El norte de Chile era el extremo sur del imperio
incaico al comenzar el siglo XVI. En el territorio comprendido entre Copiapó, al norte, y
Puerto Montt, al sur, habitaban los mapuches, denominados araucanos por los europeos. Más al
sur vivían los pueblos pescadores: los yamanas y los alacalufes.
En 1535, Diego de Almagro inició la conquista de Chile, desde Perú, con
tropas hispanas e indígenas esclavizados. Recorrió cerca de 2.500 km hacia el sur, pero
tuvo que regresar para dominar un levantamiento de uno de los sectores españoles en Lima.
Entre 1540 y 1558 Pedro de Valdivia se estableció en lo que hoy es el puerto
de Valparaíso y fundó diversas ciudades, entre ellas Santiago. Los mapuches, guiados por
el cacique Lautaro, opusieron tenaz resistencia a los invasores venciéndolos en varias
ocasiones con estrategias aprendidas de los propios españoles. Valdivia murió en una de
esas batallas. Su sucesor, Francisco de Villagra, venció y mató a Lautaro en 1557. El
gobernador García de Hurtado volvió a enfrentar y derrotar a los mapuches, guiados por
el toqui Caupolicán. Las rebeliones de los mapuches continuaron esporádicamente y la
dominación hispano-criolla se extendió a todo el territorio sólo en la segunda mitad
del siglo XIX.
En 1810 el cabildo de Santiago se constituyó en Junta de Gobierno autónoma.
Esta Junta, encabezada por José Miguel Carrera en 1811 impulsa la independencia y obtiene
la adhesión del general Bernardo O'Higgins, hijo de un ex virrey del Perú. La guerra
entre independentistas y realistas fue resuelta a favor de los primeros con apoyo de las
fuerzas de José de San Martín llegadas del otro lado de la Cordillera de los Andes. Las
tropas españolas fueron definitivamente derrotadas el 5 de abril de 1818 en la batalla de
Maipú.
O'Higgins fue designado Director Supremo del Estado en 1817, cuando las tropas
realistas aún mantenían focos de resistencia. Luego sentó las bases de la organización
política del país, mediante la Constitución de 1833, que se consolidó bajo el gobierno
de Diego Portales. Era un Estado oligárquico, también llamado "república
aristocrática", que negaba la expresión política a los sectores urbanos menos
favorecidos, las capas medias y el naciente proletariado. Los empresarios británicos,
junto con la oligarquía local, organizaron una economía de exportación en base a las
ricas salitreras del norte, parte de las cuales se extendían por el desierto de Atacama y
el extremo sur del territorio peruano. Inglaterra controlaba 49% del comercio exterior
chileno. Los capitales chilenos y británicos poseían 33% del salitre peruano, pero
aspiraban al 100%.
La guerra del Pacífico (1879-1884) enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia.
La victoria chilena movió su frontera hacia el norte y dejó a Bolivia sin acceso al mar.
La expansión inmediata de la industria salitrera fortaleció la economía exportadora e
hizo crecer a la población asalariada.
José Manuel Balmaceda, elegido presidente en 1886, intentó quebrar el orden
oligárquico, apoyado en el nacionalismo estimulado por la guerra, el crecimiento
económico, la diversificación social y la educación enciclopedista de las capas
pudientes. Reivindicó el proteccionismo para desarrollar la industria nacional, pero la
reacción de la oligarquía, aliada a los intereses británicos, y del ejército derrotó
a los partidarios del presidente, quien se suicidó en la embajada argentina en 1891.
En 1900 los trabajadores chilenos formaron su primera Mancomunal Obrera en
Iquique. En 1904, 15 organizaciones crearon la Convención Nacional con 20.000 afiliados
y, ese mismo año, en Valparaíso, se dio el primer choque violento entre el proletariado
chileno y el ejército. Tres años después, en una escuela de Iquique, con armas
automáticas suministradas por Estados Unidos, fueron masacrados 2.500 obreros huelguistas
con sus familias.
