Información General

• Nombre oficial: República de Honduras

• Superficie: 111.890 Km²

• Capital: Tegucigalpa 919.000 hab. (1999).

• Idioma: Castellano (español) -oficial-, garífuna, algunos grupos indígenas mantienen su lengua autóctona (como el lenca o el miskito), hay una minoría que habla inglés.

• Religión: católicos 85%; protestantes 10 %.

• División administrativa: 18 departamentos.

• Tipo de Gobierno: Sistema presidencialista. Legislativo unicameral: Congreso Nacional, con 128 miembros.

• Partidos políticos: Partido Nacional, conservador (PN); Partido Liberal de Honduras (PLH); Partido de Innovación y Unidad Social-Democracia (PINU); Partido de Unificación Democrática (PUD); Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).

• Organizaciones sociales: La Confederación de Trabajadores de Honduras, fundada en 1964 y afiliada a la ORIT. Existen además: Central General de Trabajadores (CGT), de tendencia socialcristiana, Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras (FESITRAH) y la Federación Independiente de Trabajadores. Frente de Unidad Nacional de Campesinos de Honduras (FUNACAMPH); Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOH); Comité de Apoyo de Indígenas de Honduras; Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH); Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras.

• Fiestas nacionales: 15 de setiembre (Independencia-1821).

• Geografía y recursos: Cubierto en 80% por montañas y selvas, el país concentra su población y las actividades económicas en la costa del Caribe y en las tierras altas del sur, cerca de la frontera con El Salvador. En las llanuras del litoral, están las plantaciones bananeras más extensas de América Central. En el sur hay cultivos de café, tabaco y maíz. La deforestación, el mal uso de los suelos y el desarrollo descontrolado contribuyen a la degradación de los suelos. Actividades mineras han causado polución del agua, especialmente en el Lago de Yojo, principal fuente de agua dulce en Honduras.

• Pueblo: la mayoría de los hondureños son producto del mestizaje entre mayas y europeos. Hay 10% de indígenas y 2% de origen africano. Los garífunas, descendientes de esclavos fugitivos e indígenas, viven en el litoral caribeño y las islas, manteniendo sus costumbres ancestrales.

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La Historia
(hasta octubre del año 2004)

La región que hoy ocupa Honduras estuvo habitada antes de la llegada de los españoles por los chibchas, los lencas y los mayas. El esplendor de la ciudad de Copán, al norte, duró hasta el siglo IX d.C., decayendo con todo el Imperio.

Al parecer, el primer europeo en llegar a Honduras fue Américo Vespucio, en 1498. Pedro de Alvarado realizó la conquista efectiva del territorio para España, enfrentando la encarnizada resistencia de los indígenas dirigidos por Lempira. Honduras pasó a ser parte de la Capitanía General de Guatemala.

Honduras se independizó del dominio español en 1821 y junto con las demás provincias centroamericanas integró el efímero imperio mexicano de Iturbide, desintegrado dos años más tarde. Francisco Morazán y otros líderes hondureños intentaron en vano formar una federación centroamericana independiente: la acción centrífuga de Gran Bretaña fue más fuerte.

Con la reforma liberal de 1880, el eje económico pasó a ser la minería, apoyada por la apertura a capitales y tecnología extranjeros. A fines del siglo XIX entró al país la United Fruit Co. (UFCo), corporación estadounidense que se adueñó de enormes extensiones de tierras, de casi toda la producción de frutas del país, de ferrocarriles, barcos y puertos, y de las decisiones políticas fundamentales.

En 1924 Estados Unidos invadió Honduras e impuso un período de democracia formal, durante el cual la UFCo. compró la Cuyamel Fruit Co., su principal competidora, y logró el monopolio de la producción bananera. Washington entregó el poder a Tiburcio Carías Andino, que gobernó el país con mano fuerte entre 1933 y 1949.

Las controversias fronterizas con Guatemala dieron lugar al arbitraje norteamericano en 1930. En 1969 las tensiones creadas por la situación de los campesinos salvadoreños emigrados a Honduras desataron otra guerra, cuyo detonante fue un partido de fútbol, interrumpida por mediación de la OEA.

En 1971, nacionalistas y liberales firmaron un Pacto de Unidad. El general Osvaldo López Arellano, en el poder desde 1963, permitió la celebración de elecciones en las que triunfó Ramón Ernesto Cruz, del Partido Nacional.

