A diferencia del resto de America Central, donde los conquistadores españoles encontraron a su llegada
culturas avanzadas, el territorio de la actual Costa Rica no tenía una población indígena muy
numerosa.
Colón llegó a las riberas de Costa Rica en su último viaje, en 1502. Exploraron su litoral entre
1514 y 1516, Gaspar de Espinosa, Hernán Ponce de León y Juan de Castañeda. Entre los años 1560 y
1564, siguieron haciéndolo Juan de Cavallón, el padre de Juan de Estrada Rabago y Juan Vázquez de
Coronado. La conquista del territorio se concretó en la segunda mitad del siglo XVI. Pero los
colonizadores permanecieron largo tiempo aislados, sin poder establecer el sistema de encomiendas,
virtual esclavización de la mano de obra nativa.
El territorio conquistado fue adscripto a la Capitanía General de Guatemala. Se formó así una
sociedad patriarcal de pequeños propietarios, sin una oligarquía terrateniente tan poderosa como
en los países vecinos y mucho más europeizada que en éstos. Tal vez ello explique por qué en lugar
de devenir un país eternamente dominado por dictaduras militares, la Costa Rica moderna haya
proclamado orgullosa su condición de "Suiza de América", país carente de ejército y con
más maestros que policías.
En 1821 el territorio costarricense aceptó la independencia de Centroamérica y se integró a las
Provincias Unidas. Formó parte de ella hasta su disolución en 1840. Fue uno de los territorios que
más resistió la balcanización promovida por el imperialismo británico. Por eso Francisco Morazán
--caudillo de la unidad centroamericana-- la tomó como base para sus operaciones, hasta que en 1848
Costa Rica aceptó separarse constituyéndose en estado independiente.
Sólo en dos oportunidades se alteró la tradición pacífica de los costarricenses. La primera fue a
mediados del siglo XIX, cuando el estadounidense William Walker, que se había apoderado de Nicaragua,
intentó extender su dominio a todo el istmo centroamericano y fue derrotado en tiempos del presidente
Juan Rafael Mora. La segunda, cien años más tarde, cuando en 1948 un fraude electoral desembocó en una
guerra civil ganada por las fuerzas entonces opositoras de José Figueres.
Entre 1940 y 1948, los sucesivos gobiernos fueron respaldados por los cafetaleros y los banqueros.
En 1948, el triunfo de Otilio Ulate, representante de la Unidad Nacional, fue anulado por el Congreso,
desencadenándose una guerra civil. El conflicto terminó con el nombramiento de una junta presidida por
José Figueres, que realizó un llamado a elecciones de diputados, quienes ratificaron la elección de
Ulate en la presidencia. Un año después se promulgó la nueva Constitución, de corte netamente
presidencialista y que prohibía la formación de ejércitos.
La revolución dirigida por Figueres, de tono populista, levantó la bandera antidictatorial para toda
la zona centroamericana.
Se abre así, el período llamado Capitalismo de Estado-benefactor. José Figueres asumió el mando en
1954, profundizando la política populista, ahora con un fuerte ingrediente anticomunista. En 1958
las fuerzas conservadoras derrotaron a Figueres, dando comienzo a la política desarrollista -impulsada
por los Estados Unidos- de sustitución de importaciones.
A partir de ese momento la tradicional pugna política entre liberales y conservadores fue sustituida
por una nueva contienda entre Liberación Nacional, el partido de Figueres y una heterogénea formación
de varios partidos menores. En 1966 la Oposición Nacional Unida llevó a la presidencia a José Joaquín
Trejos.
El LN, con Figueres a la cabeza, logró recuperar el gobierno en las elecciones de 1970 y lo mantuvo
en 1974, cuando ascendió a la primera magistratura Daniel Odúber Quirós, cofundador del partido en
1950.
Odúber se esforzó por restablecer la unidad del Mercado Común Centroamericano, en crisis desde la
guerra entre El Salvador y Honduras de 1969. Sin embargo, su clara defensa de las libertades
democráticas no fue muy bien vista por el régimen de Somoza en la vecina Nicaragua, que
intermitentemente hostilizó a su vecino. Costa Rica se convirtió en asilo de millares de refugiados
políticos.
