El territorio actualmente conocido como Ecuador ha estado poblado desde al menos el año 2500 AC. La región fue en
buena medida una zona de frontera con influencias, entre otras, de las civilizaciones nazca, tiahuanaco-huari,
chibcha y también mexica. También se ha sugerido contacto con pueblos del Pacífico, japoneses o polinesios,
aunque sobre este aspecto existe todavía mucho debate. Se sabe con certeza que para el siglo XIV de la era
cristiana el territorio estuvo dividido entre varios estados guerreros y distintas lenguas. A inicios del siglo XV,
la nación cara, dirigida por la Dinastía Shiri, comenzó a expandirse al norte y centro de la pre-cordillera andina.
Los cara se asentaron en el reino de Quito, que era la unidad mayor de una confederación que no ha dejado registros
históricos. Por la misma época, tanto la nación Chimú, proveniente de la zona costera norte del Perú, como el
Imperio Inca comenzaron a ejercer presión sobre los cara y demás pueblos asentados en la región.
En 1478 el inca Tupac Yupanqui unificó en el Tahuantinsuyu a los pueblos agrícolas que habitaban desde el segundo
milenio A.C. el territorio del actual Ecuador. En pocos años, la región norte del país quechua, que tenía su centro
en Quito, adquirió gran importancia económica y fue centro comercial y cultural de una gran civilización. Pero la
rivalidad por la sucesión entre el quiteño Atahualpa y el cuzqueño Huáscar disminuyó el poderío del Imperio.
De esta situación sacaron partido los conquistadores españoles, quienes al mando de Sebastián de Benalcázar
sometieron al reino de Quito en 1534. Los americanos, hombres libres que trabajaban la tierra organizados en
comunidades (ayllus) se convirtieron en semiesclavos explotados bajo el régimen de "encomiendas".
El país primero formó parte del Virreinato del Perú, como Real Audiencia de Quito. Con el reordenamiento
efectuado por los Borbones en 1717, Quito pasó a integrar el Virreinato de Nueva Granada, que comprendía
los actuales Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela.
El general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar, venció a los realistas en la batalla de Pichincha,
que terminó con la dominación española en 1822. Ecuador se incorporó de esta manera al proyecto bolivariano de
la Gran Colombia.
En 1830, la Real Audiencia de Quito se separó de la Gran Colombia y adoptó el nombre de República del Ecuador.
En 1895 la Revolución Liberal comandada por Eloy Alfaro activó las esperanzas de las mayorías campesinas
acerca de una solución a la cuestión agraria. Los bienes de la Iglesia se estatizaron, pero los latifundios
no fueron afectados. Alfaro fue asesinado en 1912 y el país quedó bajó la influencia económica del imperio británico.
En 1914 Ecuador cedió a Colombia el territorio comprendido entre los ríos Caquetá y Putumayo. El presidente
electo en 1916 -el liberal Alfredo Baquerizo Moreno- promulgó la jornada de 8 horas.
Un golpe militar liderado por militares jóvenes en 1925 abre un nuevo periodo reformista, pero el régimen
no sobrevive a la crisis económica mundial de 1930. Se abre un periodo de inestabilidad, con 23 cambios
presidenciales entre 1925 y 1948.
En 1941, tras una breve guerra con Perú, Ecuador debe renunciar a sus reivindicaciones de soberanía sobre una
extensa parte de la Amazonia. El Protocolo de Paz firmado en 1942 en Rio de Janeiro, con Argentina, Brasil, Chile y
Estados Unidos como garantes, establece la frontera entre ambos países, pero gran parte de ella queda sin demarcar
en el terreno, en zonas de difícil acceso.
En 1944 una insurrección popular derrocó al presidente Carlos Arroyo, para instaurar un gobierno populista
encabezado por José María Velazco Ibarra e integrado por conservadores, comunistas y socialistas, bajo el nombre
de Alianza Democrática. La guerra fría hizo imposible esa alianza y pronto la izquierda comenzó a ser perseguida.
En 1962, bajo la presión de Estados Unidos, el gobierno de Carlos Arosemena rompió relaciones con Cuba.