En 1972 López Arellano derrocó a su sucesor y se mostró más sensible al pedido de una reforma agraria intentando controlar a la United Brands (ex UFCo.). Los grupos afectados reaccionaron y López Arellano fue sustituido por el coronel Juan A. Melgar Castro.

El jefe del Ejército, general Policarpo Paz García, asumió el poder en 1978. El régimen hondureño se alió estrechamente con Anastasio Somoza, dictador de la vecina Nicaragua. La revolución sandinista apresuró en Honduras la elección de una Asamblea Constituyente, una de cuyas primeras decisiones fue ratificar como presidente a Paz García. En 1981 se celebraron elecciones en las que el candidato del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdova, asumió la presidencia en enero de 1982.

Suazo Córdoba aprobó aumentos de precios en artículos de consumo popular y promulgó una "ley antiterrorista" que prohibió el derecho de huelga al considerarlo "intrínsecamente subversivo". Grupos paramilitares de exterminio actuaban con impunidad y las "desapariciones" de opositores políticos se tornaron corrientes.

Honduras toleró la presencia de tropas estadounidenses y la instalación de bases contrarrevolucionarias nicaragüenses en su territorio. Se calculaba que en 1983 el Pentágono tenía 1.200 soldados, que además de intervenir directamente en operativos bélicos, daban instrucción militar, apoyo logístico y construían obras de infraestructura. La "contra" nicaragüense mantenía unos 15.000 efectivos, a los que se sumaban cerca de 30.000 refugiados nicaragüenses.

En 1985, 7.000 soldados norteamericanos realizaron maniobras muy cerca de la frontera nicaragüense. La fuerza aérea hondureña recibió una oferta para renovar todos los aviones de combate. Con unos trescientos millones de dólares el ejército local duplicó sus efectivos y renovó la flota de combate de su Fuerza Aérea.

En las elecciones de 1985 triunfó José Azcona Hoyo, del Partido Liberal. El nuevo presidente pidió ayuda a Washington para que los "contras" pudieran abandonar el país y trató de estimular la inversión extranjera.

El manejo de la ayuda norteamericana desató una corrupción desenfrenada, principalmente en las Fuerzas Armadas. El plan de privatizaciones y reducción del gasto público fracasó y en el sector agropecuario, el desempleo estacional alcanzó a 90% de los trabajadores.

En 1989, Rafael Callejas, candidato del Partido Nacional, triunfó ampliamente en elecciones que fueron calificadas de fraudulentas. Respaldado por Estados Unidos y los círculos empresariales, Callejas inició una completa liberalización de la economía.

En 1990, tras la derrota sandinista en las elecciones nicaragüenses, la administración Bush redujo sensiblemente la ayuda económica a Honduras. Callejas se acercó a las Fuerzas Armadas para prevenir una agudización del malestar social.

A comienzos de 1990, el gobierno aumentó los impuestos, incrementó en 50% los precios de los combustibles y devaluó la moneda.

En diciembre el gobierno decretó la amnistía para los detenidos y perseguidos políticos. Se abolió la ley antiterrorismo y se creó un marco de concertación política sin exclusiones.

El 12 de enero de 1991, luego de ocho años de exilio, regresaron a Honduras cuatro dirigentes políticos de izquierda, anunciando el fin de la lucha armada. En octubre de 1991, las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya se acogieron al decreto y renunciaron a la lucha armada.

El comandante de las Fuerzas Armadas, general Arnulfo Cantarera, acusado de cometer violaciones a los derechos humanos, fue cesado en su cargo y sustituido por el general Luis Discua, que encabezó una creciente injerencia del poder militar en la vida política. El asesinato político a opositores y otros abusos cometidos por los militares fueron denunciados por el Comité Hondureño de Defensa de los Derechos Humanos.

El programa de ajuste del gobierno de Callejas permitió renegociar la deuda externa de 3.500 millones de dólares. Las nuevas leyes agrarias autorizaron la venta de tierras expropiadas lo que favoreció la especulación de las empresas agrícolas trasnacionales.

El aumento del poder militar y la inestabilidad política se sumaron a la debilidad de la economía, que perdió el aporte de dólares proporcionados por la ayuda militar norteamericana.

El descontento popular se vio expresado en las urnas, cuando en las elecciones del 28 de noviembre de 1993 triunfó el candidato de la oposición, el socialdemócrata Carlos Roberto Reina.

