Información General

• Nombre oficial: Reino de España

• Superficie: 499.440 Km²

• Capital: Madrid 4.070.000 hab. (1999).

• Idioma: Castellano (español) -oficial nacional- hay también idiomas oficiales regionales como el euskera, el catalán, el valenciano, el gallego y el mallorquín. Idiomas regionales no oficiales: fabla aragonesa, asturiano, canario, extremeño o castúo; y los idiomas gitanos: caló y romaní.

• Religión: católicos 95%; musulmanes, 1,2 %.

• División administrativa: España está dividida en 17 comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla León. Cada una de ellas tiene un régimen institucional propio, con un poder ejecutivo unipersonal y un legislativo unicameral.

• Tipo de Gobierno: Monarquía constitucional, con el rey como jefe de Estado. Presidente del Gobierno (cargo equivalente a primer ministro). El parlamento (Cortes) es bicameral: Cámara de Senadores (250 integrantes), Cámara de Diputados (350 integrantes).

• Partidos políticos: Partido Popular; Partido Socialista Obrero Español; Izquierda Unida. Plataformas políticas de movimientos nacionalistas con representación parlamentaria: Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Partido Andalucista, Ezquerra Republicana de Catalunya, Eusko Alkartasuna, Chunta Aragonesista. Extraparlamentarios: Bloc Nacionalista Valenciá, Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano, Coalición Extremeña, Partido Regionalista de Cantabria.

• Organizaciones sociales: desde la época franquista, el movimiento sindical se organizó en varias centrales. Las dos principales son la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), coexistiendo con las organizaciones anarquistas, Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Sindicatos rurales, como la COAG.

• Fiestas nacionales: 12 de octubre (Dia de la hispanidad-1492).

• Geografía y recursos: El territorio se extiende sobre el 82% de la península ibérica y las islas Baleares y Canarias. El centro del país es una meseta; al norte están los Pirineos, límite natural con Francia. Al sur se extienden las Cadenas Béticas. En el interior de la península se levantan las Sierras Centrales, que separan las mesetas de Castilla-León y Castilla-La Mancha. En la cuenca del Ebro, al noreste, se extienden las llanuras de Cataluña, Valencia y Murcia, y en la cuenca del Guadalquivir, al sur, la llanura de Andalucía. Tiene clima húmedo y moderado, con presencia de bosques en el norte y noroeste; en el interior, en el sur y en el oeste, el clima es seco. El 40% de la tierra es cultivable. Aproximadamente el 5% de la superficie total es área protegida. Los recursos naturales incluyen carbón, algo de petróleo y gas, hierro, uranio y mercurio. La industria, en rápido crecimiento, se concentra en Cataluña y el País Vasco, éste cuenta con altos hornos y fabrica papel.
  
  Las emisiones de contaminantes del aire y del agua, per cápita, superan la media de Europa occidental. Desde 1970, se ha duplicado el uso de fertilizantes nitrogenados. Las concentraciones de nitrato en el río Guadalquivir están por encima de 25% desde 1975. La población que cuenta con saneamiento ha crecido desde 14% en 1975 a 48% a fines de 1980. Esto sumado a los residuos de la refinación de petróleo y la producción de gas ha elevado la contaminación del Mediterráneo.
  
  El Estado ha puesto en marcha un plan de reforestación para incrementar la producción y detener la erosión. Muchos de los nuevos plantíos se han detenido por las recientes pérdidas debido a incendios forestales. Pero las plantaciones de monocultivos, particularmente de eucalipto, no toman en cuenta la biodiversidad. Aproximadamente el 22% de los bosques de España ha sufrido algún grado de defoliación.
  
  La proliferación ilegal de cementerios de residuos tóxicos y peligrosos cercanos a centros de población es una grave preocupación ambiental, principalmente en el mundo rural del interior de la península.

• Pueblo: varios grupos étnico-culturales (castellanos, asturianos, aragoneses, andaluces, valencianos, catalanes, canarios, extremeños, vascos y gallegos), provenientes sobretodo de la fusión de los pueblos íberos -de origen mediterráneo que se extendían por el Levante- y los celtas -de procedencia centroeuropea- con los árabes de África del Norte. Minoría gitana, y aumento creciente de comunidades inmigrantes, especialmente latinoamericanos, norteafricanos y asiáticos.