El plátano, el café y el cacao representaban 80% de los ingresos del país a principios de la década de los 70.
En 1972 Ecuador comenzó a exportar petróleo y éste se transformó en el primer rubro de la economía. Ese mismo año
cambió también la situación política. El anciano líder populista Velasco Ibarra fue depuesto por cuarta vez por las
Fuerzas Armadas. Durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara el país se incorporó a la OPEP, el Estado
adquirió 25% de las acciones de la "Texaco-Gulf" e hizo una intransigente defensa de las 200 millas de mar
territorial ante las pretensiones pesqueras norteamericanas, lo que originó la llamada "guerra del atún".
En agosto de 1979 asumió la presidencia Jaime Roldós, candidato de la Concentración de Fuerzas Populares y de
la Democracia Popular. Ecuador restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, China y Albania, y el gobierno
trató de aplicar un programa que incluía la integración de poblaciones rurales y urbanas marginadas, pero debió
enfrentarse con un parlamento hostil y con la oposición norteamericana a su política de promoción de los derechos
humanos y contraria a las dictaduras del Cono Sur del continente.
A fines de enero de 1981 estalló la "guerra de los cinco días" entre Ecuador y Perú, con escaramuzas
en zonas fronterizas mal delimitadas por el Protocolo de 1942.
En mayo del mismo año, un accidente de aviación nunca aclarado provocó la muerte de Roldós, y asumió el mando
el vicepresidente Osvaldo Hurtado. Al año siguiente se produjo la más honda crisis social desde el alejamiento
de los militares del poder. En su génesis se detectaron, por un lado, la puesta en práctica de las recetas del FMI,
y por otro, una intención cada vez más ostensible de fortalecer el aparato bélico, con el objetivo de equilibrar
el poderío de las fuerzas armadas peruanas.
Las elecciones de 1984 dieron el triunfo al conservador León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano.
Febres Cordero cumplió en líneas generales su programa de gobierno: estimular la libre empresa, desarrollar
la agricultura y la minería, propiciar la inversión extranjera y entablar relaciones bilaterales con el FMI.
El acuerdo con los 400 bancos acreedores suponía destinar 34% de los ingresos por exportaciones al cumplimiento
de los nuevos compromisos.
En el campo internacional, Febres fue un ardiente defensor de la política de Reagan para Centroamérica.
En octubre de 1985 rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua y en varias ocasiones ayudó a financiar
viajes y gastos de líderes de la "contra" nicaragüense.
En las elecciones de mayo de 1988 venció el socialdemócrata Rodrigo Borja, quien asumió el cargo en agosto
de ese año con el apoyo de una coalición integrada por Izquierda Democrática, los democristianos de Osvaldo Hurtado
y una decena de partidos de izquierda.
Desde el principio el gobierno de Borja sufrió los embates de una inflación abrumadora y una grave situación
económica, en la que una deuda externa de 11.000 millones de dólares se sumaba a un déficit fiscal equivalente
a 17% del PIB, una reserva monetaria negativa de 330 millones de dólares y un desempleo cercano a 15%.
Durante 1990, el aumento de los precios internacionales del petróleo -que constituía 54% de las exportaciones
del país- y las medidas económicas adoptadas -reforma fiscal y severa contención del gasto público- contribuyeron
a una leve mejoría de la economía. Aumentó el producto bruto en 1,5%; disminuyeron la inflación y el déficit de
la balanza de pagos, pero el salario real decreció. El alto peso de la deuda externa presionó negativamente sobre
la recuperación económica.
En el plano político interno, Borja logró la desactivación de los "Comandos de Taura", que en enero
de 1987 secuestraron a Febres Cordero, y la integración a la vida política pacífica del grupo
guerrillero "Alfaro Vive", que un año después entregó sus armas a la iglesia católica.
En el orden internacional, el Ecuador de Borja participó activamente en los procesos de integración subregional,
respaldó al Grupo de los Ocho -que sustituyó al Grupo de "Contadora", encargado de mediar en la crisis
política de Centroamérica- y al Grupo de Río, retornó al Movimiento de Países No Alineados y se convirtió en sede
de frecuentes foros y reuniones del más alto nivel.
