Los habitantes del actual Brasil sumaban, a comienzos del siglo XVI, entre dos y cinco
millones de personas, pertenecientes básicamente a los troncos lingüísticos
tupí guaraní, caribe y arawak. Algunos de ellos se organizaban
en grupos de cazadores y recolectores. Otros pueblos practicaban también
la agricultura y la arqueologia demuestra que eran hábiles tejedores
o artistas dotados de gran sensibilidad. En algunos casos, la cultura de
los que más tarde se denominarían genéricamente indios
ya había pasado por su apogeo cuando llegaron los europeos.
El navegante Pedro Alvarez
Cabral llegó a la Bahía de Todos los Santos en 1500, pero
varios años antes Portugal ya se había asegurado derechos
sobre esas tierras: el Tratado de Tordesillas (1494), concertado entre
España y Portugal, había corrido hacia el oeste la línea
que dividía los futuros imperios coloniales, a fin de que incluyera
una mayor proporción de tierras para los lusitanos en el Nuevo Mundo.
Los colonizadores impusieron
su dominio a las poblaciones indígenas e implantaron un sistema
de factorías costeras desde donde comerciaban el palo brasil, madera
utilizada para teñidos en las fábricas textiles europeas.
El peligro de que los franceses se apoderaran del Brasil precipitó
su colonización definitiva. El palo brasil fue sustituido por el
azúcar, explotado al comienzo por mano de obra indígena.
Habituados a convivir
en sociedades no clasistas, donde no existía la apropiación
del trabajo ajeno, los indígenas resistieron sistemáticamente
la esclavitud. Por otro lado, su gran sensibilidad a las enfermedades trasmitidas
por los europeos reforzó todavía más la decisión
portuguesa de emplear mano de obra africana en los trabajos agrícolas
realizados en la colonia.
Se calcula que entre los
años 1532 y 1585 se introdujeron en Brasil tres millones y medio
de esclavos. Inglaterra fue el principal beneficiario de este tráfico.
Miles de africanos, desafiando
el sistema colonial esclavista, huyeron de las plantaciones de la costa,
buscando refugio en la espesura de las selvas. Allí se congregaron
africanos, indígenas y mestizos en guerras permanentes contra las
expediciones militares coloniales, formando poblados a los que se denominó
con la voz africana de "quilombo", o también "mokambo". En el nordeste
brasileño fueron famosos los quilombos de Palmares (1630-1695) y
en ellos la figura de Zumbí trascendió a la historia como
líder de esa lucha legendaria. Hasta la actualidad, el movimiento
antirracista brasileño ha conmemorado el 20 de noviembre, día
de la muerte en combate de Zumbí, como Día de la Conciencia Negra.
Además de haber
marcado definitivamente la configuración étnica de Brasil,
la contribución africana en la construcción del país
fue decisiva. Sin embargo, eso no significó el fin del apresamiento
de indígenas, pues quienes no podían comprar esclavos promovían
las incursiones de los "bandeirantes" en territorios en ese entonces españoles,
en particular a las misiones jesuíticas de Guaíra, donde
losguaraníe ya estaban relativamente inmunizados a las enfermedades
y habituados a formas de trabajo agrícola colectivo. Fueron cacerías
humanas tan devastadoras que obligaron a trasladar las misiones cada vez
más al sur, hasta su última ubicación, en los Siete
Pueblos del actual estado de Río Grande del Sur.
La incorporación de Portugal
al reino español, en 1580, tuvo consecuencias importantes en Brasil.
Por un lado, se borraron las fronteras interiores y se hizo inoperante
la división de Tordesillas, pues todas las tierras de América
del Sur eran en ese entonces españolas; con eso se facilitó
la penetración cada vez mayor de los bandeirantes hacia el interior.
Por otra parte, Brasil se vio inmerso en la guerra de independencia que
los holandeses mantenían con España. Por herencias dinásticas,
los Países Bajos y Flandes también pasaron a la corona española.
Entre 1630 y 1654, los holandeses afirmaron su dominio en Pernambuco, después
de un intento de conquistar Bahía y sólo fueron expulsados
por el esfuerzo común de indígenas, africanos y portugueses.
La posterior separación
de España y Portugal no pudo resucitar el meridiano de Tordesillas,
definitivamente superado por los hechos, como línea de demarcación
de los dos imperios. La crisis del azúcar obligó a buscar
medios sustitutivos. En 1696, los bandeirantes, en una de sus incursiones,
encontraron los primeros filones de oro en lo que hoy es Minas Gerais.
En el siglo XVIII se alcanzó el mayor índice de productividad
del metal. El ciclo del azúcar fue sustituido por el ciclo del oro.
En cierta medida, la expansión de la economía exportadora
benefició a la clase dominante local, la que manifestó su
deseo -que posteriormente desarrolló como proyecto político-
cada vez más fuerte de prescindir de la intermediación de
Portugal en su comercio con Europa. Hacia fines del siglo XVIII surgieron
los primeros movimientos independentistas en la colonia, los cuales fueron
rápidamente aplastados por el poder metropolitano. El mayor símbolo
de libertad de los brasileños, el alférez Tiradentes, fue
ejecutado en 1792 por su destacada participación en la llamada Conjuración
Minera, tres años antes.