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La Historia
(hasta octubre del año 2004)

Entre los siglos IX y VIII A.C. los celtas se fueron asentando en el centro y el oeste de la península ibérica. Más adelante, durante los siglos VI y V A.C., se desarrolló al sur de la península, la cultura íbera. La fusión de estas dos culturas dio origen a los que se conocen como pueblos celtíberos, que fueron sucesivamente colonizados por los fenicios, los griegos y los romanos.

La desaparición del imperio romano coincide con la expansión del cristianismo y fundamentalmente con las invasiones de pueblos germánicos que asolaron Europa y culminaron en la península ibérica con el asentamiento de los visigodos, que impusieron su autoridad durante los siguientes tres siglos.

En el 700 D.C. la península fue invadida por los árabes que derrotaron a Rodrigo, el último rey visigodo, dando comienzo a ocho siglos de dominación musulmana. Los descendientes de los visigodos, concentrados en el norte del territorio, se fueron organizando en reinos (Castilla, Cataluña, Navarra, Aragón, León, Portugal), y a través de los siglos realizaron un lento proceso de unificación que se consolidó en su lucha contra los árabes.

Los árabes llamaron Al-Andalus a las tierras del sur de la península ibérica. Durante el siglo X Al-Andalus alcanzó su apogeo y en contraste con el resto de la Europa rural y empobrecida, sus ciudades (Córdoba principalmente) se desarrollaron prósperas gracias al activo comercio con Oriente. La tolerancia religiosa permitió la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos y un gran desarrollo de la ciencia, la medicina y la filosofía. Se realizaron copias y traducciones de los pensadores griegos clásicos, preparando el camino para el Renacimiento europeo del siglo XV.

En 1492 se operó en España el triple proceso de la unificación nacional a traves del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la expulsión de los moros y la conquista y posterior colonización de los nuevos territorios americanos. La unidad del poder político y la creación del reino de España, se realizó a expensas de la expulsión de los judíos que habían habitado el territorio durante muchos siglos y de otras culturas, al tiempo que entronizó la Inquisición y centralizó el poder. Al mismo tiempo, los nuevos dominios americanos abastecieron de metales preciosos a la metrópoli y permitieron tres siglos de bonanza económica. Las culturas indígenas soportaron la doble incidencia de la evangelización impuesta por la corona y la explotación de su fuerza de trabajo, lo que ocasionó la desaparición de muchas de ellas.

La prosperidad económica generada por las colonias se correspondió en la metrópoli con un período de gran desarrollo de las artes y particularmente de la literatura, que conoció durante los siglos XVI y XVII un momento culminante en el llamado Siglo de Oro Español.

Con el siglo XVIII comenzó en España la dinastía de los borbones que reorganizaron la administración del país y de sus dominios en América y gobernaron inspirados en los principios de la Ilustración. En los años siguientes, la difusión por toda Europa y América de las ideas liberales de la Revolución Francesa y la posterior expansión napoleónica sobre la península ibérica, debilitaron los lazos que unían a la metrópoli y sus colonias, que comenzaron de inmediato un largo período de guerras por la independencia.

Finalizada la dominación napoleónica, se sucedieron las luchas entre sectores liberales modernizadores y los absolutistas conservadores del orden tradicional. Durante el siglo XIX España resignó sus territorios americanos y debió asumir la pérdida definitiva del lugar de privilegio que llegó a ocupar en el escenario mundial.

El siglo XX encontró a España sumida en una profunda crisis política, social y económica que la Primera Guerra Mundial no hizo sino agudizar. En medio de una extrema polarizacion, la dictadura de Primo de Rivera, surgida del golpe de Estado de 1923, busco frenar el avance de los reclamaciones obreras y autonomistas. El gobierno, de gran similitud con el modelo fascista imperante en Italia, persistió hasta 1931, cayendo más por efecto de las contradicciones entre las fuerzas que lo sostenían -Iglesia, fuerzas armadas e industriales-, que por el accionar de la oposición política y sindical. El fin de la dictadura fue también el de la monarquía que la había apoyado y el comienzo de una nueva etapa republicana.

La llamada Segunda República nació en medio de una serie de dificultades políticas y económicas de muy compleja resolución. Luego de dos gobiernos moderados, el ajustado triunfo electoral del Frente Popular integrado por socialistas, republicanos, comunistas y anarquistas en 1936 terminó de antagonizar las posiciones políticas.

