Dos grandes grupos poblaban el territorio de la actual Argentina a principios del siglo XVI:
los patagónicos y los
andinos. Entre los primeros se cuentan los tehuelches, rehuelches, rampas, matacos y
guaycurúes. Los dos últimos constituyeron civilizaciones agrícolas con asentamientos
estables. Los primeros eran cazadores y recolectores nómadas. En general los patagónicos
se asentaron al sur, centro y norte del país. Los grupos andinos principales fueron los
rehuenches antiguos, rehuelches algarroberos, huerpes, diaguitas, capayanes, omahuacas y
patamas. Del contacto con los incas perfeccionaron su agricultura, inclusive en terrazas y
con riego artificial. Criaban llamas y comerciaban en el noroeste y oeste del país.
En los siglos XVII y XVIII, empujados por la conquista española, los araucanos
procedentes de Chile emigraron hacia la región centro y suroeste de la actual Argentina,
con la consiguiente "araucanización" (mapuches) de los habitantes de la
región.
Las exploraciones organizadas por España en el siglo XVI llevaron a Américo
Vespucio, en 1502, y a Juan Díaz de Solís en 1516, a internarse en el estuario que
bautizaron Río de la Plata, en honor al metal que buscaban y no encontraron. En 1526,
Sebastián Gaboto fundó un fuerte a orillas del río Carcarañá, que sería el primer
establecimiento en lo que es actualmente la Argentina.
Para frenar el avance portugués, España envió a la región a Pedro de
Mendoza, previo contrato que establecía privilegios políticos y económicos al
conquistador. En 1536, de Mendoza fundó Santa María del Buen Aire, pequeño poblado, que
en 1541 fue desalojado al no poder resistir el asedio indígena.
Tomando a Asunción como foco colonizador, los españoles fundaron diversas
ciudades en la Argentina, (Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe), hasta llegar a la
segunda fundación de Buenos Aires, que tuvo lugar en 1580. Este puerto pronto se
transformó en el centro estratégico, político y comercial de España en la región.
En 1776 fue creado el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos
Aires, que abarcaba los actuales Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Una fuerte
burguesía comercial porteña, favorable al libre comercio, fue la generadora del
movimiento revolucionario de 1810, que creó las Provincias Unidas del Río de la Plata y
destituyó al Virrey, acusándolo de falta de fidelidad a la península, a la sazón
ocupada por las tropas napoleónicas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata optaron
por la independencia recién en 1816, cuando el restaurado monarca español Fernando VII y
su partido servil evidenciaron ser incompatibles con el liberalismo institucional y
comercial al que aspiraba la Junta de Gobierno de Buenos Aires.
El general José de San Martín organizó los ejércitos que derrotaron a los
realistas y contribuyeron decisivamente a la independencia de Chile y Perú. En ese mismo
periodo, las Provincias Unidas cayeron en la órbita de Inglaterra, compradora de cueros
vacunos y abastecedora de manufacturas, lo que al cabo de dos décadas arrasó la
artesanía del interior, en beneficio de la oligarquía intermediaria porteña. En 1829
asumió el poder Juan Manuel de Rosas, quien concilió los intereses contrapuestos del
puerto y del interior mediante una ley de aduanas y otras restricciones a la penetración
de productos provenientes de Francia e Inglaterra. Debió sufrir agresiones militares de
ambas potencias, que bloquearon el puerto de Buenos Aires para doblegar al gobierno, pero
cayeron derrotadas. Fueron los primeros intentos de integrar Argentina al mercado
internacional. Ese objetivo se logró luego de la denominada "Guerra Grande"
(librada en Argentina y Uruguay entre 1839-52), que involucró a Argentina, Uruguay y
Brasil, con la intervención directa de Inglaterra y Francia.
En 1833, Gran Bretaña ocupó las islas Malvinas, con el beneplácito de los
Estados Unidos. Tras la derrota de Rosas, Argentina se convirtió en importadora de
manufacturas y capitales británicos y exportadora de carne y cereales. En nombre del
liberalismo económico y político, Bartolomé Mitre (que ocupó la presidencia en el
período 1862-1868) se alió con Pedro II, emperador del Brasil, y Venancio Flores,
presidente del Uruguay, para librar contra Paraguay una guerra de exterminio, conocida
como la de "la Triple Alianza", que empezó en 1865 y
finalizó en 1870 con la muerte del presidente paraguayo Francisco Solano López. En el
momento de la "victoria", Domingo Faustino Sarmiento había sucedido a Mitre.