Junto al crecimiento de la construcción, los ferrocarriles y los nuevos campos
mineros, se desarrollaron los servicios, el comercio y el empleo público. En 1920, con
una prédica populista, Arturo Alessandri acaudilló las aspiraciones de las nuevas clases
que intentaban romper el orden oligárquico. Desde la presidencia promovió la extensión
del voto a los varones alfabetizados mayores de 21 años y la elección presidencial
directa; jornada de 8 horas, seguridad social y reglamentación del trabajo de mujeres y
niños.
La crisis capitalista mundial de 1929-30 destrozó la economía agrominera
exportadora. La estabilidad no se recobró hasta que el empresariado chileno impuso un
programa de industrialización sustitutiva de importaciones. Este programa fue la base de
un amplio Frente Popular en 1936, liderado por el radical Pedro Aguirre Cerda, quien
contó con apoyo socialista y comunista. Las fuerzas armadas, depuradas compulsivamente,
se retiraron de la escena política por casi 40 años. La oligarquía, debilitada, logró
sin embargo pactar sobre la cuestión agraria y Aguirre Cerda nunca tocó la propiedad
rural ni permitió la sindicalización de los trabajadores del campo.
Las alianzas de los años 30 se rompieron durante el período de Gabriel
González Videla (1946-1952). El clima de la guerra fría sirvió de apoyo a la Ley de
Defensa Permanente de la Democracia que ilegalizó el Partido Comunista y borró de los
registros electorales a sus militantes. Para compensar la protesta contra estas medidas,
el gobierno promulgó, el 9 de enero de 1949, la Ley del Sufragio Femenino. La política
represiva y desnacionalizante del Partido Radical y la disgregación de la izquierda
permitieron al populista Carlos Ibáñez ganar las elecciones de 1952.
El deterioro económico quitó base al efímero experimento populista. En
1957, sectores de la Falange Nacional y del viejo Partido Conservador fundaron el Partido
Demócrata Cristiano (PDC). Legalizado el comunismo, la izquierda también recompuso sus
alianzas creando el Frente de Acción Popular (FRAP). El electorado, deseoso de cambios
pero sensible a la propaganda anticomunista, se inclinó por la "revolución en
libertad" de Eduardo Frei, que en 1964 inició una reforma agraria.
La Unidad Popular (UP), alianza del Partido Socialista, el PC, el MAPU y la
Izquierda Cristiana, con el médico socialista Salvador Allende como candidato, ganó las
elecciones de 1970 obteniendo un 35% del total de votos, mientras que el PDC y los
partidos de derecha se dividieron el resto del electorado. En las elecciones legislativas
de 1971 la Unidad Popular alcanzó casi un 50% de votos.
Allende estatizó el cobre, la banca privada y el comercio exterior,
radicalizó la reforma agraria, propició formas colectivas de producción y creó un
"sector social" de la economía, administrado por los trabajadores.
Las elites desplazadas del poder pusieron en marcha un plan de
desestabilización que contó con el respaldo del Pentágono, la CIA y algunas
trasnacionales norteamericanas, como la ITT. El PDC osciló y finalmente apoyó la
conspiración en marcha, en la expectativa de un rápido retorno al poder mediante nuevas
elecciones. Contribuyeron al clima de desestabilización tanto la inflación y el
desabastecimiento generalizado, como las discrepancias internas de la Unidad Popular.
El 11 de setiembre de 1973 el general Augusto Pinochet encabezó un golpe de
Estado. El palacio presidencial de la Moneda fue bombardeado por la aviación. El
presidente Allende se suicidó. Se desató una cruenta represión: fusilamientos sumarios,
campos de concentración, torturas y el procedimiento ominoso de los
"desaparecidos".
El régimen de los militares chilenos, integrado en la ola de dictaduras que
recorrió el Cono Sur en la década del 70 -inspiradas en la Doctrina de la Seguridad
Nacional-, contó con el apoyo de la oligarquía y de la clase media chilenas, así como
de las empresas trasnacionales, a las cuales les fueron devueltas las compañías que
habían escapado a su control.
