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GUATEMALA
Información General
- Nombre oficial: República de Guatemala
- Superficie: 108.430 Km²
- Capital: Guatemala 3.119.000 hab. (1999).
Idioma: Castellano (español) -oficial-, pero la mayoría de la población maya habla
alguno de los 22 idiomas de ese origen.
Religión: mayoritariamente católica, se practican varias formas de sincretismo con la religión maya.
En los últimos años han proliferado diversas sectas evangélicas.
División administrativa: 22 departamentos.
Tipo de Gobierno: Sistema presidencialista. Parlamento: Asambla Nacional integrada
por 113 miembros (91 departamentales y 22 por representación proporcional).
Organizaciones políticas extraparlamentarias: Movimiento de Acción Solidaria (MAS) y
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) de tendencia autoritaria; Frente Democrático Nueva Guatemala; Unión del
Centro Nacional (UCN); Partido Social Demócrata (PSD); Unión Democrática (UD); Asamblea de la Sociedad Civil.
Organizaciones sociales: de tipo sindical, Unión de Asociaciones Sindicales y
Populares; Frente Nacional Sindical; Central Nacional de Trabajadores. De carácter campesino, Comité de Unidad
Campesina (CUC). El movimiento maya, que está tomando un papel fundamental en la sociedad guatemalteca a partir
de los acuerdos de paz, se articula en varias organizaciones: Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC),
Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM), Centro de Estudios de Cultura Maya (CECMA), Academia de Lenguas Mayas
de Guatemala, Coordinación Maya Majawil Q’uij, Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala. Algunas de ellas forman
parte de las numerosas asociaciones por los derechos humanos: Fundación Rigoberta Menchú, Comisión Nacional de Viudas
de Guatemala, Grupo de Apoyo Mutuo, Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam, Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado, Agrupación de Mujeres Tierra Viva y de Mujeres Mayas, Comunidades de Población en Resistencia.
Fiestas nacionales: 15 de setiembre (Independencia-1821).
Geografía y recursos: La Sierra Madre y la Sierra de los Cuchumatanes, que atraviesan
el país de este a oeste, son escenario de actividad volcánica y temblores de tierra. Entre ellas está la región
del Altiplano, con suelos arenosos, inclinados y de fácil erosión. El Altiplano ocupa 26% del territorio y concentra
53% de la población. Hay plantaciones de café y cultivos de subsistencia de las comunidades campesinas. La vertiente
atlántica, más extensa y cubierta de bosques tropicales, es menos poblada. En los valles del Caribe y en las tierras bajas
del Pacífico hay plantaciones bananeras, de caña de azúcar, algodón y café. Los bosques, que
en 1980 cubrían el 41,9% del territorio, en 1990 se habían reducido al 33,8%, poniendo en peligro la excepcional diversidad
de esos ecosistemas.
Pueblo: alrededor de 61% son descendientes de los mayas. De acuerdo con la diversidad
cultural y lingüística, se distinguen cuatro pueblos: el ladino (descendiente de amerindios y españoles), el maya,
el garifuna (de la región del Caribe) y el xinca. Una minoría blanca ejerce un importante papel económico y cultural
en el país.
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La Historia
(hasta marzo del año 2005)
Durante los primeros 1000 años de nuestra era, la civilización maya floreció en lo que hoy es Guatemala, así como en parte de los actuales territorios de México, Honduras y El Salvador.
Las tropas españolas, al mando de Pedro de Alvarado, penetraron al territorio en 1524, fundaron la ciudad de Guatemala y lograron el control total del país dos años más tarde, cuando éste se encontraba en un lento proceso de transición y reajuste de los pueblos surgidos del común tronco Maya: K'iche', Kaqchi', Mam, Q'eqchi', Poqomchi', Q'anjob'al,Tz'utujiil, entre otros. Esta situación favoreció a los invasores, pero la conquista hubo de enfrentarse con frecuencia a una fiera resistencia.