La invasión napoleónica
a la península ibérica, ocurrida en 1808, determinó
la decisión del rey de Portugal, don Juan VI, de trasladar la corte
a Brasil, lo que colocó a este país en situación de
semiindependencia. La metrópoli dejaba de ser su intermediario,
y Brasil pasaba a comerciar directamente con su principal cliente: Gran
Bretaña. El primer ministro inglés, W. Pitt, había
dicho sobre Brasil: el imperio de América del Sur y la Gran Bretaña
quedarían ligados eternamente, haciendo estas dos potencias un comercio
exclusivo. Así, la burguesía comercial brasileña se
veía beneficiada, en detrimento del sector comercial ligado al monopolio
portugués. En 1821, la revolución de Oporto, en Portugal,
intentó restablecer el viejo sistema colonial monopolista. El rey
partió hacia la metrópoli, y la burguesía comercial
brasileña que no estaba dispuesta a perder todo el terreno ganado
declaró independiente al Brasil, con el beneplácito de Gran
Bretaña. Brasil pasó a ser imperio, y el príncipe
regente se coronó como emperador Pedro I.
Durante el Imperio (1822-1889),
Brasil consolidó su unidad nacional y amplió las fronteras
abiertas por los bandeirantes de los siglos XVII y XVIII. Ese crecimiento
territorial estuvo dado por la incorporación de la provincia Cisplatina
(más tarde independizada como República Oriental del Uruguay,
en 1828, con lo que se fijó definitivamente la frontera del sur);
la guerra de La Triple Alianza contra Paraguay, en la que Brasil se quedó
con 90.000 km² de su territorio y,
a fines de siglo, la anexión del Acre boliviano.
La economía permaneció
atada al latifundio, la exportación de productos agrícolas
tropicales y la explotación del trabajo esclavo que fue abolido
muy tardíamente en 1888. Este último hecho aceleró
la caída del régimen monárquico, aunque no modificó
sustancialmente las condiciones políticas y sociales de los negros,
a quienes en la práctica se les negó la libertad política
al prohibirse el voto de los analfabetos.
El cultivo del café
representó, durante un largo período, la actividad económica
predominante. El régimen oligárquico basado en esa economía
se modificó muy poco con el advenimiento de la república
y fue cuestionado por innumerables levantamientos y revoluciones armadas.
Las rebeliones gaúchas del sur, como la Guerra de los Farrapos (1835-1845),
la revuelta federalista de 1893 o el levantamiento de Santo Angelo, fueron
movimientos regionales, que contaron con la participación de combatientes
de los países del Río de la Plata.
En 1930 un golpe de Estado
proclama presidente e Getulio Vargas. La <<revolución del
30>> marca el fin del predominio de los terratenientes, cuyo poderío
había sido corroído por la crisis mundial de 1929, que arrasó
con la economía del café.
El <<trabalhismo>>
(laborismo) de Getulio Vargas inauguró el modelo de sustitución
de importaciones dando prioridad a la producción industrial propia
y, durante la Segunda Guerra Mundial, a la siderúrgica. Vargas gobernó
dictatorialmente con el Estado Novo desde 1937 a 1945, y en 1950 volvió
al poder como presidente constitucional. Marcó su accionar político
con dos constantes: el nacionalismo y la defensa reformista de los intereses
de los trabajadores.
En 1953 se estableció
el monopolio estatal del petróleo, con la creación de la
Petrobrás. Varias leyes sociales fueron promulgadas en esta etapa.
Vargas se suicidó en agosto de 1954, dejando una carta testamento
en la cual acusó a <<fuerzas oscuras>> (en alusión
al imperialismo y sus aliados internos) de no permitirle gobernar de acuerdo
con aspiraciones populares y nacionales.
Promoviendo una política
de carácter desarrollista, el gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1961)
permitió la penetración de empresas trasnacionales, concediéndoles
privilegios excepcionales. Durante su administración se construyó
Brasilia, con la pretensión de fijar el marco de una nueva etapa
del proceso de desarrollo económico del país. Hacia allí
fue trasladada la capital federal, en 1960, hasta entonces ubicada en Río
de Janeiro. El sucesor de Kubitschek, Janio Quadros, esbozó alteraciones
en la política exterior, pero en circunstancias confusas renunció
después de siete meses de gobierno.
En setiembre de 1961
asumió la presidencia el vicepresidente João Goulart, líder
del Partido Trabalhista y heredero político de Getulio Vargas. Su
ascenso al cargo fue rechazado por los altos mandos militares pero apoyado
por un movimiento cívico-militar en defensa de la legalidad liderado
por el entonces gobernador de Río Grande del Sur, Leonel Brizola.
Como salida conciliatoria a la crisis se adoptó el régimen
parlamentario con Tancredo Neves como primer ministro. En enero de 1963,
después de un plebiscito nacional, se restableció el presidencialismo.
Goulart intentó poner en práctica medidas como la reforma
agraria y la reglamentación de la transferencia de dividendos de
empresas extranjeras al exterior, pero fue derrocado el 1° de
abril de 1964 por un golpe militar apoyado por los Estados Unidos.
El nuevo gobierno promulgó
el Acto Institucional N°1, que abolió la Constitución
liberal de 1946, permitió la proscripción de mandatos parlamentarios
y la suspensión de derechos políticos. Las detenciones se
sucedieron en todo el país e importantes líderes políticos
como João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes y otros más
tarde también Juscelino Kubitschek tomaron el camino del exilio
o pasaron a la clandestinidad.
El Alto Comando Revolucionario
designó presidente al general Humberto de Alencar Castello Branco,
que debía gobernar hasta la finalización del período
constitucional, pero su mandato fue prorrogado hasta 1967. En las elecciones
de algunos gobiernos estaduales, celebradas en octubre de 1965, la oposición
venció en Río de Janeiro y en Minas Gerais. Como represalia,
fue dictado el Acto Institucional N°2, que estableció
la elección del presidente de la República por un colegio
electoral controlado y declaró disueltos los partidos políticos
existentes, creando un sistema bipartidario integrado por la Arena (Alianza
Renovadora Nacional), oficialista y necesariamente mayoritaria, y el MDB
(Movimiento Democrático Brasileño), de oposición pero
sin ninguna posibilidad de llegar al poder.