Finalizada la guerra, comenzó la fase de acomodamiento técnico al mercado
internacional. Mientras ferrocarriles y puertos aseguraban la transferencia de riqueza
hacia Londres, se completaba la ocupación del territorio mediante el exterminio de los
indígenas de la Patagonia y el Chaco, y se producía la inmigración masiva de mano de
obra europea, sobre todo española e italiana.
La sucesión de gobiernos que representaban los intereses de los latifundistas
agroexportadores, terminó cuando la clase media y un incipiente proletariado llevaron al
gobierno en 1916 a Hipólito Yrigoyen y su Unión Cívica Radical. La tenue
industrialización que propició la Primera Guerra Mundial, en la que Yrigoyen mantuvo una
activa neutralidad, delineó nuevos grupos sociales y enfrentamientos que culminaron en
1919 con la Semana Trágica, cuando las tropas ametrallaron en las calles a obreros en
huelga y comandos civiles ultraderechistas opuestos al gobierno atacaron el barrio judío
en busca de "bolcheviques".
La crisis mundial de 1929 puso en evidencia el agotamiento del esquema
agroexportador. Las clases dominantes que derrocaron a Yrigoyen mantuvieron la relación
con Gran Bretaña reafirmando sus privilegios en todos los sectores de la economía, en
tanto que las mayorías desposeídas veían agravada su situación.
La Segunda Guerra Mundial favoreció una rápida industrialización
sustitutiva de importaciones. Una alianza entre la burguesía, el proletariado y las
fuerzas armadas ocupó entonces la escena política. La movilización popular del 17 de
octubre de 1945 fue parte del proceso que llevó a la presidencia en 1946 al entonces
coronel Juan Domingo Perón. Su gobierno nacionalizó el comercio exterior, la banca, los
ferrocarriles, el gas y los teléfonos; incrementó la flota marítima y creó la aérea;
elevó a 50% la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y dictó una
avanzada legislación social. Además organizó a obreros y patrones en confederaciones
nacionales, con las que negoció la política económico-social. En el plano externo
impulsó una "tercera posición" entre los bloques en pugna en plena guerra
fría. Su esposa, Eva Perón ("Evita"), fue un nexo excepcionalmente carismático entre Perón y los
trabajadores e influyó en la conquista del voto femenino.
Los intereses norteamericanos fueron factor decisivo en el golpe de Estado de
1955. El dictador militar Pedro Aramburu repudió la posición tercerista de Perón y
abrazó la Doctrina de la Seguridad Nacional, delegando en Estados Unidos la defensa de la
región contra "los enemigos de la democracia". Esta llamada "revolución
libertadora" intentó regresar al modelo anterior a 1945, pero con Estados Unidos
ocupando el lugar de Inglaterra. Impuso la redistribución regresiva del ingreso y fusiló
a militares y civiles opositores en la Operación Masacre de 1956, que inició una
sucesión de décadas de violencia política.
El peronismo quedó proscripto, pero fueron sus votos los que en 1958 llevaron
al gobierno al desarrollista Arturo Frondizi, quien abrió el país a las trasnacionales
petroleras y automotrices e implantó un modelo de crecimiento y concentración de
riquezas que suscitó graves enfrentamientos sociales. Frondizi desproscribió al
peronismo, y en las elecciones para diputados de 1962 éstos triunfaron en diez
provincias. Este hecho determinó una nueva intervención militar en la que Frondizi fue
derrocado. Luego de dos agudos enfrentamientos entre grupos de las fuerzas armadas,
emergió como hombre fuerte de las mismas el general Juan Carlos Onganía.
Proscripto nuevamente el peronismo, llegó al gobierno el radical Arturo
Illia, cuya administración fue la primera en cuatro décadas que no aplicó el estado de
sitio ni otras medidas especiales de represión o censura cultural.
Illia anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi, pagando
indemnizaciones a las compañías extranjeras. Varias buenas cosechas y la apertura
comercial a los mercados socialistas contribuyeron a superar la crisis legada por el
interregno militar. Todo el período de Illia -quien se negó a colaborar con tropas
argentinas en la invasión norteamericana a Santo Domingo- estuvo signado por el choque
con los sindicatos peronistas, que realizaron huelgas, movilizaciones y ocupaciones de
fábricas.