Inmediatamente después de las elecciones, ejército, Iglesia y poderosos sectores de la economía española comenzaron a trabajar para derrocar el gobierno, debilitrado por disidencias in ternas. En 1936 un sector importante del ejército liderado por el general Francisco Franco se alzó contra la República y dio comienzo a tres años de guerra civil. El gobierno republicano esperó inútilmente el auxilio de las democracias europeas, que se pronunciaron a favor de la no intervención en el conflicto. La Unión Soviética fue el único Estado que apoyó materialmente al gobierno republicano y un gran número de voluntarios de América y Europa se integraron a sus filas.

Las divisiones internas de las fuerzas republicanas, la superioridad en armas y organización de las tropas leales a Franco, apoyadas por Alemania e Italia, fueron las claves para la victoria franquista de marzo de 1939.

Finalizada la guerra civil, Franco se convirtió en el jefe del nuevo Estado español. Instauró un régimen autoritario, cercano al fascismo, con un modelo de Estado corporativista, de exaltación de la figura del líder y un nacionalismo exacerbado. Franco debió gobernar una sociedad polarizada con una economía prácticamente destruida por la guerra civil. Desde el comienzo de la Guerra Fría Estados Unidos intento convertir a España en un aliado seguro y a esto respondio su integración a las Naciones Unidas en 1955, lo que confirmó un viraje en la política exterior aislacionista del régimen, preocupado ahora por mejorar su imagen internacional.

En la década de 1960 Franco abrió las puertas del gobierno a otros grupos y movimientos. En esos años se incorporaron a puestos claves del gobierno numerosas figuras pertenecientes al Opus Dei (católicos conservadores) que modificaron la orientación económica del país.

España abandonó su aislamiento y liberalizó su economía, eliminando muchos de los controles estatales. Las clases medias urbanas gozaron en este período de una sustancial mejora de su nivel de vida lo que permitió una distensión política importante. Sin embargo, el medio rural continuó sumido en la pobreza y vio cómo una parte significativa de su población partía con destino a las grandes ciudades españolas o de otros países de Europa.

En 1975, la muerte de Franco (autoproclamado regente de la corona en 1947) colocó el poder en manos de su sucesor, el heredero de la corona española Juan Carlos I de Borbón, quien rápidamente inició negociaciones con la oposición para restablecer el sistema democrático quebrado en 1939. Entre 1976 y 1981 Adolfo Suárez, líder de la Unión de Centro Democrático (UCD), ocupó el cargo de primer ministro. En diciembre de 1978 se realizó la consulta popular que convirtió a España en una monarquía parlamentaria, restableció el libre accionar de los partidos políticos y garantizó el derecho de las distintas nacionalidades españolas a la autonomía. Numerosas figuras políticas, intelectuales y artistas pudieron regresar al país, en algunos casos después de cuarenta años de exilio.

En febrero de 1981 un grupo de oficiales de la Guardia Civil tomó por asalto las Cortes e intentó derribar el gobierno. La firme reacción de todos los grupos políticos democráticos y en especial del Rey Juan Carlos (que recibió el respaldo de las fuerzas armadas) hizo fracasar el plan y consolidó el proceso democrático.

Desde las elecciones de octubre de 1982 en que triunfó el Partido Socialista Obrero Español, con sólida mayoría en las Cortes, Felipe González ocupó el cargo de Presidente del Gobierno, equivalente a primer ministro, revalidado en las posteriores elecciones de 1988 y 1993.

La mayoría parlamentaria que, pese al desgaste mantuvo desde entonces el gobierno en manos del PSOE, le posibilitó realizar un plan de ajuste y crecimiento. Los niveles de consumo mejoraron, pero se mantuvieron índices muy altos de desocupación y tensiones entre el gobierno y la UGT, sindicato que respondía a las orientaciones del PSOE.

Tras un periodo de accionar intenso, la ETA, organización separatista del País Vasco que propone la vía armada para alcanzar sus objetivos políticos, sufrió duros reveses en 1993. El trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad francesa y española condujo al arresto de algunos de sus líderes y al descubrimiento en Bayona, Francia, del arsenal principal de la organización.

A nivel internacional el gobierno español ha mantenido una política muy activa; forma parte de la OCDE y del consejo de Europa. Se integró en 1986 a la Comunidad Europea y a la OTAN, esta última cuestionada por el PSOE mientras estuvo en la oposición, pero defendida a ultranza y confirmada por una consulta popular al alcanzar el gobierno.