En enero de 1967 entró
en vigor una nueva Constitución de carácter autoritario,
y dos meses después el general Arthur da Costa e Silva asumía
la presidencia de la República. En diciembre de 1968, ante el avance
de la oposición popular, fue dictado el Acto Institucional N°5, que otorgó poderes
autocráticos absolutos al régimen
militar. Costa e Silva fue sustituido en agosto de 1969 por una Junta Militar,
que gobernó hasta octubre, cuando el general Emilio Garrastazú
Médici, ex jefe del Servicio Nacional de Información (SNI),
fue designado presidente de la República. El gobierno de Médici
se caracterizó por la extremada violencia en la represión
a los movimientos de oposición legal e ilegal, al mismo tiempo que
la política económica estimulaba la euforia consumista de
la clase media. En 1974 asumió el poder el también general
Ernesto Geisel, quien decretó el fin del monopolio estatal en la
explotación del petróleo, firmó un discutido acuerdo
nuclear con Alemania Occidental y amplió las facilidades concedidas
al capital extranjero. La industria bélica colocó a Brasil
en quinto lugar entre los mayores exportadores mundiales de armamento.
Durante el gobierno de
Geisel se inició la estrategia de distensión lenta y gradual
de la vida política, mediante la cual se realizaron avances en el
proceso democrático. En 1974 y 1978, a pesar de la censura en los
medios de propaganda, el MDB conquistó éxitos electorales
significativos. Al término de su mandato, Geisel entregó
el poder al general João Baptista Figueiredo, también ex-jefe
del SNI.
Figueiredo asumió
en marzo de 1979, anunciando el propósito de culminar la apertura
política. Al mes siguiente, una huelga de 180.000 metalúrgicos
en San Pablo, dirigida por Luiz Inacio da Silva (Lula), finalizó
sin represión, por un compromiso negociado entre el Ministerio de
Trabajo y los sindicatos. En noviembre de 1979, el Congreso aprobó
un proyecto de amnistía mucho más amplia que la que originalmente
pretendía el Ejecutivo. Como consecuencia de ello, los presos políticos
fueron liberados y pudieron regresar los exiliados.
En el campo económico-financiero,
los sucesivos gobiernos militares aplicaron una política monetarista
cuyos efectos se hicieron sentir agudamente bajo el gobierno de Figueiredo.
El país se endeudó en escala alarmante. Así, a comienzos
de la década del 80, Brasil pasó de país importador
a país exportador de ahorro, vertido al exterior para el pago de
intereses sobre una deuda externa calculada en 100 mil millones de dólares.
La desigualdad social
se agudizó aún más. Según datos oficiales,
sobre una población de más de 130 millones de habitantes,
en 1985 existían 6 millones de desocupados y 13 millones de subempleados,
sólo en las ciudades. De acuerdo a declaraciones de los técnicos
del Ministerio de Trabajo, formuladas en julio de 1985 ni siquiera un crecimiento
de 7% anual, durante dos décadas, cambiará la situación
de esa población.
Ese contexto explosivo
llevaría al régimen militar a la derrota. Las elecciones
de 1983 reflejaron el enorme descontento popular y resultaron una victoria
de la oposición.
El gobierno central sólo triunfó
en doce estados, mientras que la oposición venció en 10,
entre ellos los más importantes económicamente como San Pablo,
Río de Janeiro y Minas Gerais que representan 59% de la población
y 75% del PIB.
La suerte del régimen
militar estaba prácticamente echada. El gobernador de Minas Gerais,
Tancredo de Almeida Neves, fue el gran articulador del frente de oposición
al régimen. Fracasada la campaña popular pro elecciones directas
en 1984, la oposición pudo triunfar en el Colegio Electoral gracias
a la división del partido oficialista. Tancredo Neves fue designado
presidente y José Sarney hasta pocas semanas antes presidente del
partido de gobierno vicepresidente. Tancredo anunció planes para
instaurar un nuevo orden social: la Nueva República.
Se trataba de asentar
las bases de la democracia política en Brasil y corregir algunas
distorsiones del desarrollo reciente del país. En ese marco, la
reforma agraria, la renegociación de la deuda externa y la recuperación
del crecimiento económico fueron considerados los medios más
eficaces para la plena democratización y modernización del
país. En vísperas de asumir el cargo, la tarde del 14 de
marzo de 1985, Tancredo Neves debió ser hospitalizado de urgencia
y sometido a una intervención quirúrgica. José Sarney
tomó posesión del cargo en su lugar, como presidente interino,
y asumió definitivamente el poder al morir Neves, el 21 de abril
de 1985. En el campo político-partidario, el presidente Sarney legalizó
los partidos comunistas y otras organizaciones de izquierda, algunas proscriptas
de la vida nacional desde hacía 20 o incluso 40 años. Por
otra parte, el proceso de redemocratización cobró contornos
aún más definidos con la aprobación de las elecciones
directas para presidente de la República y prefectos de las capitales,
además de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente
para enero de 1987 y el reconocimiento del derecho al voto de los analfabetos.
Sarney decretó
la moratoria de la deuda externa en 1986, junto con el lanzamiento del
Plan Cruzado con el que se pretendió combatir la inflación.
