Desde hace más de dos mil años, la región que hoy es
Bolivia, estaba habitada por agricultores y pastores en su parte andina y por recolectores
y guerreros selvícolas en la parte oriental. En este territorio se puede encontrar desde
zonas de alta montaña -la fría puna- hasta los valles calientes y también selva, todo
lo cual permitió producciones de ganado, cultivo de papa, algodón, maíz y la
explotación de minerales, pesca y coca. Esa región rica posibilitó la creación de
diversos reinos o señoríos alrededor del lago Titicaca, en cuyo centro se constituyó la
civilización Tiawanacu.
La organización social partía de la unidad básica denominada ayllu,
-unidad de parentesco- en la que no existía propiedad privada de la tierra, aunque la
sociedad estaba estratificada en campesinos, artesanos y el ayllu dirigente,
compuesto por sacerdotes y guerreros, que nombraba el jefe o mallku.
En el 800, Tiawanacu se expandió, formando el primer imperio panandino.
Hacia el 1100 los Inka, originarios del valle del Cuzco (Perú), colonizaron al
resto de los pueblos andinos, constituyendo una confederación de estados denominada Tahuantinsuyu
(también se le llama Imperio Inka) que adopta elementos técnicos, culturales, religiosos
y económicos de la cultura Tiawanacu, en particular la estructura del ayllu .
Mediante la mita -institución luego explotada inhumanamente por los
españoles- cada trabajador brindaba servicios al Estado centralizado. La estructura
social era rígida; en primer lugar estaba el Inka, (hijo del sol), luego la nobleza
(orejones) y sacerdotes, después los Capac, gobernadores de un suyu o región en que se
dividía el imperio, por último los curacas, gobernadores de los ayllus, y los
campesinos. Se trataba de una organización basada en un modo de producción comunitario y
autosuficiente.
Cuando llegaron los españoles, a inicios del siglo XVI, el Tahuantinsuyu
se extendía desde el sur de Ecuador, Perú, hasta el norte de Chile, y desde el lago
Titicaca y el altiplano hasta el norte de Argentina, abarcando los valles de las
estribaciones de la cordillera y los llanos orientales. Se calcula que en lo que hoy es
Bolivia, había una población de un millón de personas, y en el Tahuantinsuyu de
dos a tres millones siendo por lo tanto la región más poblada de Sudamérica.
Constituían organizaciones multiétnicas, con predominancia de los pueblos de habla
aymará -en la región del lago Titicaca- y quechua. En los llanos del oriente vivían los
pueblos tupí-guaraníes, dispersos en pequeños grupos, sin constituir un núcleo
centralizado. Al día de hoy las lenguas aymará y quechua continúan siendo habladas por
la mayoría de la población de Bolivia.
En 1545, se descubrieron las minas de Potosí, de cuyas vetas España extrajo
inmensos volúmenes de plata, los cuales contribuyeron a consolidar los procesos de
acumulación de capital de los principales países europeos. Centenares de miles de
indígenas murieron trabajando hasta la extenuación en un proceso de explotación
completamente inhumano. En la faldas del cerro se levantó la ciudad de Potosí, una de
las tres mayores del mundo durante el siglo XVII, que constituía el centro económico de
vastas regiones de Chile y Argentina además de la propia. Se generó así, una rica
burguesía minera, que vivía en medio de la ostentación y el despilfarro.
Tras varias décadas de lucha popular antiespañola, que tuvo su apogeo en las
rebeliones de Tupac Katari (1780-82) y en la Junta Tuitiva de La Paz (1809) encabezada por
el mestizo Pedro Domingo Murillo, y posteriormente por los llamados "guerrilleros de
la independencia" -finalmente aplastados- el sector criollo se adueñó del proyecto
independentista y lo desfiguró, calcando modelos económicos y administrativos de las
nuevas potencias capitalistas emergentes en Europa. La oligarquía minera, decayó como
consecuencia del bloqueo de Londres al comercio del mercurio, esencial para la producción
de plata. Esta circunstancia hizo que la burguesía comercial de Buenos Aires se
desinteresara de la región del, asi denominado desde fines del siglo XVIII, "Alto
Perú" (Bolivia) y no opusiera mayor resistencia a que pasara a formar parte de la
órbita de influencia del libertador Simón Bolívar, originario de Venezuela. El país
fue bautizado de nuevo con su nombre en 1825, cuando la Asamblea de Representantes reunida
en Chuquisaca proclamó la independencia.