Inmediatamente después del golpe, la política económica se basó en las
recetas neoliberales del profesor estadounidense Milton Friedman y la escuela de Chicago.
La inflación bajó a menos de 10% anual y la libre importación de productos desbordó el
mercado, pero los trabajadores perdieron poder adquisitivo y las diferencias sociales se
acentuaron.
En 1981 una constitución continuista fue aprobada en plebiscito por el 60% de
los votantes, en un periodo de auge económico. Apenas dos años después, en medio de un
ciclo recesivo, el desempleo llegó a 30% y el salario real se redujo en 22% con relación
a 1981. 55% de las familias estaba por debajo de la línea de pobreza. En noviembre de
1983 se realizaron manifestaciones y protestas, lideradas por la Coordinadora Nacional
Sindical y el Comando Nacional de los Trabajadores.
En 1984, la Iglesia tomó la iniciativa de convocar a un diálogo político.
Por la oposición fue escogida la Alianza Democrática, un concierto de partidos de
centro-derecha liderados por el PDC. Las conversaciones con el ministro del Interior,
Sergio Onofre Jarpa, fracasaron y la ruptura con la Iglesia se hizo evidente en setiembre.
La Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago cobró mayor protagonismo en la
defensa de los derechos humanos.
La izquierda se nucleó en el Movimiento Democrático Popular (MDP),
reivindicando todas las formas de lucha contra la dictadura. A pesar de un intento de
unificar la oposición realizado en 1985, la polémica sobre la lucha armada mantuvo
separados al MDP y el PDC. Un sector de la izquierda -con fuerte influencia comunista-
formó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que llevó a cabo múltiples
acciones armadas. La más trascendente ocurrió el 7 de setiembre de 1986, cuando un grupo
de militantes efectuó un atentado, frustrado, contra el general Pinochet.
El aislamiento internacional que sufrió el gobierno chileno durante la
presidencia de Jimmy Carter en Estados Unidos cesó parcialmente durante los gobiernos de
Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En agosto de 1985, Chile autorizó el aterrizaje de
transbordadores espaciales estadounidenses en la isla de Pascua. A principios de 1986,
Estados Unidos propuso una condena a Chile en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
pero el propósito fue obviar una condena mucho más drástica.
El 5 de octubre de 1988, se plebiscitó una prórroga de ocho años para el
mandato de Pinochet. El triunfo del "NO", impulsado por una amplia alianza de la
oposición, obligó a la Junta Militar a convocar elecciones al año siguiente.
Ante el inevitable cambio de gobierno, Pinochet negoció con la oposición
legal una reforma de la Constitución. Se acordó restringir los poderes del futuro
gobierno, aumentar los senadores designados, acortar el período presidencial de ocho a
cuatro años y flexibilizar la proscripción de los partidos de izquierda. La reforma fue
aprobada en el referéndum del 30 de julio de 1989.
En las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 triunfó, con 55,2% de
los votos, el demócrata cristiano Patricio Aylwin, candidato de la Concertación
Democrática, alianza entre la Democracia Cristiana, los socialistas y el Partido por la
Democracia, de Ricardo Lagos.
Aylwin asumió el cargo el 11 de marzo de 1990. En abril, el presidente
designó una comisión, llamada Verdad y Reconciliación, para investigar violaciones de
derechos humanos. La comisión confirmó la existencia de por lo menos 2.229
desaparecidos, que fueron dados por muertos, y efectuó un estudio detallado de la
represión en el período dictatorial. Al divulgar estos hechos, en marzo de 1991, el
presidente pidió "perdón" a la Nación en nombre del Estado, anunció que el
proceso seguiría por vía judicial y solicitó a tales efectos la colaboración de las
fuerzas armadas.
Las fuerzas armadas y la Corte Suprema de Justicia defendieron su conducta en
el período dictatorial y negaron cualquier validez al informe de la comisión
gubernamental, desautorizando de hecho al presidente.
En abril de 1991 el senador Jaime Guzmán, ex asesor e ideólogo del régimen
militar, fue asesinado en un atentado atribuido a grupos de izquierda radical. La derecha
revitalizó el tema del terrorismo como justificación de sus acciones y el 23 de abril,
el FPMR anunció la decisión de abandonar la lucha armada.