El 15 de setiembre de 1821, los grandes propietarios de la tierra y los comerciantes, junto con las autoridades coloniales, proclamaron pacíficamente la independencia de lo que había sido la Capitanía General del Reino de Guatemala y que incluía los cinco países centroamericanos.
Lo hicieron junto con México y las demás provincias centroamericanas "para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase el mismo pueblo", según reza el punto número uno del acta correspondiente. La nueva entidad político-administrativa, llamada Provincias Unidas de Centroamérica, fue disuelta en 1839 como resultado de la ruptura del pacto federal, en el marco del enfrentamiento de facciones internas, y de la política del imperialismo británico de dividir las naciones americanas.
En 1831, el gobierno, agobiado por las deudas, entregó a Inglaterra grandes extensiones de tierra para la explotación maderera, lo que daría lugar posteriormente al territorio colonial de las "Honduras Británicas", hoy independizado con el nombre de Belice.
A mediados del siglo XVIII, la invención en Europa de los colorantes artificiales provocó una gran crisis económica en Guatemala, cuyos principales productos de exportación eran los tintes vegetales. Ello dio lugar a la introducción del café como cultivo masivo. Con la Reforma Liberal de 1871 los indígenas perdieron muchas tierras comunales, incorporadas por los grandes terratenientes a la producción cafetalera. El enfrentamiento liberal-conservador marcó la vida guatemalteca del último cuarto del siglo XIX. En este período arribaron colonos alemanes, con intereses económicos enfrentados a los de la incipiente burguesía por sus vínculos directos con Europa.
A finales del siglo XIX asumió el poder Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala hasta 1920. El "cabrerismo" permitió la entrada de capitales norteamericanos, que se adueñaron de los ferrocarriles, los puertos, la producción de energía eléctrica, los transportes marítimos, los correos internacionales y, sobre todo, de grandes extensiones de tierra, donde la poderosa United Fruit Company producía banano.
El general Jorge Ubico Castañeda, último representante de la generación militar de 1871 y que había sido elegido presidente como candidato del Partido Liberal, en 1931, fue derrocado por un levantamiento popular en 1944. La "Revolución de Octubre" en el poder hizo un llamado a elecciones, en las que resultó vencedor el político reformista Juan José Arévalo quien comenzó un proceso de reformas económicas y sociales.
Durante el gobierno de Arévalo existió un clima de apertura política y económica. En 1945 se estableció el voto para las mujeres, con exclusión de las analfabetas, y en ese mismo año surgió el primer sindicato campesino. La reforma agraria, que expropió a la United Fruit Company grandes cantidades de tierras ociosas que mantenía en reserva, fue calificada por el gobierno norteamericano como "una amenaza a los intereses de los Estados Unidos". Una gran campaña anticomunista se desató contra los gobiernos democráticos de Arévalo y su sucesor, Jacobo Arbenz.
John Foster Dulles -accionista y abogado de la compañía y Secretario del Departamento de Estado- presionó a la OEA para obtener una condena a las reformas del gobierno de Jacobo Arbenz. Allen Dulles -Director de la CIA y ex presidente de la compañía- fue el organizador de la invasión desde Honduras, en junio de 1954. Con el derrocamiento de Arbenz, la UFCO logró la devolución de las tierras que se habían destinado a la aplicación de la reforma agraria. Posteriormente, la UFCO cambió de nombre, y se llamó United Brands.
Se inició entonces una sucesión de gobiernos militares o tutelados por éstos. Las cuatro elecciones siguientes (1970, 1974, 1978 y 1982) fueron fraudulentas y favorecieron siempre a los candidatos de la cúpula castrense.
En ese clima nació y se desarrolló el movimiento revolucionario armado. En 1962 surgieron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en 1975 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y en 1979 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).
La represión que desató el gobierno cobró unas 80.000 víctimas desde 1954 a 1982, según estimaciones de diversos organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos. En febrero de 1982, surgió la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), integrada por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT, Núcleo de Dirección Nacional).