España mantiene una antigua disputa con Gran Bretaña por la posesión de Gibraltar, en poder de los ingleses desde 1704; a su vez conserva las plazas de Ceuta y Melilla, reclamadas por Marruecos. Pese a los acuerdos logrados con Estados Unidos para una reducción de su presencia militar, fue desde sus bases que partieron los B-52 estadounidenses que bombardearon a Irak en la guerra del Golfo.

España gastó 10 mil millones de dólares en 1992 para celebrar los 500 años de la conquista de América, al mismo tiempo que iniciaba un giro político hacia Europa. Las exigencias de la política europea produjeron un enfriamiento de sus tradicionales vínculos con América Latina.

La voluntad de alinear el país con los estándares europeos llevó al gobierno a realizar ese año recortes en defensa, gasto público y los subsidios al sector industrial. En noviembre el Parlamento ratificó el tratado de Maastricht. La propuesta legislativa que habilitaba el despido y traslado de trabajadores provocó una huelga general en enero de 1994, pero se aprobó de todas formas con el argumento de que era esencial para la competitividad. La desocupación alcanzó al 22%, el nivel más alto en la Unión Europea.

Numerosos dirigentes del partido Socialista estuvieron implicados en investigaciones de fraude. Entre ellos fueron encarcelados el ex gobernador del Banco de España, el ex gerente de la Reserva Cambiaria de Madrid y el financista Mario Conde, ex supervisor de la venta del Banco Español de Crédito (Banesto).

Debido a los numerosos escándalos, el gobierno socialista perdió en 1995 una parte clave de su respaldo parlamentario. El grupo nacionalista catalán Convergencia y Unión le retiró su apoyo en julio y votó el presupuesto con el PP. Al mismo tiempo que defendía su actuación personal y la de su gobierno, González adelantó las elecciones un año respecto a lo previsto.

El inminente triunfo electoral de la derecha llevó a la ETA a cambiar de estrategia: en enero asesinó al líder del PP en la provincia de Guipúzcoa y en abril atentó contra la vida del candidato a primer ministro del PP José María Aznar. En las elecciones regionales de mayo, el PP ganó cómodamente 10 de los 13 gobiernos.

Un ex jefe de seguridad y un funcionario socialista fueron procesados por su conexión con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que las investigaciones judiciales vinculaban a las fuerzas de seguridad. Uno de ellos declaró a la Corte que el propio Felipe González había sido responsable de los GAL, culpables de la muerte de 27 personas en la frontera con Francia en la llamada "guerra sucia" contra la ETA. Un ex ministro del Interior también fue investigado por pagar a funcionarios franceses para que colaboraran en la persecución de los etarras.

Conflictos pesqueros enfrentaron a España con Canadá y con Marruecos. Ambos terminaron con la participación de la Unión Europea en acuerdos que limitaron su acción en las aguas territoriales de los países implicados. Desde el 1° de julio de 1995 España tuvo la presidencia de la Unión Europea y tomó la iniciativa de realizar varias cumbres internacionales. La oposición cuestionó sin embargo la habilidad del gobierno para cumplir los requisitos necesarios para integrarse al sistema de moneda europea única previsto para 1997.

El Partido Popular, con 38,9% de los votos, ganó las elecciones parlamentarias en marzo de 1996 . En segundo lugar se ubicó el PSOE con 37,5% y  en tercero la IU con 10,6%. El 5 de abril, el líder del PP, José María Aznar, ocupó el cargo de primer ministro.

En el plano internacional el gobierno de Aznar buscó el aislamiento de Cuba al proponer que la UE aplicara sanciones contra la isla y disponer la suspensión de créditos que su país tenía comprometidos con el gobierno de Fidel Castro.

A fines de 1996 y comienzos de 1997 se produjeron fuertes enfrentamientos en el País Vasco. En febrero más de la mitad de la dirección del Herri Batasuna fue detenida en averiguaciones por haber cedido espacios de propaganda electoral (a los que tiene derecho por ley) a ETA, mientras esta organización realizaba violentos atentados en diferentes partes del país.

En agosto de 1997 un comando del grupo vasco secuestró a Miguel Angel Blanco, militante del PP y concejal de un pequeño pueblo en el País Vasco. La organización anunció que iba a ejecutarlo en 48 horas si el gobierno español no ordenaba el reagrupamiento de los presos de la guerrilla en cárceles vascas. Cumplido el plazo Blanco fue asesinado, lo cual desató una reacción negativa inmediata en todo el país. El gobierno y la oposición, excluyendo a Herri Batasuna, sellaron un acuerdo contra la violencia política, mientras millones de personas salían a las calles para repudiar el asesinato. Las manifestaciones tuvieron una asistencia posiblemente mayor a la de cualquier otro suceso político español en la segunda mitad del siglo.