Los resultados del plan, a corto plazo, fueron positivos, provocando un
auge del consumo y del crecimiento económico. Esa prosperidad momentánea
coincidió con las elecciones parlamentarias de noviembre de 1986,
en las cuales el PMDB obtuvo una victoria abrumadora. El Congreso que resultó
electo tenía el cometido de redactar una nueva Constitución
que inaugurase el retorno a un régimen democrático. La Constituyente
estableció el mandato de José Sarney en cinco años,
después de grandes presiones del Ejecutivo tendentes a neutralizar
la corriente que deseaba cumplir con el compromiso de Tancredo Neves, de
reducir el mandato a cuatro años.
Pero el Plan Cruzado
no podía sostenerse sin un combate contra la gran especulación
y sin poner coto a las presiones del sector financiero. Dos días
después de las elecciones llegó a su fin la congelación
de precios y la inflación volvió a dispararse a cifras de
dos dígitos mensuales. Las metas de la anunciada reforma agraria
fueron reducidas poco a poco.
En las elecciones municipales
de 1988 creció el caudal electoral de los partidos de izquierda
y centro izquierda (PDT, PT y PSDB) a costa del PMDB.
La violencia contra las
organizaciones sociales de base continuó una vez reinstaurada la
democracia. En diciembre de 1988, el asesinato de Chico Mendes hizo pública
a nivel internacional esta situación. Mendes era el líder
del movimiento que nuclea a los seringueiros (extractores del caucho)
y a grupos indígenas de la Amazonia en lucha por la preservación
de la selva y su derecho a vivir y a trabajar en ella.
En noviembre y diciembre
de 1989 se realizaron las primeras elecciones directas para la presidencia
de la República en 29 años. Cerca de 80 millones de electores
concurrieron a las urnas. En la primera vuelta los más votados fueron
Fernando Collor de Mello, candidato de las fuerzas conservadoras, y Luiz
Inacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores. Collor
de Mello, un político joven que hizo su carrera a la sombra del
régimen militar, resultó electo en la segunda vuelta con
42,75% de los votos válidos contra 37,86% de su oponente.
Al asumir el cargo el
16 de marzo de 1990, Collor de Mello anunció el Plan Brasil Nuevo,
un intento de contener la espiral inflacionaria a través de la confiscación
del 80% de los activos financieros que circulaban en la economía
del país.
Collor adoptó
el modelo neoliberal de apertura de la economía, con la privatización
de empresas estatales y la reducción de las barreras arancelarias
para el ingreso de productos extranjeros. Pero fracasó en el control
de la inflación y en detener la recesión y el desempleo.
Junto al complejo panorama
económico, el gobierno debió enfrentar una crítica
situación social y un aumento notorio de la violencia. En Río
de Janeiro, más de 350 niños de la calle fueron asesinados
en 1991. La comisión parlamentaria creada para investigar estos
hechos calculó en más de 5.000 los menores muertos de esa
forma en el país en tres años. La misma comisión denunció
que la persecución de niños sin hogar calculados en siete
millones por el Centro Brasileño de Infancia y Adolescencia era
ejercida por grupos parapoliciales financiados por comerciantes.
Al mismo tiempo, las
poblaciones indígenas son amenazadas constantemente por el progreso,
que ha producido epidemias, el desgaste o la pérdida de sus recursos
naturales, la contaminación y el deterioro sistemático de
su calidad de vida. Muertes por enfermedades, asesinatos y otras agresiones
cometidas por buscadores de metales y la policía, así como
la tendencia a evitar tener hijos por sentirse amenazados y altísimas
tasas de suicidio, están exterminando las poblaciones indígenas
brasileñas.
La desaparición
de las culturas indígenas está asociada con la acelerada
destrucción de la selva tropical, con el fin de explotar su riqueza
minera y maderera, para transformarla en áreas de pastoreo o para
la minería, en particular la del oro, que envenena los ríos
con mercurio. Esta política de depredación no permite la
regeneración de los recursos naturales, lo que conduce inevitablemente
a su agotamiento.
La denominada <<Amazonia Legal>>
es un área considerada estratégica por el ejército,
que inició en 1995 una inversión de varios miles de millones
de dólares para su monitoreo electrónico. Justificada por
el combate al narcotráfico y el control ecológico, la presencia
militar también busca defender las fronteras y afianzar la soberanía
sobre un área <<vacía>> a la que muchos brasileños
creen ser codiciada por Estados Unidos.
En setiembre de 1991,
miles de personas pertenecientes al Movimiento de los Sin Tierra de Brasil
(MST), organizaron una marcha en el estado de Río Grande del Sur,
en el que existen 150 mil familias de trabajadores rurales sin tierra y
nueve millones de hectáreas improductivas. La protesta exigía
además de asentamientos para trabajar que se emplearan los 4.700
millones de cruzeiros destinados a la reforma agraria aprobada ese año,
de los cuales hasta ese momento, se habían utilizado sólo 800.
A fines de setiembre
de 1991, se devaluó la moneda en 20% en sólo dos días,
agudizando la espiral inflacionaria, que ese año aumentó
los precios 400%. La suba de los tipos de interés bancario, cercanos
al mil por ciento anual, provocó despidos masivos en el sector industrial,
que sólo en San Pablo, el principal centro manufacturero dejaron
sin trabajo a más de un millón de personas.
En mayo de 1992 se formó una Comisión Investigadora Parlamentaria con el objeto de
estudiar la corrupción dentro del gobierno, a través del tráfico de influencias, a cambio de depósitos
en cuentas personales del presidente. Las manifestaciones populares contra la corrupción y la aparición
de pruebas que implicaban a nuevas figuras en las maniobras, llevaron a todos los partidos a votar en
favor del juicio político del presidente.