Una de las primeras resoluciones del nuevo gobierno fue la abolición del servicio militar obligatorio. Esta medida fue aprobada por el Parlamento en mayo de 1994 y ratificada por la siguiente legislatura, en abril de 1995, por 125 votos a 3.  Pero en agosto de 1994 y cediendo a las presiones militares, el gobierno aceptó un llamado temporal a filas para llenar 7 mil vacantes en las Fuerzas Armadas. Al promediar 1994, el gobierno disolvió oficialmente a la temida Dirección Nacional de Investigaciones, el otrora brazo torturador de las Fuerzas Armadas.

Como consecuencia de la caída de las exportaciones de banano a la Comunidad Europea, la compañía bananera estadounidense Tela Railroad Company cerró cuatro establecimientos aduciendo que no eran rentables, además de suspender por tres meses a tres mil empleados. Los trabajadores sindicalizados se declararon en huelga. Luego de varios días de tensión, el gobierno decretó el fin de la huelga y obligó a la compañía a suspender el cierre de las fincas y retroceder en su medida de suspensión colectiva de trabajadores. Pero la empresa negoció con el sindicato, SITRATERCO, el reintegro de 1.200 trabajadores, quedando suspendidas unas mil funcionarias mujeres.

A raíz de la sequía registrada en la primera mitad del año, 90 municipios del país perdieron más de 60% de sus cultivos de subsistencia. Ante el peligro de hambruna que amenazaba a más de un millón y medio de personas, las autoridades solicitaron la asistencia de la FAO. Esta otorgó una ayuda de 900 mil dólares para el desarrollo agrícola de las regiones declaradas en estado de emergencia. 73% de la población hondureña vive en estado de pobreza o pobreza extrema.

La sequía afectó también los bosques: la superficie forestada bajó de 36% en 1980 a menos de 27% del territorio total en 1995. La acelerada deforestación ha acentuado la erosión del suelo.

Mientras las fuerzas armadas continuaban realizando tareas de policía en las ciudades, la Asamblea Legislativa comenzó el proceso de reforma constitucional que terminó asignando el control de las fuerzas de seguridad pública al poder civil. En enero de 1995 entró en funciones la Unidad de Investigación Criminal, conducida por civiles, que sustituyó a la policía secreta desarticulada el año anterior. El nuevo cuerpo, integrado inicialmente por 1.500 agentes, recibió entrenamiento de la policía israelí y del FBI de Estados Unidos. En ese momento más de 50 personas eran asesinadas cada día en territorio hondureño.

Altos funcionarios de gobierno fueron a prisión en 1995 por su vinculación con el tráfico de pasaportes oficiales. La Suprema Corte de Justicia revocó la inmunidad del ex presidente Callejas para que declarara sobre falsificación de documentos y apropiación de fondos públicos. El propio Reina fue alcanzado por su ofensiva contra la corrupción. El presidente fue investigado por usar fondos estatales para resolver un asunto privado.

El FMI impuso estrictos recortes al gasto del Estado. El gobierno canceló el control de la policía por los militares y redujo el tamaño del ejército.

En octubre de 1997 la policía impidió que unas 400 personas colocaran en un lugar público de Tegucigalpa una estatua de Lempira, un líder de la resistencia indígena contra la conquista española. En ese mismo lugar, una estatua de Cristóbal Colón, había sido bajada de su pedestal y destruida por los manifestantes.

Al asumir como presidente, en enero de 1998, Carlos Flores se mostró dispuesto a integrar un gobierno de unidad nacional y a realizar una tregua con la oposición ligada a los militares. Con 80% de la población en la extrema pobreza, 228 terratenientes controlaban más del 75% de las tierras del país.

En octubre de ese año, el huracán Mitch provocó daños por 5.360 millones de dólares y causó unas 24.000 muertes en Centroamérica, 14.000 de los cuales eran hondureños. Por otra parte, 2.000.000 de hondureños perdieron sus viviendas. Un año después las inundaciones mataron a 35 personas y anegaron 14.000 hectáreas cultivables, arrojando pérdidas de 20 millones de dólares. Las autoridades aseguraron que, de haber recibido la ayuda prometida por los países desarrollados después del pasaje de Mitch, se podría haber dragado los ríos y evitado la nueva catástrofe.

En enero de 2002 asumió la presidencia del país el candidato del Partido Nacional Ricardo Maduro, tras obtener 52,2% de los votos. Producto de la crisis económica había aumentado el número de asaltos y se había establecido la práctica del secuestro como forma de obtener dinero. Poco después de su asunción, Maduro –que se había comprometido a poner un freno a estas modalidades de violencia– estableció una fuerza de 10.000 soldados para combatir el crimen.