El 23 de marzo de 1982, a pocos días de haberse realizado elecciones nuevamente fraudulentas, una asonada militar derrocó a Romeo Lucas García e impuso como nuevo jefe del gobierno al general Efraín Ríos Montt.
Este lanzó una campaña contrainsurgente más agresiva que sus predecesores. En el primer año de gobierno de Ríos Montt fueron asesinados más de 15.000 guatemaltecos, 70.000 buscaron refugio en países vecinos -especialmente en México-, unos 500.000 se internaron a vivir en las montañas, huyendo del ejército, y centenares de poblaciones rurales fueron devastadas. Se multiplicó el sistema de "aldeas modelo", donde eran trasladados los campesinos a quienes se les obligaba a producir en un nuevo esquema destinado directamente a la exportación y no a su supervivencia.
En agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por un golpe militar -nuevamente orquestado por la CIA- que llevó al poder al general Oscar Mejía Víctores, quien prometió un rápido retorno a la democracia.
Como paso previo, el 1º de julio de 1984 fue elegida una Asamblea Constituyente para redactar una ley fundamental, sustitutiva de la de 1965 -derogada por el golpe de 1982- y nuevas leyes de amparo, habeas corpus y elecciones. Diecisiete partidos postularon candidatos, pero la izquierda fue forzada a abstenerse una vez más por falta de garantías.
La Constituyente aprobó el derecho de huelga de los trabajadores estatales, autorizó el regreso al país de dirigentes exiliados del Partido Socialista Democrático y convocó a elecciones para noviembre de 1985.
La URNG boicoteó las elecciones y éstas dieron un claro triunfo al candidato democristiano Vinicio Cerezo. Entre sus primeras medidas, Cerezo decretó la suspensión "total y definitiva" de las actividades de la policía secreta.
En octubre de 1987 se reunieron en Madrid representantes de la URGN y del gobierno, en las primeras negociaciones directas entre el estado y la guerrilla después de 27 años de enfrentamiento. Ese año, comenzó a tener un papel preponderante en los acercamientos la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), creada en el marco del plan de paz para Centroamérica Esquipulas II, firmado por 6 países de la región.
El 30 de marzo, en Oslo, la guerrilla y el gobierno acordaron pautas operativas para las reuniones y rol de los mediadores de la CNR y la ONU. Pese a la persistencia de persecuciones y asesinatos políticos, el 1º de junio de 1990 se firmó en Madrid un acuerdo básico para la búsqueda de la paz en Guatemala, suscrito por la CNR, los partidos políticos y la URNG.
Los últimos meses de 1990 se caracterizaron por el estancamiento de las negociaciones y el escepticismo de los ciudadanos, que llevó a una abstención de 70% en las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1990. En la segunda vuelta electoral, llevada a cabo el 6 de enero de 1991, resultó elegido Jorge Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria (MAS).
El gobierno de Serrano y la URNG decidieron reanudar las negociaciones por la paz. El 24 de abril de 1991, en Cuernavaca, México, ambas partes mantuvieron un encuentro de tres días. Al cabo de tres décadas de violencia, durante las que resultaron asesinadas más de cien mil personas, y cincuenta mil desaparecieron, gobierno y guerrilla se comprometieron en México a iniciar un proceso de negociación que, en el menor tiempo posible, culminara en un acuerdo de paz firme y duradero. La agenda incluyó temas como democratización, derechos humanos, fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, identidad y derechos de los pueblos indígenas, reformas constitucionales y régimen electoral, aspectos socioeconómicos y situación agraria, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado y la incorporación de la URNG a la vida política legal.
A fines de mayo de 1991 desapareció el dirigente del Consejo de Comunidades Etnicas, Runujel Junam. Los indígenas constituyen 16% de la población económicamente activa y son víctimas del reclutamiento forzoso en el ejército.
En julio, el Senado de Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Guatemala. La URNG exigió el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos. Organizaciones humanitarias contabilizaron en los primeros nueve meses del gobierno de Serrano, 1.760 violaciones a los derechos humanos, de las cuales unas 650 fueron ejecuciones extrajudiciales y muertes de niños de la calle, menores de seis años.