En mayo de 1990 los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela acordaron iniciar la eliminación
de las barreras arancelarias entre sus países a partir del 1° de enero de 1992, con el objetivo de crear un
Mercado Común Andino para 1995. Los líderes andinos subrayaron la importancia de unificar esfuerzos y coordinar con
Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico.
Con la toma de la iglesia de Santo Domingo de Quito, el 28 de mayo de 1990, los indígenas de la costa iniciaron
un levantamiento nacional, cuya fuerza sorprendió a todo el país. Reclamaban la tenencia de la tierra y el respeto
a los derechos humanos. Seguidamente, los aborígenes de la sierra y el oriente cerraron las carreteras. Múltiples
ciudades intermedias de la región andina fueron tomadas simbólicamente por decenas de miles de indígenas de las
comunidades vecinas. Posteriormente, los indígenas de la Amazonia efectuaron una marcha sobre Quito. La represión
provocó un muerto y varios heridos sin alcanzar la magnitud de represiones anteriores.
Poco después se inició un diálogo con el gobierno, con la mediación de la iglesia católica y representantes de
organismos defensores de los derechos humanos.
Las elecciones parlamentarias de junio de 1990 determinaron una severa derrota para el partido del presidente Borja,
con un ascenso de los conservadores representados por Partido Social Cristiano y también de la izquierda representada
por el Partido Socialista.
El 28 de mayo de 1991 más de mil indígenas ocuparon pacíficamente el salón principal del Congreso, reclamando
amnistía para un millar de indígenas, procesados por haber participado en el levantamiento de 1990.
En las elecciones generales de abril de 1992, los partidos derechistas Social Cristiano (PSC) y Unidad
Republicana (PUR), quedaron en primero y segundo lugar, con 19 y 13 escaños, respectivamente, de los 77 que
componen el Congreso. El ex presidente Febres Cordero fue a su vez elegido alcalde de Guayaquil con 70% de los
votos emitidos.
La abstención electoral llegó a 27%, siete puntos por encima del nivel tradicional. Ninguno de los candidatos
presidenciales consiguió llegar a 50% de los votos, por lo que la elección pasó a una segunda vuelta entre los
dos más votados. En la segunda instancia, realizada el 5 de julio, Sixto Durán Ballén, del PUR, obtuvo 56% de los
votos, venciendo a Jaime Nebot, del PSC, que llegó a 43%. La centro-izquierda y la izquierda contribuyeron al
triunfo de Sixto Durán, considerado entonces un "mal menor" frente al autoritarismo de Nebot.
El nuevo gobierno definió un programa fundado en la llamada "modernización del Estado", un proyecto de
privatización de las empresas estatales, y un rígido ajuste estructural. Este implicaba la eliminación de subsidios,
alzas y flotación de los precios de los servicios básicos, incluso de la gasolina y otros derivados de los
hidrocarburos, y contención de los ajustes salariales por debajo del índice de inflación acumulada.
Al cabo de un año de gestión, el vicepresidente Dahik, considerado el verdadero poder detrás del trono,
exhibió las políticas de ajuste como el principal éxito del gobierno: reducción de la inflación de 60% en 1992
a 32% en 1993, incremento de la reserva monetaria, reducción del déficit fiscal, en especial del sector público
no financiero, -del 1,7% del PIB en 1992 a 0,2% al año siguiente- y del gasto público que llegó apenas a 26% del
PIB en 1993.
La oposición parlamentaria, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y el Frente Unitario
de los Trabajadores (FUT) cuestionaron esta política, señalando el incremento de la pobreza y del desempleo y la
ausencia total de políticas sociales. De hecho, el salario medio urbano continuó su espectacular descenso: en 1993
constituía 21,4% del valor promedio en 1980.