En setiembre, el Congreso aprobó licenciar al presidente para permitir su procesamiento.
La presidencia fue asumida por el vicepresidente Itamar Franco. En diciembre de 1992 el Senado encontró
culpable a Collor por "delito de responsabilidad" y lo condenó a perder su mandato y la suspensión de sus
derechos políticos hasta el año 2000. Franco asumió definitivamente el cargo.
Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, en 1992 había 15.042 trabajadores rurales
esclavos, el triple de lo registrado en el año anterior. Según el organismo federal de estadística, unos 4 millones
de habitantes de la zona rural trabajaban en condiciones de semi esclavitud. La demarcación de 20 millones de
hectáreas para nuevas zonas indígenas, iniciada durante el gobierno de Collor, palió pero no resolvió la
situación de los indígenas.
La Acción Ciudadana Contra el Hambre y por la Vida, iniciada en abril de 1993 a impulso
del sociólogo Herbert de Souza, organizó en todo el país decenas de miles de comités autónomos que recolectaban
y distribuían alimentos y procuraban fuentes de trabajo. Este movimiento involucró a dos millones de personas,
en su mayoría amas de casa y miembros de entidades religiosas y sindicales. Hasta agosto de 1994, cuatro millones
de familias habían recibido ayuda alimentaria.
A fines de 1993 el Ministro de Hacienda Fernando Henrique Cardoso presentó el Plan Real de
estabilización de la economía, que terminó con los ajustes monetarios automáticos e implantó una nueva unidad,
llamada Real, en julio de 1994. El éxito antiinflacionario del plan convirtió a Cardoso en el candidato más
popular de las elecciones presidenciales del 3 de octubre, derrotando en la primera vuelta a Luiz Inacio (Lula)
da Silva, del PT, que hasta poco antes aparecía en las encuestas como favorito.
Cardoso inició un proceso de privatización de empresas estatales, incluyendo parte de las
actividades de Petrobrás y de las telecomunicaciones, pero la recesión económica comenzó a acompañar la
estabilización y se registró un aumento del desempleo, la conflictividad sindical urbana, la delincuencia y
las ocupaciones de tierras por campesinos pobres.
En setiembre de 1995, el presidente anunció un Plan Plurianual de gobierno con
inversiones de 153.390 millones de dólares, concentradas especialmente en la infraestructura económica.
Según estadísticas divulgadas en agosto, 10% de la población brasileña concentraba 48% de los ingresos,
cuatro veces más de lo que gana la mitad más pobre del país. Según el Banco Mundial, en 1997 el 0,83% de los
propietarios detentaba el 43% de las tierras cultivables. Estos números colocaban a Brasil entre los países
más inequitativos del mundo. En junio de ese año, el parlamento aprobó una reforma constitucional permitiendo
la reelección presidencial.
En setiembre, el gobierno decretó la delimitación de 23 terrenos que cubren 8,4 millones de
hectáreas (un 10% del territorio brasileño) garantizando a pueblos indígenas el usufructo exclusivo de esas tierras.
Las marchas y ocupaciones del MST fueron implícitamente apoyadas por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz del
Vaticano en febrero de 1998 en su documento "Para una mejor distribución de la tierra: el desafío de la reforma agraria".
En los comicios presidenciales de octubre Cardoso fue reelecto con 53,1% de los votos en la
primera ronda, 20 puntos porcentuales por encima del candidato del PT, Luiz Inacio da Silva.
A comienzos de 1999 el ex presidente Itamar Franco, entonces gobernador de Minas Gerais,
declaró una moratoria de la deuda con el gobierno federal. En la segunda semana de enero el gobierno dejó en
libertad la cotización del dólar (medida desmentida hasta el día anterior), lo que determinó una devaluación
del 10% del real. El presidente del Banco Central renunció "para que los inversores recuperaran confianza",
pero el real siguió cayendo y la devaluación llegó al 50% a mediados de febrero. La crisis del real afectó al
consumo, a la industria que trabaja con insumos importados y las relaciones del país con sus socios del Mercosur,
pero benefició la capacidad exportadora del país.
Para "contraconmemorar" el quinto centenario del arribo del hombre blanco a Brasil, 2.000 indios
se reunieron en una playa al noreste de Bahía, enarbolando carteles de protesta, el 18 de abril de 2000.
De los cinco millones de habitantes originarios que había en el territorio cuando llegaron los portugueses,
hay en la actualidad 350.000; las mil tribus que existían en el momento del contacto colonial se redujeron
a la quinta parte (210, de las cuales 50 aún no han sido contactadas). La expectativa de vida promedio de los
indios brasileños es de 42,6 años (en tanto el promedio nacional es 67 años).
Con la meta de disminuir la brecha agraria que existe en el país, el gobierno suspendió los
títulos de propiedad de unos 1900 terratenientes, debido a que estos no pudieron justificar la procedencia de
sus papeles ni su legalidad. Aproximadamente unos 62 millones de hectáreas de tierras fueron sancionadas,
lo que equivale a decir que una extensión similar a América Central estaba en manos que no contaban con el
debido respaldo legal. La acumulación de tierras con documentos falsos es una práctica extendida en Brasil,
que cuenta con siglos de antigüedad. De hecho, se estima que un tercio de los terratenientes han construido
sus latifundios en base a documentos falsos. En la actualidad, el 90% de las tierras cultivables está en
manos de un 20% de la población, mientras que el 40% de la población pobre posee apenas un 1% de la tierra
apta para el trabajo.