La economía chilena, mientras tanto, continuó en expansión: 10 años con un
crecimiento anual superior a 6% gracias, sobre todo, a niveles altos de inversión
extranjera y al crecimiento de las exportaciones.
Los indicadores sociales mejoraron durante el mandato de Aylwin. En 1993 los
salarios reales crecieron 5%, el índice de desempleo disminuyó hasta alcanzar 4,5%, y
los gastos sociales crecieron 14% en relación a 1991, mientras la inflación se mantuvo
en torno a 12%.
En agosto de 1993, la Comisión Especial sobre Pueblos Indígenas, un
organismo gubernamental, propuso implantar la enseñanza de las lenguas indígenas -el
mapuche, el aymara y el rapa nui- a nivel escolar para quienes no tienen el castellano
como lengua materna. La medida fue considerada por algunos educadores mapuches como un
paso fundamental para detener el proceso de aculturación que sufren estas etnias.
En las elecciones de 1993 el candidato de la Democracia Cristiana y la
Concertación, Eduardo Frei (hijo), obtuvo la presidencia con el 58% de los votos. Sin
embargo no logró la mayoría parlamentaria necesaria para remover los resabios del
autoritarismo. En el Senado existían aún ocho "designados", por lo que la
oposición a las reformas necesarias era mayoritaria.
Poco antes de la entrega de mando, el presidente Aylwin indultó a cuatro
millitantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenados por el atentado a
Pinochet en 1986.
El gobierno de Frei anunció un plan para reducir la pobreza, que afectaba casi a la cuarta parte de la población.
En mayo de 1995, el salario mínimo fue aumentado en 13%. Se introdujeron impuestos a la venta de cigarrillos y
automóviles para financiar un incremento de 10% en las pensiones más bajas y un 5% en los gastos de educación.
En junio, Chile solicitó asociarse al Mercosur y negoció su ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
El brigadier Pedro Espinoza y el general retirado Manuel Contreras fueron condenados a prisión por su participación
en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en 1976. Pinochet reiteró la solidaridad
de los militares con los condenados, pero luego solicitó respeto a las autoridades civiles. Al mismo tiempo, el
gobierno detuvo las investigaciones sobre corrupción contra el hijo del ex dictador. En una posterior demanda de
revisión, en febrero de 1998, Contreras se presentó como un "subordinado" de Pinochet y afirmó que el verdadero
director de la DINA (policía política) era el propio dictador.
La Cámara de Diputados aprobó por 76 votos contra 26 el acuerdo comercial con los países pertenecientes al Mercosur.
Dos partidos de derecha, la UDI y el RN, se pronunciaron contra dicho acuerdo. La firma del tratado de libre comercio
se registró el 25 de junio de 1996, construyéndose una asociación de "cuatro más uno" entre Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Chile. Esta fórmula se mantiene en práctica, mientras Chile no pase a ser un miembro pleno
del acuerdo. El tratado con el Mercosur entró en vigor el 1 de octubre de 1996.
Un informe de la Sociedad Nacional de Agricultores (SNA) indicó que el acuerdo se traduciría en pérdidas anuales
de 460 millones de dólares para el sector agropecuario chileno, pero, como contrapartida, el país pasaría a estar
integrado a un mercado de más de 200 millones de personas.
En las elecciones municipales de octubre, la gobernante Concertación Nacional recogió la mayoría de los votos.
La representación en los consejos municipales de los Democristianos, el Partido Socialista (PS), el Partido para
la Democracia (PPD) y los Social Demócratas Radicales, se vio incrementada. Sin embargo, el número de alcaldes de
la Concertación Nacional se redujo, en comparación a las elecciones anteriores, en 1992.
Dentro de la Concertación, bajó la convocatoria de los Democristianos y creció la popularidad del PS y del PPD,
cuya figuración en consejos locales y alcaldías fue mayor. Esa ventaja política les permitió robustecerse hacia
adentro de la coalición.