El conflicto central se dio en torno a las privatizaciones de la seguridad social, electricidad, telecomunicaciones
y petróleo. La oposición se fortaleció con la creación del frente por la Defensa de la Soberanía Nacional,
organismo que integró a los sindicatos de las áreas estratégicas, la CONAIE y otras organizaciones sociales.
La aprobación del cuerpo legal necesario para autorizar las privatizaciones sufrió diversas modificaciones.
En este sentido, la actitud del Partido Social Cristiano, principal fuerza parlamentaria, fue decisiva.
Partidario de la política privatizadora por su posición ideológica, debió, sin embargo, atenuar los proyectos
del gobierno para lograr su aprobación sin pagar un alto costo político, en consideración de sus perspectivas
electorales para 1996.
En este camino, hubo varios tropiezos por parte del gobierno. En particular, los escándalos provocados por los
fracasos en el Ingenio Azucarero Aztra y en Ecuatoriana de Aviación, empresas que fueron quebradas antes de
iniciarse la privatización.
La economía ecuatoriana vivía una prolongada recesión. En 1993, el crecimiento fue menor a 2% y el PIB por
habitante disminuyó en 0,5%, los índices más bajos de los últimos años. Las exportaciones totales, que en 1992
habían registrado un incremento de 7%, bajaron en 1993 a 0,7% mientras que el volumen físico de las importaciones
disminuyó en más de 4%, provocando un crecimiento ínfimo de la oferta total de bienes y servicios.
Entretanto, la economía atravesaba una prolongada recesión. Cayeron el PBI y las exportaciones, especialmente
las de bananas, debido a las restricciones de la Comunidad Europea. La construcción y la exportación de petróleo
fueron las excepciones. El gobierno otorgó nuevas concesiones para la prospección petrolera y planeó la construcción
de otro oleoducto. La medida fue muy criticada por la oposición, que se dice preocupada por el
agotamiento del recurso.
En abril de 1994 un incendio en Isabela, en las islas Galápagos, destruyó 6.000 hectáreas y puso en peligro
la vida y el hábitat de las tortugas gigantes, hecho que motivó un decreto para el control del tráfico turístico,
la inmigración y la pesca ilegal.
Al promediar el año el gobierno cerró un complicado proceso de renegociación de la deuda externa, en el que la
disminución real no sobrepasó el 45%. Los intereses no fueron considerados en este cálculo.
En junio el presidente Duran Ballén eliminó las reformas agrarias de los años 1964 y 1973. Estas reformas habían
terminado con las grandes haciendas y habían entregado por primera vez tierras a los indígenas y pequeños campesinos.
Como respuesta la CONAIE bloqueó las vías de acceso a varios pueblos y ciudades. Acto seguido, el gobierno declaró
el estado de emergencia y envió al ejército a controlar la situación. En Ecuador el 48% de las tierras rurales
está en manos de las comunidades campesinas, mayoritariamente indígenas y el 41% pertenece a particulares.
A comienzos de 1995 se produjeron nuevos enfrentamientos armados con Perú en la cordillera del Cóndor, donde la
frontera nunca fue establecida con precisión y se presume la existencia de yacimientos de oro, uranio y petróleo.
Durán Ballén declaró nuevamente el estado de emergencia y llamó a la reserva. Pese a la mediación internacional,
se produjeron docenas de víctimas, especialmente del ejército peruano.
Hacia fin de año numerosos ministros fueron cuestionados por el Congreso por malversación de fondos públicos.
Esta situación determinó el arresto de algunos de ellos y la huida del país del vice presidente Alberto Dahík.
Luego de ásperos debates, el congreso aprobó la venta de 35% de la compañía estatal de telecomunicaciones.
El gobierno se había propuesto concretar esta primer gran privatización antes del fin de su mandato en
agosto de 1996.
El populista de derecha Abdalá Bucaram triunfó en las elecciones con un 54% de los votos sobre su rival del
Partido Social Cristiano Jaime Nebot, que obtuvo un 46%. Su primer tarea en el gobierno constituyó en apaciguar
los temores de empresarios y financistas, preocupados por la eventual cumplimiento de sus promesas electorales
a los pobres. Las versiones periodísticas que pronosticaban un golpe militar en caso de resultar triunfante Bucaram
no se cumplieron y el ambiente político abrió un compás de espera para evaluar su gestión.
