a los servicios de energía eléctrica y comunicaciones) y que las políticas de corte asistencialista no han logrado resolver los agudos problemas sociales: el gasto público en salud descendió de 50 dólares por habitante en 1983 a 16 dólares en 2000, se incrementó la desnutrición y la mortalidad infantil, en 2003 quedaron fuera de las escuelas unos 840 mil niños y el desempleo llegó al 13% de la población económicamente activa. Entretanto, 50% de la población aún vive en la pobreza.
En enero de 2004 el gobierno anunció que el Banco Mundial (BM) aprobó la condonación del 80% de la deuda externa del país. Bolaños hizo el anuncio señalando que el organismo financiero internacional respaldó el Plan Nacional de Desarrollo que presentó su gobierno en 2003. El plan contemplaba una serie de programas y estrategias que buscarían, en 25 años de plazo, sacar al país de la pobreza extrema que padecía más de la mitad de la población. Bolaños agregó que el BM acordó efectuar un préstamo de 99 millones de dólares en 2004 para el desarrollo de programas sociales contra la miseria. El gobierno necesitaría que el FMI se uniera a la aprobación al proyecto y, una vez aprobado, concluiría el proceso de perdón de la deuda. La misma ascendía, hasta ahora, a 6.500 millones de dólares.
En julio, Nicaragua y Alemania firmaron en Berlín el acuerdo de condonación total de la deuda generada durante la era soviética, por un monto de 423 millones de dólares, como clausura de negociaciones intergubernamentales y del Club de París. Alemania acordó asignar además, entre los años 2004-2005, alrededor de 28 millones de dólares, que estarán dirigidos al "Programa de Desarrollo Local" y "Fondo de Estudios y Expertos"; diez millones de dólares de cooperación técnica, para los programas "Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Capacidades Empresariales" y "Programa de Desarrollo Local y Transparencia Fiscal", del país.
En noviembre, los resultados parciales de las elecciones municipales indicaron que el FSLN logró retener la alcaldía de Managua.
Si bien el país no fue tan devastado por el huracán Stan, que arrasara en octubre el sur de México, Guatemala y El Salvador, igualmente éste provocó la muerte de 11 personas en Nicaragua, y grandes daños materiales.
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