Diferentes estudios sugerían, en 1996, que el crecimiento económico promedio de 6% anual de los últimos 11 años
había permitido una disminución de la llamada "extrema pobreza" -sin reducción de las desigualdades sociales-.
Así, 20 % de la población disponía de 57% de la riqueza nacional, mientras que otro 20%, el más pobre, disponía
de 3,9% de dicha riqueza. Durante la primera mitad de 1996, tribunales militares y civiles cerraron 21 casos de
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que involucraban a 56 víctimas, sin haber señalado responsables.
La Concertación Democrática conservó la mayoría en las elecciones legislativas del diciembre de 1997, pero perdió
terreno frente a la derecha. La coalición en el gobierno obtuvo 50,6% de los votos (había obtenido 56,1% en las
municipales de 1996), mientras que la derecha consiguió 39% (35% en 1996).
Luego de traspasar su cargo de Comandante en Jefe del Ejército al general Ricardo Izurieta, Pinochet se incorporó
al Senado el 11 de marzo de 1998, en medio de airadas reacciones. Tras ver vetado en el Senado su proyecto de un
plebiscito para eliminar los cargos de senadores vitalicios, incluyendo el de Pinochet, el presidente Frei volvió
a proponer una consulta popular. Paralelamente, 21 legisladores sostuvieron que la cláusula constitucional que
otorgaba a los ex presidentes una banca senatorial vitalicia no debía aplicarse a Pinochet, por no tratarse de un
mandatario electo.
La detención de Pinochet en Gran Bretaña, en octubre de 1998, a raíz del pedido de extradición del juez español
Baltasar Garzón, conmocionó al proceso político chileno. El gobierno y la oposición se unieron en el reclamo de
que el general debía ser devuelto a Chile. Pero mientras la derecha acusó al gobierno de llevar adelante los
reclamos con "tibieza", la Concertación sufrió internamente tener que defender al ex dictador bajo el argumento
de la defensa de la soberanía nacional. Los vaivenes judiciales producidos en Londres fueron acompañados en
Santiago por manifestaciones, violentas en muchas casos, a favor y en contra de la detención.
En noviembre de 1998, Mirella Pérez, luego de ascender todos los rangos en el Cuerpo de Carabineros, fue designada
la primera mujer generala de Chile, país en que las mujeres sólo constituyen el 32% de la población económicamente
activa.
Los enfrentamientos entre mapuches y plantadores forestales del sur de Chile llevaron a que, en octubre de 1999,
un grupo armado especial de 200 policías asistido por helicópteros sitiara la aldea de Temucuicui. El gobierno
anunció un plan por el cual los mapuches recibirían 275 millones de dólares para caminería, ayuda técnica agrícola,
becas estudiantiles, la amortización de la deuda de la agencia agrícola del estado y el establecimiento de escuelas
bilingües. Sin embargo, los dirigentes mapuches consideraron que era una colección de viejas promesas incumplidas
vestidas como novedad. A diferencia de otras de América Latina, la constitución chilena no brinda ningún trato
especial a las comunidades indígenas.
La ajustada victoria en las presidenciales de enero del 2000 del socialista Ricardo Lagos, candidato de la
Concertación, dejó muy escaso margen de maniobra al nuevo gobierno. La derecha, que tuvo una victoria moral
con el 49% de votos, prometió mantener una actitud de "colaboración vigilante" con el presidente electo.
En un fallo sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia reconoció los derechos ancestrales de una comunidad
indígena, desconociendo las pretensiones de un poderoso hacendado del sur del país, que estaba ocupando parcelas
para dedicarlas a plantaciones con fines comerciales. En su fallo la Corte reconoció que se trataba de tierras
fiscales que ocupaban ancestralmente los huilliches.