También en setiembre, el presidente guatemalteco reconoció la soberanía y autodeterminación de Belice, la ex colonia británica que proclamó su independencia en 1981. El anuncio provocó la renuncia del canciller Alvaro Arzú, máximo líder del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y uno de los aliados principales del oficialismo.
En 1992 se inició un debate nacional acerca de la supervivencia de grupos armados por el Ejército, como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Mientras en el mes de agosto la iglesia católica efectuó duras críticas a la política económica y se pronunció a favor de una reforma agraria, las organizaciones indígenas demandaron la ratificación del Convenio 169 de la OIT acerca de pueblos indígenas y tribales.
El gobierno creó la fuerza "Hunapú", formada por el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, en sustitución del Sistema de Protección Civil. En abril, miembros de la "Hunapú" protagonizaron un incidente durante una manifestación estudiantil en reclamo de mejoras en la política educativa. Un estudiante resultó muerto y otros siete fueron heridos. A nivel internacional, tanto el gobierno norteamericano como el Banco Mundial y el Parlamento Europeo presionaron al gobierno guatemalteco para detener la violencia política.
En octubre, mientras se conmemoraba el Quinto Centenario de la llegada de los españoles, Rigoberta Menchú Tum, dirigenta indígena de la etnia quiché que ha recorrido el mundo denunciando la situación de los pueblos indígenas en su país, recibió el Premio Nobel de la Paz.
El 25 de mayo de 1993, el presidente Serrano, con el apoyo de un grupo de militares, dio un autogolpe por el cual derogó varios artículos de la Constitución y disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. El 1º de junio, ante el rechazo nacional e internacional y la presión de Estados Unidos, Serrano abandonó la presidencia. Luego de varios días de incertidumbre, el 6 de junio, el ex procurador de los Derechos Humanos, Ramiro De León Carpio, fue designado nuevo jefe del Ejecutivo para concluir el período de gobierno iniciado por Serrano.
De León Carpio inició una depuración de los militares que apoyaron a Serrano, con cambios en cinco comandancias. Poco después, Jorge Carpio Nicolle, líder de la Unión de Centro Nacional y primo del presidente, fue asesinado.
En noviembre de 1993, las excavaciones en varios cementerios clandestinos dieron como resultado la localización de 177 osamentas de mujeres y niños, asesinados por efectivos militares durante la "Masacre de Río Negro", ocurrida en 1982.
Pese a la intensa campaña contra las PAC y el servicio militar forzoso, el presidente De León Carpio, contrariando su anterior posición, afirmó que mantendría ambos institutos mientras no se solucionara el conflicto armado. El 5 de agosto, el gobierno declaró desaparecido el "archivo", que mantenía expedientes de ciudadanos considerados "peligrosos" para la seguridad del Estado, con lo cual se eliminaron pruebas contra responsables de violaciones a los derechos humanos.
El Plan de Gobierno 1994-1995, presentado en agosto, reafirmó la política de ajuste estructural, priorizó el cese de la intervención estatal en la economía, la reforma financiera y la privatización de empresas públicas.
La meta declarada de De León Carpio era la lucha contra la corrupción en los poderes del Estado. El 26 de agosto el presidente exigió la renuncia de los diputados y de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se inició un enfrentamiento entre el presidente y el Congreso, que dio paso a una lucha de intereses económicos y partidarios, y que culminó con una propuesta de reforma constitucional pactada entre el Ejecutivo y el Congreso. Se fijó para el 30 de enero de 1994 la celebración de un plebiscito en el que la ciudadanía debía pronunciarse acerca de la depuración de los poderes públicos y la reforma constitucional.
Luego de una ocupación de 22 días de la oficina local de la OEA por parte de militantes del Comité de Unidad Campesina y de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala, unos 5.000 indígenas efectuaron una marcha exigiendo la disolución de las PAC.