ETA declaró un cese el fuego en setiembre de 1998. Todos los sectores nacionalistas vascos, incluyendo al Partido Nacionalista Vasco y ex integrantes de Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Estella, una alianza de partidos nacionalistas vascos que, con el lema "los vascos se gobiernan a sí mismos", ganaron, en conjunto, las elecciones locales en 1999. ETA reanudó las acciones armadas en setiembre -haciendo detonar varias bombas y matando a tres personas- y rompió el pacto.

La reducción del desempleo producida por las medidas económicas del gobierno de Aznar y la calificación de España para adoptar la moneda única europea explicaban el apoyo brindado al PP en las encuestas preelectorales. El resultado sorprendió, sin embargo, en marzo de 2000, porque el PP conquistó la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que le facultó para gobernar sin necesidad de coaliciones.

La Ley de Extranjería, aprobada en agosto de ese año, recibió fuertes críticas desde los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales, así como manifestaciones populares de rechazo. Si bien la ley buscó regular los derechos y obligaciones de los extranjeros, como el derecho a la libertad de circulación, a la participación pública, de reunión y manifestación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, la libertad de sindicación y huelga, entre otros, sus críticos siguen señalando que limita los derechos de los inmigrantes. Para enero de 2001, entre 30.000 y algo más de 100.000 inmigrantes -según distintos cálculos- quedaron en condiciones legales y laborales ínfimas, por no haber podido acogerse al proceso extraordinario de regularización.

A fines de 2000 comenzó a dispararse la inflación. A pesar de que bajo el gobierno de Aznar el desempleo había caído, siguió ubicándose en el 14%, el índice más alto de la UE. En 2001,la española fue una de las economías de más rápido crecimiento dentro de la UE. A pesar de que la inflación rondaba el 4%, la economía ayudó a Aznar a enfrentar un año agitado en lo político, por diferentes escándalos financieros que involucraban a funcionarios de gobierno, deficiencias en la implementación de la Ley de Extranjería y las controvertidas reformas universitarias que, a fines de ese año, llevaron a los estudiantes a realizar huelgas, manifestaciones y sentadas junto a sus rectores y profesores.

Las tensiones con Marruecos salieron a la superficie debido a la respuesta de Madrid a los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Washington y Nueva York, que incluyeron el endurecimiento de los controles en los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla (en la costa marroquí) y sugerencias a Rabat para que "hiciera más" por limitar el flujo de inmigrantes ilegales hacia España. Por otra parte, los signos de acuerdo entre Madrid y Londres sobre el estatuto futuro de Gibraltar en 2002, intensificaron el malestar de Rabat, que reclama Ceuta y Melilla. .

A pesar de los índices de crecimiento, persiste la desigualdad en términos de infraestructura, índices de empleo, etc. entre las regiones litorales y las del interior. Un notorio episodio de esta creciente desigualdad ha sido el proyecto de trasvase del Ebro, el río más caudaloso de la península, hacia la zona costera para campos de golf y agricultura especializada. A pesar de la repulsa parlamentaria, las protestas de Aragón (cuya única fuente acuífera es el Ebro), y las manifestaciones multitudinarias en Zaragoza y en Madrid, el gobierno ha seguido adelante con el proyecto.

La pobreza en España afecta a 22.1% de la población (7,5 puntos más que el promedio de la Unión Europea); el 44% de los pobres tiene menos de 25 años, lo que representa un fenómeno relativamente nuevo. Se estima que hay unos 300.000 niños menores de edad que trabajan en el país. En noviembre de 2001, el presidente del Comité Español de UNICEF, Joaquín Ruiz-Giménez, señaló que, todavía, cerca de 100.000 niños en España son sometidos a "trabajos asalariados en condiciones indignas".

En enero de 2002, España asumió la presidencia rotativa de la UE. Aznar hizo del combate al terrorismo la prioridad en su agenda europea, aunque el funcionamiento del euro, la nueva moneda europea, y la expansión de la UE eran temas espinosos que su administración debía abordar. En marzo, el gobierno español deslizó que sería inconveniente desarrollar el debate anual sobre el estado de la nación en plena presidencia europea. El PSOE exigió la celebración urgente del debate y su portavoz parlamentario, Jesús Caldera, precisó que el gobierno debía dar explicaciones sobre la situación económica, laboral, social, educativa y las "peligrosas contrarreformas que lleva a cabo y no sólo de terrorismo".

El hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia en noviembre de 2002 causó un desastre ecológico de enormes proporciones, llegando a afectar también las costas del suroeste de Francia. Dos meses después otro barco, el Spabunker IV, se hundió cerca de Gibraltar provocando también un derrame de petróleo. Estos accidentes provocaron una polémica interna acerca de la imprevisión gubernamental ante las distintas contingencias ambientales y sobre los riesgos que supone el transporte masivo de combustibles en aguas territoriales.

El 16 de marzo de 2003, en el marco de una política de alineamiento creciente con Washington, Aznar asistió a una cumbre con el presidente estadounidense George W. Bush y el primer ministro británico Tony Blair en el archipiélago portugués de las Azores. Allí, los tres mandatarios dieron al Consejo de Seguridad de la ONU 24 horas de plazo para aprobar una resolución que exigiese el desarme inmediato de Irak –país al que acusaban de poseer armas de destrucción masiva– como alternativa a una invasión encabezada por Estados Unidos. El Consejo de Seguridad rechazó el ultimátum, y la invasión subsiguiente fue respaldada por el gobierno de Aznar, que primero brindó apoyo logístico y luego aportó 1.300 soldados a las fuerzas de ocupación, pese a que las encuestas mostraban que el 90% de los españoles se oponía a la guerra.

El 11 de marzo de 2004, tres días antes de la celebración de elecciones generales, varias bombas colocadas en trenes de pasajeros estallaron en la estación madrileña de Atocha y sus inmediaciones. Según datos oficiales murieron 190 personas, de las cuales la cuarta parte eran extranjeras. Al día siguiente, más de once millones de españoles salieron a las calles para manifestar su rechazo al terrorismo. Pese a que la red Al Qaeda reivindicó los atentados y los atribuyó al apoyo español a EEUU, el gobierno y los medios de comunicación oficiales insistieron en la hipótesis de una presunta autoría de ETA. En vísperas de los comicios, miles de manifestantes se agolparon ante locales del PP en diversos puntos del país para reclamar toda la información disponible sobre la investigación del caso.

Las elecciones del 14 de marzo, en las que la participación superó todas las expectativas, dieron una inesperada victoria a José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del PSOE que, sin embargo, no obtuvo la mayoría absoluta. Zapatero prometió reorientar hacia Europa la política exterior española, aplicar una política económica con énfasis en lo social y retirar de Irak las tropas españolas a menos que la ONU asumiese el mando de la ocupación. El retiro de Irak fue una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo presidente del gobierno al asumir el cargo, en abril de 2004.

En octubre de 2004, se formuló el anteproyecto de ley que convirtiría a España en el tercer país de Europa, luego de Holanda y Bélgica, en habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El anteproyecto beneficiaría a alrededor de cuatro millones de españoles y entraría en vigor, tras su debate en el parlamento, en los primeros meses de 2005. Con la modificación del Código Civil se igualarían los derechos de pensión, herencia y adopción para los homosexuales. Según un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, un 68% de la población opinaba que los homosexuales deben tener iguales derechos que los heterosexuales y un 66% aprobó el matrimonio homosexual.

Rodríguez Zapatero señaló que el proyecto de ley intentó equiparar los derechos de todos los ciudadanos para así erradicar parte de las discriminaciones que sufre el colectivo de homosexuales. Carlos Miranda, secretario de COGAM, una organización de gays, transexuales y bisexuales de Madrid, se mostró más que satisfecho con el anteproyecto y declaró que "No se puede entender una ley de matrimonio si no va acompañada de una ley de la adopción". Desde la Iglesia se temió una erosión de lo valores fundamentales de la sociedad. "Creemos que no responde a la verdad del matrimonio y por lo tanto que no le hace justicia", dijo el arzobispo de Madrid, Antonio María Ruoco Varela. José María Michavila, integrante del PP, declaró que al menos la mitad de la población no apoyó la medida y lamentó que el gobierno no hubiera dialogado lo suficiente con la oposición. No obstante, el PP había propuesto un día antes de la reforma al Código Civil uniones civiles para homosexuales, aunque sin derecho a la adopción.

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Créditos y Agradecimientos