En marzo, Pinochet regresó a Chile, luego de que la justicia británica considerara que su "mala salud" lo eximía
de ser enjuiciado en España. Una semana después, el Congreso chileno aprobó una enmienda constitucional que
garantizaba inmunidad a los ex presidentes. Pero, en un fallo hecho público en mayo, la Corte de Apelaciones
pidió al parlamento que despojara a Pinochet de su inmunidad. Dos semanas más tarde, representantes del estado
(incluyendo el ejército) y la sociedad civil establecieron un comité de Derechos Humanos destinado a encontrar
los restos de los desaparecidos. En agosto, la Suprema Corte sentenció que el senador Pinochet había perdido
su inmunidad. A inicios de 2001, el juez Juan Guzmán reafirmó los cargos de homicidio y secuestro contra el
ex dictador y lo confinó a arresto domiciliario por su relación con la "Caravana de la Muerte", un escuadrón
militar que recorría Chile en helicóptero, ejecutando a 75 prisioneros políticos durante las primeras semanas
de la dictadura.
Una corte chilena suspendió los cargos contra Pinochet en julio de 2001, alegando que no estaba capacitado para
enfrentar un juicio debido a que no se encontraba "en un estado de capacidad mental" que le permitiera ejercer
"con eficacia los derechos para un debido proceso".
Asimismo, el 11 de setiembre de ese año, una corte de Washington D.C. (EE.UU.) inició un proceso contra el
ex secretario de estado Henry Kissinger por su participación en el plan que terminó en el asesinato del general
chileno René Schneider en 1970. El juicio fue iniciado por familiares de Schneider basándose en las contradicciones
existentes entre los informes de la CIA y las declaraciones de Kissinger sobre el caso. Por su parte, también
la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del juez Guzmán de interrogar a Kissinger por la muerte del
periodista estadounidense Charles Horman.
Si bien la aprobación de una ley de divorcio fue uno de los compromisos del presidente Lagos durante su
campaña electoral, la hostilidad de la Iglesia Católica, cuya voluntad era que Chile siguiera siendo el
único país católico sin ley de este tipo, llevó a que, para marzo de 2002, el gobierno todavía se abstuviera
de aplicar el trámite de urgencia a la misma.
Veinticinco miembros del Congreso de los Estados Unidos pidieron el 21 de febrero de 2002 al fiscal federal
Roscoe Howard que acusara judicialmente de terrorismo a Pinochet, por su presunta responsabilidad en el
asesinato del ex canciller Letelier.
En diciembre el gobierno de Lagos firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, convirtiéndose en el
primer país de Sudamérica en suscribir un acuerdo de esta clase que fue criticado por quienes defendían las
negociaciones colectivas para conseguir mejores condiciones que en los acuerdos bilaterales.
El mismo mes un juez ordenó la detención del ex ministro de obras públicas Carlos Cruz -socio por largo tiempo
del presidente Lagos-, y de otros dos funcionarios de alto rango bajo el cargo de haber aceptado sobornos.
Este escándalo se sumó al desafuero de cinco miembros del parlamento, acusados a su vez de corrupción.
Hasta ese momento, Chile se preciaba de ser el país menos corrupto de América Latina.
Entre agosto y octubre de 2003 los senados estadounidense y chileno aprobaron un tratado de libre
comercio (TLC) que entró en vigencia el 1 de enero de 2004. EEUU reconoció que el tratado respondía
a una estrategia de la administración Bush para presionar a Brasil para integrar el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Semanas antes, en la reunión de la Organización Mundial de Comercio
en Cancún, los países en desarrollo que formaron el G-22, que Chile integraba, se habían opuesto a una
agenda de los países ricos que pretendía imponer mayor apertura y garantías al capital transnacional,
sin conceder la apertura de sus mercados a las exportaciones agrícolas del Sur.
El TLC liberó de aranceles al 85% de las exportaciones chilenas al mercado norteamericano desde el primer
día; los aranceles restantes irían siendo gradualmente eliminados hasta 2014. El tratado perjudicó sobre
todo a las pequeñas y medianas empresas y agricultores, comunidades indígenas, creadores y difusores de la
cultura. Se cree que los servicios públicos de salud y educación se verán presionados a una mayor privatización
pues los subsidios estatales basados en aranceles desaparecerán.