La nacionalización de las compañías trasnacionales que distribuían el petróleo y sus derivados en el
mercado interno, decretada en 1975 y el alza de los precios del café (principal producto de
exportación) crearon condiciones favorables para mejorar los ingresos de la población.
En 1978, contra todas las previsiones, las elecciones presidenciales dieron el triunfo a la oposición
conservadora, que denunció aspectos administrativos polémicos de la facción de Figueres. En esos
mismos comicios la izquierda, reunida en la coalición Pueblo Unido, aumentó considerablemente su
votación. No obstante, la izquierda costarricense permanece aislada e imposibilitada de desarrollar
una propuesta de cambio social que conlleve la democracia y el pluralismo, convincente para la gran
mayoría de la población.
El gobierno siguiente de Rodrigo Carazo Odio, se caracterizó por su orientación económica antipopular,
inspirada en las "recetas" del Fondo Monetario Internacional, y una línea política de
creciente enfrentamiento con las fuerzas sindicales y los partidos de izquierda. Sin embargo, en
1979, ante las amenazas de invasión por parte del dictador Anastasio Somoza, el gobierno
costarricense -alentado por las simpatías populares hacia los sandinistas- se decide a brindar un
apoyo activo a la oposición nicaragüense.
Muy distinta fue la actitud asumida a partir de 1980 hacia la revolución salvadoreña, ya que pese a
todas las violaciones a los derechos humanos, la junta militar democristiana recibió el apoyo político
del gobierno de San José. Por otra parte, en mayo de 1981, Rodrigo Carazo rompió las relaciones
diplomáticas con Cuba.
Asimismo, con respaldo del gobierno norteamericano, en enero de 1982 se creó en San José la Comunidad
Democrática Centroamericana, destinada a aislar a Nicaragua.
En las elecciones generales de febrero de 1982 triunfó Luis Alberto Monge, del sector derechista de
Liberación Nacional, con 57,8% de los votos. Al mes siguiente Monge viajó a Israel, donde
-desconociendo la resolución 478 de las Naciones Unidas- izó la bandera costarricense en la sede
diplomática de su país en Jerusalén. El mandatario electo definió su actitud como "ejercicio
de soberanía".
Al asumir, en mayo de 1982, Monge proclamó su alineamiento con las "democracias
occidentales" y anunció austeridad. Al mismo tiempo, impulsó un mayor acercamiento con los
gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras y provocó el deterioro de las relaciones con la
Nicaragua sandinista.
El embargo comercial decretado por Estados Unidos a Nicaragua facilitó una profundización de la
actitud hostil del gobierno costarricense contra su vecino. Las relaciones entre ambos países
llegaron a un punto crucial de deterioro en julio y agosto de 1985, a raíz de una serie de
incidentes fronterizos. Sin embargo, rápidas gestiones del grupo Contadora permitieron congelar
la coyuntura; ambos gobiernos aceptaron la presencia de observadores neutrales en la frontera,
los que actuarían de árbitros en caso de reiteración de los episodios.
La solución a la aguda crisis económica y a la amenaza de un conflicto regional fueron los pilares
en los que se basó la campaña del candidato socialdemócrata a la presidencia, Oscar Arias, vencedor
en las elecciones de febrero de 1986 con un ajustado 52% de los votos.
Arias se dedicó a la tarea de diseñar una política que rompiera la lógica de la guerra y la escalada
de tensión en la región y en agosto de 1987 presentó un plan de paz en una reunión Cumbre realizada
en Esquipulas, Guatemala, que fue aceptado y firmado por los presidentes de El Salvador, Nicaragua,
Guatemala, Honduras y Costa Rica. Los ejes del plan eran el cese del fuego simultáneo en Nicaragua
y el El Salvador, el cese de la ayuda norteamericana a la "contra" nicaragüense, un
calendario "democratizador" en Nicaragua en el que se incluía la realización de elecciones
libres y el fin del uso de territorios extranjeros para la implantación de bases de ataque.