A partir de ese momento, la influencia de Perú sobre Bolivia será constante,
hasta 1841. Al mariscal Andrés de Santa Cruz, le corresponderá el intento de
<<modernizar>> el país fundando universidades, poniendo en funcionamiento la
Suprema Corte de Justicia, aprobando códigos, etc.
La "rosca" de propietarios de minas Patiño, Aramayo, Hochschild y
otros políticos y generales de extracción oligárquica, manejaron la vida republicana
moderna de Bolivia como parte del negocio del estaño. El interés del imperialismo
británico por el salitre de Antofagasta, primero, y por el petróleo del sur, después,
desencadenó dos guerras fratricidas en América del Sur: la del Pacífico entre 1879 y
1883 de Chile contra Bolivia y Perú; y la del Chaco, de 1932 a 1935 de Paraguay contra
Bolivia. En ellas Bolivia perdió sus costas oceánicas y las tres cuartas partes del
territorio chaqueño. La cesión a Brasil del Acre Amazónico, luego que aquél lo
invadiera en 1904, completó el desmembramiento del país.
El 21 de julio de 1946 el presidente, Gualberto Villarroel (1943 - 1946) fue
derrocado, asesinado y su cuerpo colgado de un farol, en la plaza principal de La Paz.
Antes que él, otro militar de la generación de la guerra del Chaco, Germán Bush, había
nacionalizado el petróleo boliviano, cuando fue acusado de nazi por la propaganda que
respondía al Departamento de Estado.
El sentimiento de frustración nacional que produjeron estas derrotas abrió
paso a un fuerte impulso reformador y antiimperialista. Surgió así, al lado de las
izquierdas sindicales y campesinas, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Tras
varios levantamientos y una victoria electoral no respetada en 1951 el MNR encabezó en
1952 una insurrección popular que derrotó en las calles al ejército de la oligarquía y
llevó al gobierno a Víctor Paz Estenssoro, primero, y a Hernán Siles Zuazo, después.
La revolución boliviana nacionalizó las minas de estaño, decretó la reforma agraria y
estableció el voto universal. Se organizaron milicias obreras y campesinas y
conjuntamente con la Central Obrera Boliviana (COB) ejercían el llamado cogobierno con el
MNR. El ejército, eliminado luego de la insurrección, posteriormente fue reorganizado
bajo la presión de los Estados Unidos.
Debilitado por divisiones políticas internas, el MNR iba perdiendo fuerzas y
finalmente fue derrocado por una junta militar encabezada por René Barrientos, en
noviembre de 1964. Ernesto "Che" Guevara inició un movimiento guerrillero,
buscando establecer un "foco" a partir del cual expandirse por el continente.
Capturado por fuerzas especiales adiestradas por Estados Unidos, fue asesinado el 8 de
octubre de 1967.
Diferencias en el ejército y la presión popular determinaron que en 1969
asuma el gobierno un sector antiimperialista, encabezado por el general Juan José Torres.
En su corta gestión se produjo un ascenso considerable de las organizaciones populares.
Se formó la Asamblea Popular con base en la COB y partidos de izquierda. En agosto de
1971 fue derrocado por el coronel Hugo Bánzer Suárez, quien inició un gobierno con el
apoyo del MNR. Este gobierno cívico - militar se mantuvo hasta julio de 1978 realizando
una gestión autoritaria desarrollista en favor de la agroindustria y obras de
infraestructura, amparado en los altos precios del petróleo y los minerales.
Entre 1978 y 1980 los golpes militares y sucesivas elecciones presidenciales
se repitieron en forma alternada. Ocuparon efímeramente la presidencia Juan Pereda
Asbún, David Padilla Arancibia, Alberto Natusch Busch por medio de golpes de estado; y el
Dr. Walter Guevara Arce y la Sra. Lydia Gueiler en gestión constitucional. En las
elecciones de junio de 1980 triunfó la Unión Democrática y Popular (UDP), coalición de
centroizquierda, cuyo candidato, Hernán Siles Zuazo, fue impedido de asumir por un nuevo
golpe de estado perpetrado por el general Luis García Meza. Miles de ciudadanos fueron
asesinados y torturados, según Amnistía Internacional. Entre ellas fueron asesinados en
la sede de la COB, los dirigentes populares Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores
Bedregal así como el dirigente minero, Gualberto Vega.