En diciembre de 2003, el juez Guzmán procesó al general (r) Manuel Contreras y otros dos jefes de la DINA
por la desaparición de nueve personas durante la Operación Cóndor (ver recuadro), plan represivo aplicado
en los años 1970 por regímenes militares del Cono Sur.
En este marco, una nueva petición de desafuero a Pinochet ingresó a la Corte de Apelaciones, apoyándose esta vez
en una entrevista que mostró al general «absolutamente lúcido, con memoria, con recuerdo».
En mayo de 2004, a pesar de la continua oposición de la Iglesia Católica, Lagos firmó la ley que otorgó el derecho
a divorcio de los chilenos.
Ese mismo mes, Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta bajo la dictadura de Pinochet, fue sentenciado a
quince años de cárcel por la desaparición y muerte de la periodista Diana Aaron ocurrida en 1974.
En julio, la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de EEUU denunció que, mientras el ex gobernante
Pinochet estuvo detenido en Londres, el Riggs (banco estadounidense) le ayudó a ocultar fortunas Según el
informe "Lavado de dinero y corrupción internacional", que constó de 111 páginas, entre 1994 y 2002,
Pinochet mantuvo en el Riggs entre 4 y 8 millones de dólares sin que los directivos de la institución
financiera hubieran escrutado la legitimidad de su origen. Según las leyes estadounidenses contra el
lavado de dinero, los bancos tienen la obligación de examinar las actividades de sus clientes para garantizar
el origen legítimo de sus fondos. Los investigadores del senado de EEUU, que pasaron más de un año examinando
las actividades del Riggs, dijeron haber descubierto, además, que el banco intentó usar empresas y cuentas en
el extranjero con nombres engañosos para ocultar la conexión de las mismas con Pinochet.
Ese mismo mes, Lagos declaró luego de conocida la información sobre la conexión entre Pinochet y el banco
Riggs que: "si el resultado de la investigación del senado estadounidense establece ese nivel de cuentas
con seguridad y quién es el propietario de esas cuentas, probablemente se van a establecer algún tipo de
comisiones, con el propósito de investigar aquello dentro de las distintas estructuras del estado de Chile".
Seguidamente, Pinochet fue denunciado por fraude y otros delitos financieros en relación a las presuntas
cuentas bancarias secretas que mantuvo en el Riggs. La denuncia fue presentada por la abogada Carmen Hertz,
viuda de un político ejecutado poco después del golpe de Estado de 1973. El documento, presentado ante la
Corte de Apelaciones de Santiago, acusó al ex gobernante de fraude al fisco, malversación de fondos públicos
y cohecho. Lagos aseguró que no existirían impedimentos legales para iniciar una investigación a las cuentas
que por años mantuvo Pinochet en el Riggs; el mandatario aseveró que "en Chile todos somos iguales ante la ley".
En agosto, el Congreso inició indagaciones sobre el origen de los bienes de Pinochet y de las cuentas
millonarias que habían quedado al descubierto por los parlamentarios estadounidenses. Un grupo de legisladores
chilenos viajó a EE.UU. para investigar las cuentas del ex dictador en ese país. La cámara de diputados chilena
ordenó además la creación de una comisión que investigará la gestión económica del ex gobernante de facto.
En 120 días, la comisión debía presentar un diagnóstico sobre "las acciones u omisiones" durante el proceso
de privatizaciones de empresas públicas realizado durante el mandato de Pinochet. Si bien en la década de 1990
el parlamento había realizado una investigación sobre las privatizaciones, sus conclusiones no fueron dadas a
conocer a la opinión pública.
Ese mismo mes, la divulgación en la prensa chilena de una foto de una base militar peruana, en Arequipa
(ciudad ubicada a 2.360 metros de altura sobre el nivel del mar, en los Andes peruanos, segunda ciudad del Perú),
causó tensión entre Santiago y Lima. La ministra de defensa chilena, Michelle Bachelet, declaró que la ampliación
de la base aérea era un asunto "públicamente conocido en círculos militares". La ministra pidió a los parlamentarios
chilenos seriedad para no favorecer "un clima de alarmismo" y aclaró que la foto no fue tomada por los servicios
de inteligencia o las fuerzas armadas chilenas, sino por la empresa israelí Image Sat dedicada a la venta de
servicios de satélite. El ministerio de defensa peruano, por su parte, declaró que las fotos fueron tomadas
en diciembre de 2002 y que eran de dominio público.