En enero de 1994 y sin mediar un cese del fuego, el gobierno y la guerrilla firmaron acuerdos para el reasentamiento de la población desplazada por el conflicto armado. Gracias al acuerdo 870 personas pudieron asentarse en las zonas de Chaculá, Nentón y Huehuetenango, pero la mayoría de las regiones de reasentamiento permanecían bajo control del ejército.
Un referéndum constitucional realizado en esa misma fecha registró una abstención del 85%. El 69% de los votantes se pronunció en favor de un nuevo Congreso y una nueva Suprema Corte. En elecciones en que el abstencionismo fue similar, el Frente Republicano Guatemalteco conducido por el ex dictador Efraín Ríos Montt obtuvo la mayoría. En segundo término se ubicó el Partido Progresista Nacional.
Mónica Pinto, la observadora de la ONU en Derechos Humanos, recomendó la desmilitarización de la sociedad mediante la reducción paulatina del ejército, la disolución de las PAC y del Estado Mayor Presidencial y la creación de una Comisión Verdad.
A comienzos de 1994 y luego de un prolongado silencio, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció a Bélice como estado independiente, pero mantuvo el reclamo territorial en tanto no se estableciera una frontera.
En marzo el gobierno y la URNG ratificaron un acuerdo en torno a la disolución de las PAC y la verificación internacional de la ONU en materia de derechos humanos. Tres días después fue asesinado el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón.
En abril la policía desalojó a 300 familias de campesinos que habían ocupado una finca en Escuintla. En mayo regresó un nuevo contingente de casi dos mil refugiados rumbo a la zona del Quiché, que continuaba ocupada por el ejército.
En Oslo, Noruega, la URNG y el gobierno firmaron en junio un acuerdo marco para el "Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado". Se reconocieron las Comunidades de Población en Resistencia como población civil no combatiente y se reconoció explícitamente la importancia vital de la tierra para estas poblaciones desarraigadas. El segundo acuerdo de Oslo contempló la no individualización de responsables de violaciones a los derechos humanos como forma de neutralizar la acción de los sectores contrarios a una salida negociada.
Los ingresos provenientes del turismo se redujeron en US$100 millones debido a la huelga de hambre realizada por una ciudadana estadounidense en reclamo de la libertad de su marido, detenido en 1992 por supuestos vínculos con organizaciones de izquierda, y porque otra estadounidense, sospechosa de participar en el tráfico de bebés, había sido brutalmente golpeada por una multitud.
Las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno no avanzaron durante 1995 debido a las elecciones, el desinterés del ejército y los terratenientes y la debilidad del gobierno ante éstos. La misión de la ONU reportó que la impunidad continuaba siendo el mayor obstáculo al respeto a los derechos humanos, y describió cientos de casos de torturas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
En agosto de 1995 el presidente del Congreso Efraín Ríos Montt y otros dos miembros del FRG perdieron sus fueros parlamentarios y fueron juzgados por la Suprema Corte por intervención de teléfonos, falsificación de documentos y usurpación de poderes.
En las elecciones generales de noviembre Alvaro Arzú, candidato del Partido Progresista Nacional, obtuvo el 42% de los
votos, en tanto que su rival más cercano, Alfonso Portillo Cabrera, del FRG, tuvo casi la mitad. En la segunda
ronda, efectuada el 7 de enero de 1996, Arzú resultó electo presidente. El abstencionismo llegó a la cifra récord de 63%.
En diciembre de 1996 el nuevo gobierno y la URNG firmaron --primero en Europa y luego en México y Guatemala--
una serie de acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra de varias décadas y que había costado alrededor de 100.000
vidas. El cese del fuego fue respetado y coincidió con un sensible aumento de la criminalidad. Se estimaba que en
ese momento el 80% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza.
En diciembre de 1997, Guatemala se ubicó entre los cinco países de América Latina más afectados por los cambios climáticos producidos por la corriente de El Niño. El pasaje del huracán Mitch por Centroamérica en setiembre de 1998 provocó, según las cifras preliminares de la CEPAL, daños del orden de 5,36 millones de dólares y dejó un saldo de unos 24.000 muertos, 256 de ellos guatemaltecos. Más de 100.000 personas perdieron su vivienda y el empeoramiento de las condiciones sanitarias dejó al país en "situación de emergencia".