En 1982, disensiones internas, el desprestigio internacional del régimen por
sus vínculos con el tráfico de drogas y la tenaz resistencia popular encabezada por la
COB, determinaron la caída del régimen militar. En setiembre los mandos militares
convocaron el congreso elegido en 1980. Y el 10 de octubre Hernán Siles Zuazo asumió la
presidencia luego de 18 años de regímenes militares, iniciando un período legal -
constitucional, que sigue vigente.
Siles Zuazo inició una gestión populista y nacionalista, cediendo a los
sindicatos la administración de las minas estatales. Anunció, además, el no pago de la
deuda externa. El movimiento obrero, popular y campesino presionó con sus movilizaciones
y diversas leyes permitieron su intervención en la gestión económica de las empresas,
en comités populares de abastecimientos alimentarios, de salud y de educación. La
Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA) asumió parcialmente el control de los
mercados y se instalaron estaciones colectivas de maquinaria y equipos de labranza. Como
respuesta la banca acreedora y las instituciones internacionales como el FMI y el BM
bloquearon los créditos y el comercio internacional, desatándose una crisis financiera e
hiperinflacionaria incontrolable. El salario medio bajó a 13 dólares mensuales.
Bajo fuerte presión de todos los sectores sociales, el gobierno acortó su
propio mandato. En julio de 1985, se realizaron elecciones generales y al no obtener
ningún candidato más de 50% de los votos el Congreso eligió Presidente a Víctor Paz
Estenssoro del MNR, a pesar de que el general Hugo Bánzer, con la ADN, había ganado las
elecciones por escaso margen. El gobierno de Paz Estenssoro implantó un programa de
ajuste neoliberal, suprimió subsidios, cerró empresas estatales y eliminó el control de
precios y de la cotización del dólar. El cierre y arriendo de las minas dejó sin empleo
a miles de obreros, mientras se paralizó la inversión productiva. A través de despidos
masivos y una drástica reducción de los salarios se logró contener una inflación de
cuatro dígitos.
En las elecciones nacionales de 1989, el MIR de Jaime Paz Zamora, surgió como
una nueva fuerza con 19% de los votos (el doble que en las anteriores) y alcanzó el
tercer puesto. El candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, obtuvo 23% y la ADN de
Bánzer 22,6%. No obstante, el llamado <<Acuerdo Patriótico>> entre el MIR y
la ADN permitió la nominación parlamentaria de Paz Zamora como presidente. Ambas fuerzas
continuaron la política neoliberal del gobierno precedente.
Se inició un programa de privatizaciones de empresas públicas, con
excepción de las estratégicas. Aún así, la Corte Suprema de Justicia anuló por
inconstitucional una ley que autorizó la privatización de 22 de las 64 empresas
estatales. En cambio, el gobierno promovió asociaciones de capital entre la Corporación
Minera (COMIBOL) y empresas privadas (joint ventures). La Federación de
Trabajadores Mineros (FSTMB) respondió con huelgas de hambre y la amenaza de ocupar las
minas, en defensa de la propiedad estatal.
En abril de 1991 el Parlamento autorizó el ingreso de militares de Estados
Unidos para adiestrar personal boliviano en la lucha antidrogas. A pesar de las acciones
militares y la política de sustitución de plantaciones de coca, denominada "coca
por desarrollo", la superficie de éstas aumentó. En 1992 se calculaba que unas 200
mil personas intervenían en el circuito de producción coca-cocaína y que los ingresos
del país por este concepto llegaban a los 950 millones de dólares anuales.
La pérdida de poder de movilización del movimiento obrero se vio compensada
por el surgimiento de nuevas organizaciones de pueblos y comunidades originarias. Se
realizaron diversos congresos de la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y la
Amazonia Boliviana (CIDOB) y de la Asamblea del Pueblo Guaraní, entre otras. Sus
principales reivindicaciones son la asignación de tierras, la preservación del hábitat
y el uso de los idiomas nativos en la enseñanza. La población del Oriente Boliviano
comprende aproximadamente 250.000 personas de 33 grupos étnico - lingüísticos.
En setiembre de 1990, se efectuó una marcha indígena a lo largo de 750 km.
desde el Oriente hasta La Paz, con la consigna de <<Tierra y Dignidad>>. El
gobierno aprobó un "Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo Indígena",
en cuyo marco, en agosto de 1991, se reconocieron 8.000 has. como propiedad colectiva de
la Comunidad Mosetana de Santa Ana de Horachi. Esta y otras resoluciones son resistidas
por los consorcios que explotan la riqueza forestal de la región.