La polémica entre ambos países se sumó a la protagonizada en julio, cuando Alejandro Toledo (presidente peruano),
estuvo a favor de revisar el tratado de los años 50 que fijó los límites marítimos con Chile. Santiago expidió
en aquel momento un comunicado al respecto, declarando que el tratado no era negociable. Luego de los dichos
de Toledo, Chile realizó ejercicios militares -que dijo estaban planeados con anticipación- basados en la
hipótesis de conflictos con países vecinos.
El 26 de agosto, la Corte Suprema de Chile despojó de su inmunidad como ex gobernante a Pinochet. La máxima
instancia judicial de Chile aprobó el desafuero por nueve votos contra ocho. A raíz de esto, el ex dictador
podía ser enjuiciado por la desaparición de personas en Operación Cóndor, en la que también estuvieron
involucrados otros gobiernos militares sudamericanos. La Corte Suprema rechazó la petición de la defensa
de librar al octogenario Pinochet de procesos judiciales por razones de salud.
El 30 de agosto, Luiz Inácio Lula da Silva (presidente de Brasil) negó la extradición de Mauricio Hernández
Norambuena, un ciudadano chileno requerido por asesinato y secuestro. Según Lula, el acusado podría ser
extraditado luego de que pague condena por un crimen cometido en Brasil. Según las autoridades chilenas,
Hernández Norambuena perteneció al grupo rebelde Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, que perpetró
ataques con explosivos durante el gobierno de Pinochet. El FPMR continuó su lucha armada durante varios
años aún después del retorno a la democracia de 1990.
En setiembre, Rodrigo Rato (director gerente del FMI), llegó a Chile para participar de la undécima reunión
de los ministros de finanzas de la Asociación Asia- Pacífico (APEC). A la cumbre de Santiago acudieron
George Bush (presidente de EEUU), además de los mandatarios de Rusia, China, Japón y otros países que
integran la asociación. También estuvieron otros organismos multilaterales, como el BM, el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo. En la cumbre el debate fue acerca del desarrollo macroeconómico
global y regional (volatilidad de los flujos de capital y las políticas fiscales de los países que integran el bloque).
Esta sería la primera gira de Rato a América Latina desde su designación en el FMI. La APEC asocia 21 países
cuyas economías generan cerca de la mitad del producto bruto interno del mundo. Rato llegó a Chile después de
realizar una breve visita a Uruguay y a Argentina.
Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario en enero de 2005 luego de que una sentencia de la corte estableciera
que estaba en condiciones de salud para afrontar cargos de homicidio y secuestro. La ex ministra de
defensa Bachelet, ganó la primera vuelta de las elecciones de diciembre de ese año pero no llegó al
50% de los votos por lo que debía disputar una segunda contra el multimillonario ex senador Sebastián
Pinera.
En enero de 2006, Michelle Bachelet ratificó su triunfo en segunda vuelta y se transformó en la
primera mujer en presidir el país y en el cuarto jefe de estado consecutivo de centro izquierda.
La presidenta asumió en marzo.
En diciembre de 2006 murió Pinochet a los 91 años. El gobierno rechazó concederle un entierro con
honores de jefe de Estado, pero sí recibió honores como comandante en jefe del ejército, cargo para
el que fuera designado por el destituido presidente Salvador Allende. Al momento de su muerte,
Pinochet enfrentaba varios procesos judiciales y querellas sobre las cuales los tribunales no
habían emitido una condena.
En marzo de 2007 una manifestación para conmemorar el aniversario de la muerte de dos jóvenes
manifestantes contra la dictadura, en 1985, que protestó además contra el nuevo sistema de
transporte, culminó con la detención de más de 500 personas.
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