A partir de 2001 un violento conflicto entre los pobladores de la región de Olancho y la empresa Energisa se vio intensificado. La empresa pretendía instalar un proyecto hidroeléctrico en Los Chorros de Babilonia, una zona protegida del Parque Nacional Sierra de Agalta, conocido como el «corredor biológico mesoamericano». A falta de respuesta oficial para derogar los decretos que permitirían el proyecto, los pobladores se organizaron en un frente de lucha que logró importante apoyo internacional. De acuerdo al movimiento las licencias ambientales fueron otorgadas sin el respaldo debido de estudios de impacto ambiental. Cuatro importantes activistas fueron asesinados hasta la fecha. Las manifestaciones continúan siendo brutalmente reprimidas, y siguen impunes los allanamientos irregulares, las amenazas, y la persecución a los pobladores-propietarios por parte de la empresa. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunció que durante 2003, 16 personas se encontraban en inminente peligro de muerte en Gualaco y que 11 comunidades de la región habían sido seriamente afectadas.

En noviembre de 2003 fue asesinado el periodista Germán Antonio Rivas, gerente-propietario de la Corporación Maya Televisión de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Durante la década de 1980 Rivas fue colaborador voluntario del Movimiento por los Derechos Humanos. Anteriormente había sido víctima de otro atentado, por haber denunciado a la Compañía Minerales de Occidente por el derrame de cianuro sobre el río Lara, que abastece de agua para el consumo humano a la población de Santa Rosa de Copán. La denuncia había determinado que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente le impusiera a la empresa minera una multa de un millón de lempiras. Otros seis periodistas reportaron haber sido víctimas de atentados entre 2000 y 2003.

El año 2004 comenzó con un intenso debate público sobre la llamada «ley anti-maras» («maras» es una designación similar a «pandilla» juvenil), figura penal vigente en Honduras desde 1983 y reformada en 1999. Es la reforma del artículo 332, introducida en 1999, la que reclama la atención de varios juristas por tener implicancias que algunos juzgan inconstitucionales, y otros, discriminatorias o brutalmente represivas. Desde diversos frentes se ha impulsado su derogación pero el presidente Maduro ha declarado que en caso de que el Poder Judicial dispusiera la inconstitucionalidad de la reforma, el Congreso emitiría una legislación sustituta igualmente severa. La criminal masacre de niños y jóvenes en Honduras, ejecutados por escuadrones de la muerte que desde 1998 operan con impunidad –pese a las denuncias de organismos de derechos humanos y oficiales de policía– ya lleva cobrada la vida de casi 2.000 menores de 23 años.

A mediados de mayo de 2004, un incendio en el Centro Penal de San Pedro de Sula (Departamento de Cortés), dejó un saldo de alrededor de 103 muertos y 25 heridos. La policía afirmó que el incendio se debió a un cortocircuito. Varios presidiarios acusaron a las autoridades de no asistir los llamados de auxilio, además de mantenerlos encerrados. La mayoría de las víctimas pertenecían a la pandilla callejera "Mara Salvatrucha". Esta es la segunda tragedia ocurrida en centros penitenciarios en menos de un año (en abril de 2003, 68 personas murieron en una matanza en el penal El Porvenir, cercano a la ciudad norteña de La Ceiba).

El 19 de mayo de 2004, 370 soldados hondureños que actuaban en labores de pacificación y reconstrucción, abandonaron Irak tras una escalada de violencia y aguardaron en Kuwait para regresar a Honduras. Maduro adelantó la retirada de las tropas (debían retirarse en julio), luego del anuncio del gobierno español acerca del repliegue inmediato de sus tropas en abril de 2004. España tenía a su cargo en Irak a otras tropas de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En octubre, el Congreso votó por unanimidad cambiar la Constitución para prohibir el matrimonio y las adopciones entre las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada por 128 votos a favor de congresistas de cinco partidos políticos. La enmienda, que fue aprobada tras la presión de las Iglesias Católica y Evangélica, especificó que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer con el propósito de la procreación. La enmienda se debió a la decisión del gobierno de Maduro de otorgar reconocimiento legal, por primera vez en el país, a grupos de derechos de los homosexuales que habían esperado esa decisión por 15 años. Algunos activistas por los derechos de los homosexuales, amenazaron revelar los nombres de homosexuales en puestos prominentes del gobierno, en la política, en el sector empresarial y en el periodismo, si el congreso retira el reconocimiento. Para que la enmienda constitucional cobrara vigencia, debería ratificarse en el próximo Congreso hondureño de 2005.

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Créditos y Agradecimientos