En enero de 1992 los presidentes Paz Zamora y Alberto Fujimori suscribieron un
acuerdo por el cual Perú cedió a Bolivia una zona franca de 327 hectáreas en el puerto
de Ilo, con lo que Bolivia obtiene una "salida al mar", o sea un puerto libre
para su comercio internacional.
El MNR ganó las elecciones nacionales de junio de 1993, al obtener 36% de los votos con la fórmula Gonzalo
Sánchez de Lozada a la presidencia y el sociólogo y dirigente aymará del Movimiento Tupac Katari, Víctor
Hugo Cárdenas, a la vicepresidencia. Mientras la ADN y el MIR sufrieron fuertes pérdidas, los nuevos
movimientos populistas y nacionalistas, como CONDEPA y UCS, de los empresarios Carlos Palenque y Max
Fernández, conservaron su apoyo en los sectores mestizos y los barrios marginales.
En el primer año de gobierno se estableció por ley el derecho a la educación en las lenguas nativas (aymara,
quechua, guaraní). La ley de Capitalización resolvió la privatización del 50% de las principales industrias
públicas (telecomunicaciones, electricidad, petróleo, gas, ferrocarriles, líneas aéreas) sobre la base de
transferir a los ciudadanos bolivianos la mitad de las acciones como fondos de pensión. El objetivo era atraer
la inversión externa, reducir el desempleo e incrementar el PBI.
Numerosos movimientos locales reaccionaron contra la introducción de desechos tóxicos provenientes de Europa y
el deterioro ambiental provocado por la explotación minera, mientras otros reclamaban contra el cierre de esas
mismas minas y la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo. La quema de plantaciones de coca promovida por
Estados Unidos motivó continuos enfrentamientos de los campesinos con las fuerzas militares. En tanto el Banco
Mundial reportó que el 97% de la población rural vivía en la pobreza.
La ley de Capitalización, impopular entre los trabajadores temerosos de perder sus empleos, provocó en 1995
una sucesión de huelgas. En dos oportunidades, el gobierno declaró al país en estado de emergencia, con poderes
especiales para la policía y toque de queda. Se prohibieron las reuniones públicas y más de 100 dirigentes fueron
encarcelados.
En su campaña de presiones regionales para controlar el flujo de cocaína hacia el norte, Estados Unidos exigió
en febrero de 1997 que el parlamento boliviano aprobara una ley contra el lavado de fondos procedentes del narcotráfico.
En las elecciones nacionales de junio, Acción Democrática Nacionalista venció con 22% de los votos, seguida por
el MNR, el MIR, UCS y Conciencia de Patria (con 18, 17, 16 y 16 % de los sufragios, respectivamente).
La negociación parlamentaria para elegir a Hugo Banzer como nuevo presidente fue muy engorrosa debido a la gran
fragmentación partidaria.
Los 100 sindicatos de cocaleros acordaron en agosto con el gobierno reducir voluntariamente la producción de coca
para cumplir con las exigencia de Estados Unidos, que por su parte se comprometió a entregar 40 millones de dólares
a Bolivia para el combate al narcotráfico. En enero de 1999 Washington reconoció que el plan había resultado exitoso
y que la producción cocalera boliviana había sido reducida en un 50%.
Según la organización Human Rights Watch (HRW), los traficantes de cocaína gozan de una amplia influencia en el
Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía, los partidos políticos y otras
instituciones públicas. El tráfico de drogas y la corrupción obstaculizan la posibilidad de que Bolivia desarrolle
instituciones públicas arraigadas en el imperio de la ley. La explosiva producción de coca en Bolivia a lo largo
de las dos últimas décadas, según HRW, refleja el crecimiento de la demanda por cocaína en los Estados Unidos.
Quiroga reemplazó en la presidencia a Bánzer, enfermo de cáncer, en agosto 2001.
El plan de erradicación de coca seguía ofreciendo obstáculos y, en diciembre, los campesinos rechazaron la oferta
gubernamental de un subsidio de 900 dólares anuales per capita por no plantarla. Ese mes, el líder campesino Casimiro
Huanca murió luego de ser baleado por la policía que trataba de dispersar a los plantadores de coca que se habían
reunido en su local gremial.