En mayo de 2001, Cardoso se vio obligado a clausurar dos agencias gubernamentales para el
desarrollo, que fueron el centro de acusaciones de corrupción que podrían alcanzar más de 1.000 millones de
dólares. La policía federal descubrió que muchos de los proyectos que impulsaban estas agencias, para
desarrollar el Amazonas y las zonas más empobrecidas del nordeste, no eran más que fachadas para robar
el dinero. Tanto el presidente del senado, Jader Barbalho, como la esposa de éste, se vieron involucrados
en las investigaciones.
También en mayo, José Nilson Pereira da Silva y Juliano Filipini Sabino fueron condenados
a 21 años de prisión por la muerte del homosexual Edison Neris da Silva, quien fuera asesinado a golpes a
principios de 2000 por un grupo de 18 cabezas rapadas (skinheads) en el centro de la ciudad de Sao Paulo.
El juicio y la condena fueron considerados hechos históricos por los grupos de derechos humanos y de gays,
ya que fue la primera oportunidad en que involucrados en un crimen de discriminación sexual fueron condenados
en Brasil. Según el Grupo Gay de Bahía, entre 1999 y 2000 fueron muertos 299 homosexuales en Brasil.
Un 30% de las víctimas eran travestis, un 3% por ciento lesbianas y dos tercios de los homicidios fueron
cometidos en la región nordeste del país.
Al mes siguiente, el gobierno, a través de su programa contra el SIDA, contrató a la
compañía Sexxy Videos, productora de filmes pornográficos, para exhibir películas en la que los protagonistas
utilicen condones. Asimismo, Sexxy Videos filmó un mensaje especial de prevención del SIDA que colocó al
inicio de sus películas; esta medida se convertiría en medida obligatoria para todos los filmes para
adultos que se produzcan en el país. El programa contra el SIDA de Brasil incluye prácticas en las
escuelas en las que se les enseña a los adolescentes a poner un condón en un modelo de arcilla. Según
cifras de la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), Brasil ha reducido las muertes
por esta enfermedad más de un 60%. El programa de VIH y SIDA de Brasil es reconocido mundialmente por
su éxito: el estado atiende gratuitamente a 90.000 pacientes a un costo de 5.000 dólares anuales,
menos de la mitad de lo que cuesta, por ejemplo, atender a un paciente en Estados Unidos.
El acceso gratuito al cóctel de medicamentos para tratar el SIDA es una de las principales
banderas del programa brasileño. Según una ley de 1996, si las firmas extranjeras no producen localmente los
medicamentos, a los tres años pierden su patente en Brasil. Asimismo, la ley estipula que, en situaciones
de "interés público", la industria local puede violar las patentes. Actualmente, Brasil produce 8 de las 12 drogas
que hacen parte del cóctel de medicamentos que los pacientes reciben de manera gratuita en las clínicas estatales.
Quienes se oponían a este programa argumentaban que podría haber renuencia a tomar los medicamentos, porque
las personas más pobres no podían seguir los complicados regímenes del cóctel. El gobierno solucionó el problema
con etiquetas con soles, lunas y dibujos de las comidas en cada frasco de pastillas.
En Brasil, el ingreso por persona promedio de los blancos es 2,5 veces superior al de los
negros, en tanto el 69% de los pobres brasileños son negros. Los descendientes de africanos constituyen
el 45,3% de la población total del país, lo que hace desproporcionada su participación en la pobreza. En el año 2001,
el desempleo era de 11% entre los negros, y de 7,5% entre los blancos. Apenas el dos por ciento de los
descendientes de negros llegan a la universidad, en tanto el 11% de los blancos accede a la enseñanza superior.
Con el título "Hacia una mundialización del Foro Social Mundial", entre el 31 de enero y
el 5 de febrero del 2002 se realizó en Porto Alegre el segundo encuentro del FSM, institucionalizando esta
instancia de asamblea global, que se había inaugurado un año atrás, también en Porto Alegre. Al FSM, que se
realiza al mismo tiempo que el Foro Económico Mundial, en Nueva York, asistieron 5.000 organizaciones para analizar,
compartir ideas, debatir y delinear alternativas en la lucha anti-globalización. Cuatro grupos representaron
el 80% de los participantes: 8.503 delegados brasileños, 993 italianos, 924 argentinos y 718 franceses.
En la reunión de los delegados por continentes había aproximadamente 100 de Asia (de India unos 30 y de China
menos de 10). Delegados indios propusieron que el FSM 2004 fuera realizado en India.
Cerca de 500 militantes del MST invadieron el 30 de marzo la hacienda de los hijos del
presidente Cardoso, ubicada unos 700 kilómetros al sudeste de Brasilia, con el objetivo de forzar al gobierno a
liberar tierras para la reforma agraria en la región. El coordinador general del MST, Joao Pedro Stédile,
subrayó que la invasión era "una medida extrema adoptada por los trabajadores sin tierra ante la falta de
solución a sus reivindicaciones". La principal reivindicación, presentada meses antes al gobierno, era la
entrega de tierras a unas 200 familias campesinas junto a sus títulos de propiedad y créditos para producción
en el estado de Minas Gerais.
Ante la eventualidad del triunfo de la izquierda en las elecciones de octubre y la
inestabilidad financiera de la región, el dólar comenzó a subir presionado por los sectores financieros del
mercado. Para mantener la estabilidad de la plaza financiera, el gobierno de Cardoso gestionó con el Fondo
Monetario Internacional un préstamo de 30.000 millones que fue concedido en agosto del 2002.