Durante un encuentro bilateral realizado en setiembre de 1996 con su similar chileno Eduardo Frei, Bucaram se
declaró admirador del sistema chileno de seguridad social y vivienda. Paralelamente, invitó al polémico ex ministro
de Economía argentino Domingo Cavallo a integrar su equipo de gobierno.
El ajuste fiscal impuesto por el Ejecutivo, sumado a una serie de actitudes no encuadradas en la tradición de
la jerarquía presidencial, complicaron la situación de Bucaram. Las fuerzas sindicales convocaron a un paro
nacional para la primera semana de febrero de 1997 y el presidente indicó que el gobierno apoyaba la medida por
considerarla justa. A través de una acción no prevista en las atribuciones constitucionales del parlamento,
la minoría declaró "insano" al presidente y desconoció su autoridad siendo sustituido por Jamil Mahuad.
Bucaram prometió seguir luchando para ser reconocido como presidente legítimamente electo y emprendió una gira
continental con ese fin, aunque obtuvo poco eco.
En medio de manifestaciones en todo el país, Mahuad anunció la dolarización de la economía, lo que precipitó el
levantamiento de los indígenas, quienes invadieron el Parlamento y la Casa de Gobierno, con la ayuda de los grupos
militares destacados para impedirles el acceso. Una junta gubernamental formada por representantes del ejército,
el poder judicial, los indígenas y los sindicatos, fue aclamada por la población. Sin embargo, presiones del exterior,
en especial de Estados Unidos, determinaron el arresto de los militares insurrectos -entre quienes se encontraba
el coronel Lucio Gutiérrez, quien en 2002 alcanzaría la presidencia- y que Mahuad fuese sustituido por el vicepresidente
Gustavo Noboa, militante del Opus Dei -congregación católica derechista- que, en abril de 2000, implementó la dolarización.
El Club de París no reconoció como interlocutor a la CONAIE, que pedía la condonación de la deuda a cambio de que
esos recursos fueran destinados al desarrollo productivo, de la salud, la educación, y que en el proceso hubiera
participación ciudadana y de los gobiernos locales.
El gobierno firmó en 2000 un acuerdo con UNICEF con el fin de bajar la tasa de embarazo adolescente en el país,
la más alta de América Latina. Para adolescentes en zonas rurales, el embarazo empezaba a ser percibido como vía
de acceder a 10 dólares mensuales, que como bono de pobreza entrega el gobierno a madres solteras. El 49% de las
mujeres que habían reportado abortos en 1999 no habían recibido atención médica ulterior.
Luis Maldonado, ex miembro de la CONAIE fue nombrado ministro de Bienestar Social en 2001, convirtiéndose en el
primer indio en acceder a puesto de gabinete distinto de asuntos indígenas.
El 20 de febrero de 2002 grupos indígenas de Sucumbíos y Orellana, dos provincias del noreste amazónico, reclamaron
que la producción de petróleo del país se llevara a un punto muerto y comenzaron una huelga. El factor desencadenante
de las protestas fue un nuevo oleoducto para crudos pesados construido por el consorcio OCP Ecuador S.A. Las
provincias exigieron al gobierno que presionara a la empresa OCP para que entregara 10 millones de dólares con
el fin de destinarlos a obras sociales como compensación por los daños provocados por la obra. Entre las demandas
se exigía una mayor inversión en sus comunidades (mejoras viales, infraestructura eléctrica y apoyo a la agricultura)
de las ganancias de Ecuador por su petróleo.
El 4 de marzo culminó la huelga con el saldo de tres muertos, varios heridos y detenidos, además de pérdidas por
casi tres millones de dólares por la suspensión del bombeo del petróleo extraído de la zona.