La firma de ese plan de paz conocido como "Esquipulas II" dio a Costa Rica un destacado
lugar en las relaciones internacionales y fue un éxito personal del presidente Arias, quien recibió
por ello el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1987.
Durante su gobierno Arias puso en marcha un primer y luego un segundo Programa de Ajuste Estructural
(PAE I y PAE II) con el apoyo del Banco Mundial. Sus objetivos fueron la transformación del aparato
productivo, con modernización tecnológica, mayor eficiencia y productividad. Se aplicaron recetas
neoliberales sugeridas por los organismos financieron internacionales y según los sindicatos no se
midieron ni planificaron los efectos sociales de dichas recetas.
En julio de 1989 una comisión investigadora parlamentaria sobre el narcotráfico produjo un informe
en el que se afirmaba que los dos principales partidos políticos, el PLN y el PUSC, habían recibido
dinero del narcotráfico para sus campañas electorales de 1986. Respecto a éstas estalló otro escándalo
al denunciarse que ambos partidos, y personalmente el propio Oscar Arias, habían recibido dinero del
general Manuel A. Noriega para financiarlas.
Entre marzo y julio de 1988, la política de ajuste del gobierno de Arias provocó manifestaciones de
disconformidad en amplios sectores de la población: de los empleados públicos, contra las concesiones
hechas al FMI y al Banco Mundial; de los sindicatos de agricultores (agrupados en UNSA), que realizaron
una semana de protesta contra la política agropecuaria, y de los granjeros que efectuaron varias
huelgas.
Durante el año 1989 se agravó dicha situación. En agosto de ese año, una coalición de federaciones
sindicales regionales, colegios profesionales y grupos de ciudadanos convocaron a una huelga en la
provincia de Limón, que paralizó por cuatro días la navegación en la costa caribeña. A la protesta
se sumaron sectores de la costa atlántica. En setiembre del mismo año, los maestros realizaron un
paro nacional.
En 1990, el 29.9% de la población económicamente activa eran mujeres. Sin embargo, son el 41% en el
mercado de trabajo informal. En la vida política, en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, las mujeres
no superan el 15%. Grupos organizados de mujeres observan además un aumento de la prostitución de
adolescentes a través de organizaciones que se han convertido en un negocio multimillonario para sus
dueños.
Con la consigna de "cambio" y dirigiéndose a los sectores de bajos ingresos y de menor
nivel educativo, el candidato socialcristiano, Rafael Angel Calderón, se impuso en las elecciones
de febrero de 1990 y obtuvo -por un escaño- mayoría absoluta en el parlamento.
En el plano exterior, abogó por la continuación del proceso de paz centroamericano pero con criterios
orientados a fortalecer el desarrollo económico y anunció que Costa Rica volvería como observador al
Movimiento de Países No Alineados después de ocho años de alejamiento. Asimismo anunció que buscaría
un acercamiento con Europa y América Latina.
La aplicación de un severo ajuste económico llevó a la reducción del aparato estatal y del déficit
fiscal que había alcanzado 3.3% del PIB. Como consecuencia se incrementó la desocupación y aumentó
el descontento popular.
En las elecciones de 1994 el candidato socialdemócrata José María Figueres, ganó por un estrecho
margen al oficialista Miguel Rodríguez, al cabo de una campaña en que hubo escasas diferencias
programáticas pero una notable aspereza entre los partidos rivales.
En enero de 1995 se alcanzó un acuerdo de libre comercio con México. No obstante, el deterioro de la
economía, la inflación y el déficit presupuestal llevaron al gobierno a aumentar los impuestos. El
Banco Mundial rechazó el plan económico del gobierno y se negó a financiar el programa de ajuste
estructural.
En abril el PLN se vio obligado a aceptar la liberalización del sistema bancario y la
privatización de las empresas de seguros, hidrocarburos y telecomunicaciones propuestas por la
oposición cristiana, a cambio de la aprobación de su paquete fiscal. Los sindicatos organizaron
huelgas contra estas medidas, especialmente contra el cese de miles de empleados públicos.