En octubre del mismo año y en su cuarto intento de arribar a la presidencia, Lula da Silva
logró triunfar sobre José Serra, el candidato del oficialismo, y llevar a la izquierda brasileña al gobierno.
Para lograr esta victoria, conseguida por abrumadora mayoría en una segunda vuelta electoral, el Partido de los
Trabajadores necesitó aliarse con sectores conservadores del centro y la derecha, en un intento de disminuir
el miedo de los mercados, comprometiéndose además a cumplir los cronogramas de pagos acordados con los organismos
multilaterales de crédito. A pesar de los numerosos condicionamientos económicos y políticos con los que se enfrenta,
Lula llegó al gobierno apoyado por una masa de 52 millones de votos y con la promesa de profundizar la
independencia económica de Brasil, apoyar las estrategias comunes del Mercosur y aplicar una gradual política
de redistribución económica que suavizara las enormes desigualdades imperantes desde hacía décadas en el Brasil.
En marzo de 2003, el MST lanzó una nueva ola de ocupaciones de haciendas, a fin de acelerar
la puesta en marcha de la reforma agraria. Ese mismo año, el lanzamiento de un cohete espacial en Alcántara
causó una explosión que mató a 21 personas. En 2003, el FMI y el presidente Lula acordaron un nuevo préstamo
al país para el año entrante, como precaución, según el gobierno, de futuras turbulencias económicas. El
organismo concedió además extender la fecha límite de los pagos de la deuda brasileña de 2005 y 2006.
En 2003, el senado brasileño discutió la elaboración de una ley acerca de la portación ilegal
y pública de armas por parte de civiles; la ley contemplaría rigurosas reglas en relación al permiso de portación
y crearía un registro de armas de fuego, penando estrictamente a portadores no registrados. Quedó fijada para 2005
la realización de un referéndum para dilucidar la puesta en marcha de un bando que alertase sobre la venta de armas
ilegales. Cerca de 40 mil personas son baleadas cada año en el país, la mayoría en zonas urbanas; Brasil tiene el
más alto índice de muertes del mundo bajo esa modalidad.
En mayo de ese mismo año, Brasil obtuvo el premio de salud global, Gates 2003, por su programa
nacional de lucha contra el HIV/SIDA. El programa fue considerado modelo para combatir el flagelo, pues combinaba
el libre acceso a tratamientos anti- retrovirales con campañas publicitarias agresivas de prevención contra el SIDA.
El gobierno decidió destinar el premio Gates, de un millón de dólares, a ayudar a grupos que cuidan huérfanos de SIDA
y a personas portadoras de HIV. En 1996, Brasil había garantizado a todos los ciudadanos el libre acceso a las drogas
anti retrovirales.
En octubre, Asma Jahangir, experta en ejecuciones extrajudiciales de la ONU, condenó la
situación de los derechos humanos en el país. Jahangir había visitado Brasil para investigar acusaciones de
tortura y asesinatos supuestamente cometidos por la policía brasileña. La experta declaró en Rio de Janeiro,
tras visitar dos de las favelas (o villas marginales) más violentas de esa ciudad, Borel y Jacarezinho,
(donde escuchó testimonios de más de veinte madres y otros familiares de personas presuntamente ejecutadas a
manos de la policía), que "Brasil es una democracia; sin embargo encontré aquí un cuadro miserable y triste
en el que no hay justicia".
Jahangir aclaró que, a pesar de los esfuerzos del gobierno para evitar la impunidad y reducir
la violencia, era imprescindible introducir cambios que garantizaran mayor respeto de los derechos humanos en el
país. Agregó que la situación de los DDHH sumamente deteriorada de Brasil no podría compararse con ningún otro
país del mundo. Según un informe del grupo Centro por la Justicia Global -que integra una comisión sobre derechos
humanos dentro del gobierno- existen los llamados escuadrones de la muerte en 14 de los 27 estados de Brasil.
En febrero de 2004, Juan Miguel Petit, integrante de ONU, presentó un informe denunciando que
el turismo sexual era una de las formas más habituales de explotación sexual de menores en Brasil. El informe
incluyó un estudio sobre tráfico, prostitución y pornografía infantil. El documento divulgó, además, que alrededor
de 500 mil menores que trabajan como domésticas podrían estar expuestas a abuso sexual. Petit declaró
que "la prostitución infantil era abiertamente visible", luego de su visita a Río de Janeiro, entre otras ciudades.
Según ONU, el problema es resultado de la marginación, la falta de derechos básicos, la pobreza, y la ausencia de
mecanismos de inserción social.
Petit enfatizó que el riesgo aún más grave era el acostumbramiento frente a la situación, aunque
consideró positiva la movilización de la sociedad civil y la meta del gobierno de luchar contra la prostitución
infantil. El informe de ONU propuso medidas específicas para la protección de los niños: sistema de defensores de
oficio, policía juvenil especializada, justicia de menores especializada, comisiones de lucha contra la impunidad
(integrada por sectores públicos y privados), y mejor coordinación en los servicios sociales mediante una
transferencia de fondos acorde con las necesidades. ONU propuso además, el control de las rutas del tráfico, y
que culturalmente, no se trataría de reprimir la marginación, sino de romperla con políticas específicas de
inserción social y de apertura hacia los sectores sociales deprimidos y carenciados.