Lucio Gutiérrez (coronel retirado de las fuerzas armadas tras ser amnistiado de los delitos castrenses y políticos
cometidos durante la insurrección contra Mahuad, confeso admirador del venezolano Hugo Chávez) y el magnate bananero
Álvaro Noboa (quien se proclamaba liberal de centro y era considerado el hombre más rico del país) fueron los
candidatos que alcanzaron la segunda vuelta electoral realizada el 24 de noviembre. Gutiérrez, quien en la primera
vuelta había obtenido más de la mitad de los votos escrutados, apoyado por grupos de extrema izquierda, indígenas
y sindicalistas, ganó finalmente la presidencia con el 54,3% de los votos. Durante la campaña, Gutiérrez se había
comprometido a luchar contra la corrupción y a ofrecer vivienda económica y un sistema de salud gratuito.
En octubre de 2003 comenzó el juicio contra una empresa subsidiaria de la compañía petrolera Chevron-Texaco, acusada
de destruir grandes extensiones selváticas y contaminar tierras y ríos de la provincia de Nueva Loja.
El 4 de noviembre, en Orellana, fue secuestrado y acribillado el activista campesino Ángel Shingre. Éste había
participado activamente en el juicio contra Chevron-Texaco, por lo que todas las sospechas fueron dirigidas contra
los directivos de la transnacional. Pese a esto, el crimen quedo sin esclarecerse.
El mismo mes, Lucio Gutiérrez fue acusado de recibir dinero de gente vinculada al narcotráfico para su campaña
política, lo que derivó en la renuncia de todo su gabinete ministerial y en el alejamiento de Napoleón Villa,
director del partido oficialista, Sociedad Patriótica, y del cuñado de Gutiérrez.
En abril de 2004, la policía ecuatoriana entró pacíficamente a las cárceles que habían permanecido bajo poder de
reclusos durante diez días. El penal García Moreno, situado en el centro histórico de Quito y a escasos metros
del palacio presidencial, fue escenario de toma de rehenes, violentos desmanes y pugnas entre bandas de delincuentes.
El motín carcelario exigió recortes en las condenas y mejoras en los presidios y dejó un saldo de al menos tres
muertos y unos 40 heridos, como consecuencia de peleas entre grupos rivales de presidiarios. La intervención policial
se registró igualmente en las otras 32 cárceles del país, declaradas en emergencia desde enero y donde estarían
recluidos unos 11 mil presos. Según informó el ministro del interior, Raúl Baca, las cárceles quedaron controladas
en todo el país.
En octubre, Gutiérrez desestimó la petición de la oposición acerca de renunciar a su cargo, tras sufrir una
devastadora derrota en las elecciones locales de ese mes. El partido oficialista Sociedad Patriótica (PSP),
obtuvo sólo una de las 22 prefecturas provinciales del país. Los líderes de la oposición afirmaron que la
votación demostró que Gutiérrez es "tremendamente impopular" y que no debería terminar su mandato. Uno de ellos,
León Febre Cordero, se refirió al presidente como "ignorante y poco eficiente". El gobierno llamó a la calma y
señaló que lamentó las críticas. Según los analistas políticos, Gutiérrez tendría graves dificultades para gobernar
durante los dos años que le quedan en el poder.
También en octubre, Gutiérrez, acordó un plan con su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe, para desarrollar un plan
de ayuda económica en la parte ecuatoriana de la frontera común, donde miles de colombianos se refugiaron huyendo
del conflicto armado de su país. Gutiérrez había insistido que debido al peso de los refugiados colombianos sobre
la economía ecuatoriana, el gobierno de Colombia debía compartir la responsabilidad financiera. Los mandatarios
acordaron que en la primera fase del plan, que comenzará en 2005, ambos gobiernos centrarían su atención en las
necesidades inmediatas de los refugiados, invirtiendo de forma conjunta en proyectos de salud, educación y
servicios básicos.
Según estadísticas oficiales, el número de refugiados en la frontera creció de 390 en 2000, a 8.131 hasta setiembre
de 2004; otros miles de colombianos viven en distintas ciudades ecuatorianas, gran parte de ellos de manera ilegal.
Según un informe de ONU dado a conocer a principios de mes, Ecuador es el país latinoamericano que mayor número de
refugiados recibe.
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