La investigación de delitos contra los derechos humanos durante el período de guerra produjo una avalancha de amenazas contra investigadores y miembros del poder judicial. Después de presentar un informe condenando a los militares por las matanzas, el obispo Juan Gerardi fue asesinado en 1998. El fiscal que investigaba el caso huyó a Estados Unidos, donde solicitó asilo, alegando que había sufrido fuertes presiones y varias amenazas de muerte. En octubre de ese año, el gobierno hizo desenterrar centenas de cuerpos que se encontraban en los terrenos de una unidad de élite de la policía en la capital. Un informe de las Naciones Unidas estimó ese mismo año que el 96% de las muertes ocurridas durante la guerra eran responsabilidad del ejército y las fuerzas armadas.
En la segunda vuelta de las elecciones, realizadas el último domingo de diciembre de 1999, Alfonso Portillo, del FRG, conquistó el 68% de los votos, derrotando a Oscar Berger, del oficialista PAN. La abstención llegó al 59%, mientras que en la primera vuelta participó más del 50% de los habilitados.
Guatemala presentó a comienzos de 2000 una demanda territorial por algo menos de la mitad del territorio de la vecina Bélice. El país reconoció la independencia de la ex colonia británica en 1991, pero todavía reclama esa parte del territorio. Representantes de ambas partes dialogaron brevemente en Miami en febrero y marzo de 2000, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos, OEA.
La sequía que sufrió el país durante 2001 trajo como consecuencia una hambruna que, hacia mediados de año, tuvo como saldo la muerte de 41 personas. El presidente Portillo declaró "estado de calamidad nacional" por 30 días, y solicitó ayuda internacional para paliar la situación. El informe elaborado por la ONU considera que el 80% de los guatemaltecos vive en condiciones de pobreza extrema.
Debido a las amenazas de muerte que recibieron, los dos fiscales y una jueza que se hicieron cargo de la investigación del asesinato del obispo Gerardi se autoexiliaron en el extranjero. Antes de partir hacia España, la jueza Yassmin Barrios logró aclarar el asesinato y enviar a la cárcel a los tres militares y al sacerdote responsables.
Según el presidente de la Corte Suprema, en 2001 23 jueces fueron objeto de amenazas e intimidaciones al momento de la segunda visita del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Param Cumaraswamy. "La impunidad sigue reinando en Guatemala, y el gobierno no ha dado muestras de voluntad política para terminar con esa situación", señaló Cumaraswamy.
El presidente Portillo fue acusado de desviar fondos públicos a cuentas personales en el extranjero por el diario Siglo XXI. Son reiteradas las informaciones de prensa relativas a funcionarios implicados en el manejo indebido de recursos y a intimidaciones contra miembros del poder judicial que impiden el normal curso de los procesos.
En 2002, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala quitó la inmunidad parlamentaria a Ríos Montt y a 23 diputados; esto favorecería el procesamiento del ex presidente del Congreso, por alterar montos de una ley impositiva en favor de una empresa de bebidas alcohólicas. La Fundación Rigoberta Menchú (FRM) abrió en 2001 una causa ante la justicia española, bajo cargos de genocidio, torturas y desaparición forzada de personas, buscando una vía alternativa que procesara a Ríos Montt y a los militares responsables de la muerte de 200 mil guatemaltecos. Ese año, Guillermo Ovalle de León, miembro de FRM, fue asesinado. Un gran número de defensores de los derechos humanos, periodistas y personas que buscaban esclarecer los crímenes, fueron intimidados y atacados.