En marzo, un ciclón azotó la costa sur de Brasil. Según fuentes del gobierno, durante la
fuerte e inusual tormenta, al menos dos personas murieron y varias desaparecieron; las playas fueron evacuadas,
más de 500 casas fueron destruidas, un número mayor de edificaciones resultó dañado y el suministro de energía
quedó interrumpido en amplios sectores del país. Dos botes pesqueros se hundieron y las autoridades brasileñas
denunciaron cerca de diez pescadores desaparecidos. El ciclón extratropical se formó en el océano Atlántico, a
unos 440 Km. del litoral de Brasil, y afectó principalmente los municipios costeros de los estados de Santa Catarina
y Río Grande do Sul. El Centro Nacional de Huracanes de EEUU, con sede en la ciudad de Miami, dijo que por primera
vez en la historia, un fenómeno meteorológico de esas características se había formado en el océano Atlántico Sur,
a la altura de la costa brasileña.
Ese mismo mes, durante una visita a Sao Caetano do Sul (localidad situada al sur de la ciudad de
San Pablo) Lula da Silva negó que el descontento con su gestión significara una crisis para el gobierno. Según un
sondeo de opinión, la popularidad del presidente había descendido, del 39,9% en febrero, al 34,6% en marzo.
Otra encuesta, indicó que la aprobación al gobierno había caído del 66% en diciembre al 54% hasta la fecha.
El gobierno fue fuertemente criticado por la oposición y por aliados políticos (incluidos sectores del propio
Partido de los Trabajadores PT, del presidente Lula da Silva), por el rumbo conservador en el aspecto económico y
la falta de resultados en las políticas sociales. A eso se sumó el escándalo de corrupción en el que se vio involucrado
el jefe del gabinete, José Dirceu, a quien le grabaron en un video mientras pedía dinero para él mismo y para financiar
campañas del PT en 2002. Lula aseguró que las críticas a su gobierno se deben a la proximidad de las elecciones
municipales, las cuales están programadas para el mes de octubre. Brasil sufrió una contracción en el crecimiento
de su economía del 0,2% en 2003, pero el gobierno tendría previsto un aumento del mismo de 3,5% para 2004.
En agosto de 2004, Brasil firmó un acuerdo con Ecuador, que otorgó a la petrolera estatal
Petrobras, a construir infraestructura de perforación en una de las más importantes reservas ecológicas del Amazonas.
Por intermedio de la licencia el gobierno de Lula estaría en condiciones de ayudar a reestructurar la empresa estatal
de petróleo de Ecuador (Petroecuador). El permiso otorgó a Petrobras la construcción de una carretera, un muelle y
un puente en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador. Mediante el acuerdo, Brasil ayudaría además, a modernizar las dos
empresas estatales de telecomunicaciones de Ecuador. Lula da Silva, declaró en Quito que el acuerdo fomentaría una
verdadera integración económica entre ambos países.
Grupos ambientalistas se opusieron al tratado pues no garantizaría la integridad ecológica de la
mayor reserva natural ecuatoriana. El Yasuní fue declarada reserva de la biosfera por UNESCO, cubre 982 hectáreas de
selva y es refugio de 90 especies de anfibios y más de 500 tipos de aves. El grupo ambientalista Acción Ecológica
(AC, miembro del Movimiento Mundial por los Bosques y miembro fundador de la Red por una América Latina Libre de
Transgénicos), pidió una orden judicial que suspendiera la licencia de Petrobras. AC sostuvo que la vida silvestre,
así como las etnias indígenas en la zona podrían estar en peligro de extinción.
En octubre, Amnistía Internacional advirtió que los enfrentamientos entre pandillas de dos barrios
pobres de Ciudad de Dios (favela ubicada al oeste de Río de Janeiro), terminarían en un baño de sangre si el gobierno
de Brasil no tomaba medidas rápidamente. Según la organización, las batallas entre bandas de narcotraficantes de Vigario
Geral, y su vecina Parada de Lucas, terminarían costando la vida a gran cantidad de personas inocentes.
Ese mismo mes, una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó una
nueva instalación nuclear, la planta Resende, ubicada en el estado de Rio de Janeiro. Los expertos de OIEA verificarían
que la técnica de enriquecimiento de uranio utilizada no fuera desviada con fines militares. El gobierno insistió en que
su programa nuclear perseguía fines energéticos, y aclaró que sólo permitiría una inspección visual limitada a las
centrifugadoras de la planta a fin de proteger sus secretos tecnológicos. El ministro de Ciencia y Tecnología,
Eduardo Campos, señaló que Brasil invirtió casi 1.000 millones de dólares y años de investigación para desarrollar
nuevas técnicas de enriquecimiento de uranio; agregó que la técnica de centrifugado desarrollada por Brasil era
un 30% más eficiente que la utilizada en otros países.
En noviembre de 2004, la OIEA alcanzó finalmente un acuerdo primario con Brasil para la producción
de uranio enriquecido. Mark Gwozdecky, vocero del organismo dependiente de las ONU, señaló que los inspectores de OIEA
visitarían la planta de Resende, teniendo en cuenta la preocupación del gobierno de proteger la información.
Por primera vez, en enero de 2005, las autoridades serbo-bosnias enviaron a un sospecho de
crímenes de guerra al tribunal de La Haya, días después de que Estados Unidos cancelara el envío de diez millones
de dólares en ayuda debido a la falta de arrestos.
En enero de 2005 el parlamento votó legislación que podía llevar al encarcelamiento por un
año de personas que fueran encontradas de insultar a homosexuales y mujeres. Defensores de la libertad de expresión,
por su parte, manifestaron que esta legislación no funcionaría en la práctica. El mismo mes, Chirca ordenó al gobierno
que obligara a las empresas a pagar iguales salarios a las mujeres, quienes en ocasiones recibían una pagar de un
tercio menos que sus colegas varones.
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