En 1996, el gobernante PLN acordó con la oposición un plan presupuestal que limitó el déficit del
gobierno al 1% del producto bruto interno. A fines de julio, el huracán César golpeó a Costa Rica,
especialmente en el sur, provocando unos 30 muertos. Los daños fueron estimados en unos 100 millones
de dólares. El secuestro de un turista alemán y otro suizo terminó afectando a la industria turística.
Pese a que ambos fueron liberados, tras dos meses y medio de cautiverio, muchos operadores turísticos
prefirieron no correr riesgos y eliminaron a Costa Rica de sus recorridos.
En junio de 1997, San José ratificó la Convención Interamericana sobre Detención Forzada de Personas.
Amnistía Internacional urgió al gobierno a poner fin a los abusos policiales contra detenidos y
refugiados, en su mayoría nicaragüenses.
En febrero de 1998, Miguel Angel Rodríguez, candidato del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC),
fue electo presidente, logrando además el PUSC la mayoría absoluta de los escaños en las elecciones
parlamentarias. Rodríguez reiteró que durante su gobierno, Costa Rica no adheriría a mecanismos de
integración política, como el Parlamento Centroamericano, aunque sí a los de integración económica.
En marzo, el embajador de Estados Unidos, Thomas Dodd, fue acusado por la Comisión para la Defensa
de los Derechos Humanos en Centro América (Codehuca) de interferir en los asuntos internos del país.
Dodd había declarado que su gobierno no descartaba imponer sanciones económicas a raíz de la muerte
de un ciudadano estadounidense en un conflicto privado.
Una encuesta de nutrición reveló, en marzo de 1999, que 75% de los niños de uno a dos años de edad
presentaban algún grado de anemia, cifra que disminuía a 26% en los preescolares. En todo el país,
33% de las personas que vivían en zonas rurales y 16% de los habitantes urbanos padecían la misma
carencia.
Para enfrentar el crecimiento de la violencia y evitar que el país se convirtiera en refugio para
los delincuentes que operaban en países vecinos, el gobierno instauró en diciembre un registro
obligatorio de armas y ofreció una amnistía de doce meses a quienes las entregaran.
En abril de 2002, luego de que por primera vez en la historia electoral del país se fuera a segunda
ronda de elecciones pues ningún candidato alcanzaba el 40%, Abel Pacheco, candidato del PUSC,
derrotó con el 58,2% a su rival del PLN, Rolando Araya. En estos comicios se debilitó el bipartidismo
reinante hasta el momento, ya que Partido de Acción Ciudadana (PAC), de corte independiente, obtuvo
26% de los votos.
En mayo de 2003 los trabajadores eléctricos y de telecomunicaciones, oponiéndose a los planes
privatizadores del gobierno, y los docentes, que reclamaban aumentos de sueldo, se alzaron en huelga.
Esto provocó la renuncia de tres ministros de Pacheco.
Costa Rica fue el único país que suspendió, en diciembre de 2003, su adhesión al Acuerdo Comercial
entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta). Los monopolios estatales de seguros y telecomunicaciones,
amenazados por las condiciones del TLC, motivaron una negociación independiente, pospuesta para enero
de 2004.
En junio de 2004, la industria hotelera en su conjunto y organizaciones defensoras de los derechos
de la infancia, comenzaron una campaña nacional orientada a combatir el abuso de menores por parte
del turismo sexual internacional. La capital del país, San José, sería uno de los principales puntos
del turismo sexual, proveniente principalmente de EEUU y Europa. Los cursos de entrenamiento de la
campaña, fueron dictados por la fundación Paniamor, defensora de los derechos de los niños. El
mensaje fue claro: "No es buena idea ayudar a los turistas a buscar menores de edad para tener sexo".
La frase será parte de un código de conducta, pionero en la industria turística.
En julio, un policía tomó la embajada de Chile en San José y a unas diez personas como rehenes.
El funcionario policial José Orlando Jiménez, que llevaba cinco años trabajando en la sede diplomática,
se suicidó poco antes de que la policía ingresara al edificio. Tres funcionarios resultaron muertos:
Roberto Nieto, primer secretario de la embajada chileno, Cristián Yusseff, cónsul, y Rocío Sariego,
cooperante que colaboró en los programas de celebración del centenario del nacimiento de Pablo Neruda.