Tambien en 2002, Guatemala y Belice acordaron un borrador que terminaría el largo enfrentamiento fronterizo. Para dirimir el asunto, ambas naciones implementarían plebiscitos. Ese año, Portillo fue acusado de desviación de fondos públicos a cuentas personales en el extranjero: los periodistas Rodolfo Flores, (Siglo XXI, Guatemala) y Rolando Rodríguez, (La Prensa, Panamá), revelaron la apertura de cuentas bancarias en Panamá, en bancos locales y "off shore" de funcionarios, amigos y familiares del presidente y de su vicepresidente. Portillo, acusó a la prensa de «Sobredimensionar los casos de corrupción con fines partidarios».
En 2003, el Juzgado Central de Instrucción No. 1, de la Audiencia Nacional de España admitió el recurso promovido por la FRM para procesar a seis militares, entre ellos a Ríos Montt, y a dos civiles, por los asesinatos de cuatro sacerdotes y tres diplomáticos de nacionalidad española. En Guatemala, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) presentó una demanda en contra Ríos Montt, por el genocidio contra pueblos indígenas. Las organizaciones de derechos humanos esperan que los Tribunales españoles tramiten órdenes internacionales de captura contra los denunciados.
Ese año, Oscar Berger (Gran Alianza Nacional), triunfó ante Álvaro Colom, de Unión Nacional de la Esperanza. La Misión de Verificación de la ONU en Guatemala (MINIGUA) presentó un informe acerca de los hechos que rodearon las elecciones: actos de intimidación, acoso, persecución y asesinato de activistas y líderes de los partidos políticos de la oposición, sobretodo en el interior del país. Los ex Patrulleros de las PAC contribuyeron con violencia al clima de inseguridad, según el Comité Campesino del Altiplano (CCDA). Partidarios de Ríos Montt realizaron violentas jornadas de protesta, reclamando su candidatura en los comicios. Diversas entidades y defensores de derechos humanos acusaron al FRG de instigar los hechos, en los que murió un periodista y otros fueron atacados.
Berger, que asumió un país inmerso en la pobreza y la inseguridad, se comprometió a fortalecer la confianza en las instituciones, a invertir en salud, educación y tecnología, a combatir la corrupción e implementar un plan de seguridad ciudadana. Además, a recuperar la infraestructura productiva, e invertir en carreteras, puertos y aeropuertos, modernizar la Policía Nacional Civil y, combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Al asumir en 2004, Berger invitó repetidamente a Rigoberta Menchú y a Helen Mack (líder social), a trabajar junto a su gobierno. Fnalmente ambas líderes aceptaron la propuesta; el mandatario declaró que no se puede hablar de unidad nacional, sin impulsar los Acuerdos de Paz. Ese mismo año, el gobierno y la ONU, firmaron un acuerdo para crear una Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, encargada de investigar a los responsables de violencia política.
En noviembre de 2004, tras una jornada de protestas en todo el país, el Congreso de Guatemala aprobó una ley de "urgencia nacional" para compensar económicamente a ex paramilitares. Los legisladores autorizaron un cifra superior a los 100 millones de dólares para indemnizar a paramilitares que participaron varias décadas en el conflicto interno de 1996. Según portavoces de los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), alrededor de 10 mil manifestantes bloquearon los caminos, puertos y aeropuertos para exigir el pago inmediato del dinero. La Corte de Constitucionalidad había rechazado recientemente una ley similar, debido a una solicitud de organizaciones de DDHH. Las organizaciones sostuvieron que los ex paramilitares no deberían ser compensados pues cometieron atrocidades durante la guerra civil entre 1960 y 1996.
El informe de Desarrollo Humano publicado en marzo de 2005 señaló que cinco de cada 10 habitantes de Guatemala seguían siendo pobres y que, de éstos, uno de cada cinco era paupérrimo, lo que mostraba que los indicadores se mantenían invariables desde 2002. El área más afectada del país era la noroccidental, con mayor concentración de población indígena, donde 1,2 millones eran pobres, seguida del norte, que registraba 809.000 personas en la pobreza general. En cifras generales, el 60% de los guatemaltecos vivía en la pobreza, y el 20% de ellos en situación de pobreza extrema.
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Créditos y Agradecimientos
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