En el quinquenio 1997-2002 Bolivia se convirtió en el líder mundial de certificación de manejo en bosques tropicales.
Esto les abrió nuevos mercados a las maderas bolivianas en Europa y también Estados Unidos. La falta de premios en
precios a las maderas certificadas podría ser, según analistas, el eslabón más débil en un negocio capital para
proteger la biodiversidad de los bosques tropicales.
Dos candidatos encabezaron los sufragios de las elecciones nacionales de junio del 2002. Sánchez de Lozada con
el 22.46% de los votos y Evo Morales, el líder indio de los cultivadores de coca, que consiguió el 20.94%. Ya que
ninguno de los dos consiguió una mayoría categórica el Congreso definió con su voto y Sánchez de Lozada fue electo
presidente en agosto. Sánchez -quien fue acusado por los seguidores de Morales de haber "vendido la patria" en los
programas de privatización de su primera presidencia- hizo un llamado a la cooperación entre las distintas facciones
políticas de Bolivia.
En enero de 2003 los cultivadores de coca bloquearon la principal carretera del país originando una violenta
represión que causó una serie de enfrentamientos y costó la vida de diez campesinos y dos soldados. Luego de dos
semanas de intransigencia, Sánchez de Lozada aceptó iniciar conversaciones con los campesinos liderados por Morales,
quienes reclamaban la ampliación de la cuota permitida de cultivo de coca y un cambio radical de las políticas de gobierno.
El 1° de setiembre de 2003 se inició una marcha de campesinos y trabajadores desde la localidad de Caracollo hasta
la ciudad de La Paz, en oposición a la exportación de gas, a través de Chile, a Estados Unidos como materia prima
y exigiendo que éste se dedicare, en primer lugar, al uso doméstico y el desarrollo interno. A lo largo del mes
la protesta se generalizó y se sucedieron piquetes, marchas y bloqueos de caminos. El día 29, la COB convocó una
huelga general indefinida. Miles de mineros marcharon hacia La Paz y, a pocos kilómetros de la capital, fueron
detenidos por las fuerzas policiales. El choque dejó como resultado dos muertos y decenas de heridos. El presidente
Sánchez de Lozada acusó a los dirigentes obreros y campesinos de «anarquistas y narcotraficantes».
El 10 de octubre, la ciudad de La Paz fue virtualmente sitiada por los manifestantes. Desde el gobierno se
calificó a la revuelta como «un golpe de Estado gestado por el MAS». El 12 de octubre, en El Alto, el
ejército abrió fuego contra la multitud, dejando un saldo de 26 muertos y decenas de heridos. Como resultado,
el conflicto se extendió a todo el país.
El 16 de ese mes, tuvo lugar la marcha más grande de la historia de Bolivia. Activistas por los derechos humanos,
intelectuales y sectores de la clase media en huelga de hambre, exigieron la renuncia del presidente y la asunción
del vicepresidente Carlos Mesa en su lugar. El 17 de octubre se hizo efectiva la renuncia de Sánchez de Lozada,
que huyó hacia Miami con su familia y los principales ministros de su gobierno. Esa misma noche se convocó al
Congreso, ante el cual asumió Mesa como presidente.
El nuevo presidente se comprometió a que revisaría la ley de hidrocarburos y a que exigiría a las trasnacionales
del petróleo un 50% de las regalías, en lugar del 18% actual. El mandatario anunció que convocaría una Asamblea
Constituyente que se encargaría de «refundar Bolivia» y que organizaría un referendum para decidir acerca de la
venta del gas natural. La denominada «guerra del gas» dejó un saldo de 74 muertos y cientos de heridos, en su
mayoría indígenas.
En marzo de 2004, un ex minero de 47 años de edad, que reclamó por el pago de su jubilación, se suicidó explotando
una bomba atada a sus cuerpo dentro del edificio del parlamento boliviano. Junto con el trabajador, murieron dos
policías y diez más resultaron heridos. Ante la inquietud provocada entre los bolivianos, Mesa convocó a la prensa
y aseguró que la acción del suicida no tuvo connotaciones políticas y fue un hecho aislado.