El ministro de seguridad, Rogelio Ramos, declaró que las fuerzas de seguridad encontraron a las cuatro
personas muertas, incluyendo al secuestrador, cuando entraron al edificio.
Ese mismo mes, los trabajadores del sector público de Costa Rica realizaron una huelga de 24 horas,
luego de que sus representantes sindicales rechazaron un incremento de salarios de 4% ofrecido por
el gobierno, pues aspiraban a aumentos salariales del 10% ya que la inflación en 2004 creció hasta
6,26%. Los huelguistas llevaron a cabo marchas en las principales ciudades del país. La convocatoria
incluyó personal de salud de los hospitales y telecomunicaciones además de obreros de compañías de
electricidad, de puertos y de la banca estatal. Las organizaciones sindicales estimaron que la
medida paralizó casi el 100% de esos sectores, aunque sólo a uno de cada cinco trabajadores de las
escuelas y las oficinas del gobierno. Según el ministro de trabajo, Ovidio Pacheco, el paro fue
parcial y sus informes señalaron que sólo 8.000 trabajadores mantuvieron la huelga. El sector público
costarricense posee más de 170 mil empleados; sólo 60% está sindicalizado.
En setiembre, el gobierno de Pacheco perdió su gabinete económico luego de la renuncia de la mayoría
de los ministros de ese sector. Los ministros de comercio exterior y de transporte, Alberto Trejos y
Javier Chávez, presentaron sus dimisiones tras la renuncia previa de los titulares de hacienda,
Alberto Dent, coordinador del sector económico con rango de ministro, Ronulfo Jiménez, y el de la
presidencia, Ricardo Toledo. La mayoría de los funcionarios esgrimieron razones personales, pero
analistas políticos señalaron que la gestión de Pacheco se vio plagada de desacuerdos acerca del
control del gasto público. La crisis del gabinete se produjo después de una protesta de los sindicatos
del país y de un polémico aumento de sueldo para los empleados públicos aprobado por el gobierno.
En octubre, el ex presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, actual secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), habría cobrado 60% de una comisión de 2 millones de dólares
pagada por la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel, según denunció José Antonio Lobo, ex
ministro y asesor de Rodríguez durante su administración. Rodríguez afirmó que "lo dicho por don
José Antonio Lobo no se apega a la realidad de los hechos"; su explicación fue que solicitó a Lobo
un préstamo de 140 mil dólares para los gastos de su campaña por la secretaría de la OEA. En San José,
desde los más diversos sectores, se solicitó la renuncia a Rodríguez a la jefatura de la OEA y su
regreso al país para explicar su actuación. Pacheco, miembro del mismo partido Unidad Socialcristiana
al que pertenece Rodríguez, afirmó que esperaba esas explicaciones.
Ese mismo mes, luego de tan sólo dos semanas de asumir el puesto de OEA, Rodríguez renunció; la
justicia costarricense puso en marcha las investigaciones formales, y Rodríguez sería citado a
declarar por la fiscalía de San José.
Las serias inundaciones a lo largo de la costa caribeña motivaron que le gobierno declarara la
emergencia nacional, en enero de 2005.
El PLN triunfó por escasísimo margen en las elecciones de febrero de 2006 y Oscar Arias, quien
había sido galardonado con el Premio Nóbel de la Paz de la paz en 1987, venció a Ottón Solís,
del PAC y, por segunda vez, se ciñó la banda presidencial. Arias se enfrentaba ahora a un país
dividido en torno al Cafta y a un ambiente ciudadano que lo recibía con una mezcla de escepticismo
y expectativa. En su discurso de asunción, Arias prometió más empleos y seguridad, así como la
disminución del alto costo de vida.
En abril de 2007, Arias convocó a la realización de un plebiscito, en octubre de ese año, para
decidir sí el país debía o no ingresar al Tratado de Libre Comercio para la República Dominicana
y Centro América (CAFTA). Costa Rica se convertía, así, en el primer país del mundo en recurrir
a referendo para definir el futuro de un TLC.
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Costa Rica