En julio, según algunos observadores políticos, el referéndum sobre el destino del gas natural, se realizaría bajo
presión de los partidos políticos de oposición y los sindicatos. Éstos últimos se atribuyeron la representación
de amplios sectores sociales. Los partidos políticos que conformaban el depuesto gobierno de Sánchez de Lozada
y los sindicatos habrían coincidido en obstaculizar la consulta popular para fortalecer sus propias posiciones.
Varios dirigentes sindicales amenazaron sabotear la consulta e impedir el sufragio, incluso por la fuerza.
El referéndum sería una prueba de fuego para Mesa, tras nueve meses marcados por gran inestabilidad política.
Previo al referéndum, el gobierno se esforzó en una campaña para obtener la mayor participación ciudadana
posible; los sindicatos, por su parte, realizaron varias protestas callejeras sin la masiva participación
anunciada por los mismos. Los líderes sindicales no considerarían válida la consulta, pues la misma, no propuso
nacionalizar los hidrocarburos. Según el gobierno, la nueva ley de hidrocarburos posibilitaría el aumento
progresivo de impuestos a las transnacionales petroleras instaladas en Bolivia y permitiría la venta de crudo
a mercados extranjeros.
En medio de los preparativos de la jornada de participación directa sobre el destino del gas, Mesa inauguró las
nuevas cañerías del distrito El Alto. El distrito, ubicado en los suburbios de la ciudad de La Paz, fue
bastión de la oposición sindical que forzó la renuncia de Sánchez de Lozada.
Finalmente en julio de 2004, Mesa ganó el referéndum con el 75% de los votos. El mismo respaldó la estrategia
del gobierno de usar una ruta que atravesaría Perú en la exportación de gas natural. El gobierno declaró que
quizá el logro sea una base para la recuperación de una franja de la costa pacífica perdida en la guerra con
Chile más de un siglo atrás.
En agosto, Bolivia y Perú firmaron un compromiso que permitió exportar gas natural boliviano a un puerto peruano.
Los presidentes, Carlos Mesa y Alejandro Toledo, firmaron en Lima una "carta de intención" que comprometió al
estado boliviano a exportar gas a través de Perú con facilidades tributarias y administrativas. El compromiso
aumentaría los beneficios económicos para ambas naciones. Bolivia posee la segunda reserva de gas de la región
después de Venezuela, y buscaba exportar su producto a otros países como México y EEUU. Con este acuerdo,
Bolivia ganó acceso al mar por primera vez en 125 años.
En octubre, miles de campesinos marcharon hacia La Paz reclamando que se hiciera justicia con el ex presidente
Sánchez de Lozada, quien fue señalado como responsable de la muerte de 58 bolivianos durante la llamada "Guerra del Gas"
en 2003. Las movilizaciones exigieron también al poder Legislativo la sanción de una ley que nacionalice los
hidrocarburos bolivianos. La marcha tuvo lugar luego de que una comisión legislativa recomendó al plenario
autorizar la instauración de un juicio contra Lozada y de los ministros de defensa, Carlos Sánchez, y de gobierno,
Yerko Kukoc, principales acusados de la denominada "masacre de octubre".
Abrumado por masivas protestas sociales en demanda de la nacionalización del petróleo y reclamos
regionales de autonomía, Mesa abandonó la presidencia el 6 de junio del 2005. Las manifestaciones callejeras se
habían intensificado al punto de que el personal del presidencial Palacio Quemado había sido evacuado.
Eduardo Rodríguez, quien era presidente de la Corte Suprema, asumió la presidencia del país.
Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena del país, al alcanzar la mayoría absoluta
en las elecciones de diciembre de 2005. Al ceñirse la banda presidencial, el 22 de enero de 2006, declaró
que gobernaría sin marginar a nadie, «respetando la voz del pueblo». Asimismo, para señalar que no
habría sitio para aquellos acostumbrados a vivir del Estado y de la pobreza del pueblo, citó una
frase proveniente del imperio inka: «no robar, no mentir, no ser ocioso».
El primero de mayo de 2006, Morales anunció en el pozo petrolero de San Alberto la recuperación de
los hidrocarburos en favor del Estado Boliviano. Sin embargo, a un año del anuncio, el proceso se
encontraba inconcluso, y lejos de hacerse realidad.
En julio de 2007, la Oficia Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) presentó un informe en el que
señaló que la UE había donado dinero a Bolivia para la construcción de centros educativos que nunca
fueron construidos. El proyecto se inició en 1998, la UE donó 6 millones de euros para el mismo, y
debió ser terminado para mayo de 2004.
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