En junio de 1966, Illia fue derrocado por la "Revolución Argentina"
de Onganía, que inauguró un nuevo modelo autoritario, clerical-corporativo en lo
político, ultraliberal en economía, y defensor de las "fronteras ideológicas"
en lo internacional. Onganía consagró la Argentina al Sagrado Corazón, prohibió la
política, intervino las universidades y la CGT y desnacionalizó la economía: empresas
quebradas fueron compradas a precio vil por consorcios norteamericanos, británicos y
alemanes.
El estancamiento resultante fue causa de conmociones sociales entre las que
descolló el "cordobazo" de 1969, encabezado por la CGT de los Argentinos, del
peronista Raimundo Ongaro, el radical Antonio Scipione y el marxista Agustín Tosco. Esta
insurrección y el surgimiento de la guerrilla sepultaron el proyecto de la
"Revolución Argentina" entre los propios militares. El general Agustín Lanusse
asumió la presidencia en 1971 y anunció la convocatoria a elecciones, pero prohibió la
candidatura de Perón, exiliado en Madrid.
Héctor Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación -nombre de
la coalición electoral en la que se presentó el peronismo- obtuvo 49% de los votos en
las elecciones de marzo de 1973. Cámpora asumió la presidencia en mayo y renunció dos
meses después para permitir una nueva elección, en la que participara su líder, ya
regresado al país. El 23 de setiembre, Perón fue electo presidente con 62% de los
sufragios. La vicepresidencia quedó en manos de su esposa, María Estela Martínez de
Perón ("Isabelita"). El peronismo reanudó las relaciones con Cuba, propugnó
una OEA al servicio de América Latina, impulsó la participación de Argentina en el
Movimiento No Alineado e incrementó el comercio con los países socialistas. Pero
después de la masacre de Ezeiza (el 23 de junio, día del regreso de Perón), los
conflictos dentro de su movimiento se convirtieron en una guerra entre la vieja guardia
sindical y las "formaciones especiales", como llamaba Perón a los guerrilleros.
Al morir Perón, lo sucedió su viuda, cuyo ministro de Bienestar Social y ex secretario
personal, José López Rega creó la "Triple A" (Alianza Anticomunista
Argentina), organismo parapolicial que asesinó a opositores marxistas y de la izquierda
peronista.
El 25 de marzo de 1976, el gobierno de "Isabelita" fue depuesto por
una Junta Militar encabezada por el general Jorge Videla. Los militares suspendieron todas
las garantías, desataron una ola de secuestros y asesinatos y crearon la ominosa figura
del "desaparecido". Las organizaciones defensoras de los derechos humanos
denunciaron la existencia de más de 25.000 desaparecidos y elaboraron una lista
documentada con más de 7.000 casos, de los cuales 80% fueron detenidos por fuerzas de
seguridad, ante testigos, y su destino nunca se supo con certeza. Un documento de las
fuerzas armadas declaró en 1983 que los desaparecidos debían considerarse muertos en
enfrentamientos contra efectivos antiguerrilleros.
La Junta Militar instauró una política de apertura a la importación que
liquidó un tercio del aparato productivo. Fueron anuladas conquistas laborales logradas
durante medio siglo, el salario real se redujo a la mitad y las economías regionales
fueron asfixiadas por las altas tasas de interés. El stock ganadero se redujo en 10
millones de cabezas vacunas. La deuda externa llegó a los 60.000 millones de dólares de
los cuales se estima que la cuarta parte corresponden a compras de armas. Fue la época de
la "patria financiera", cuando buena parte del sector productivo se volcó a la
especulación, alentado por la orientación económica. Consecuentemente, a partir de 1980
se inició el derrumbe de bancos y sociedades financieras.
Videla fue sustituido por el general Roberto Viola y éste por el general
Leopoldo Galtieri, quien como comandante en jefe del ejército había acordado en Estados
Unidos la participación de militares argentinos en la intervención estadounidense en
Centroamérica. Creyendo que ello le aseguraría el respaldo incondicional de Reagan,
Galtieri resolvió conjurar la crisis interna recuperando las islas Malvinas, donde el 2
de abril de 1982 desembarcaron tropas argentinas. El error de Galtieri se puso en
evidencia en la votación adversa en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la reacción
británica y en el apoyo de Estados Unidos a su aliado del Atlántico Norte. Luego de 45
días de combates, que costaron unos 750 muertos a los argentinos y 250 a los ingleses,
sobrevino la rendición argentina el 15 de junio; dos días después, Galtieri debió
renunciar a todas sus funciones.
En la OEA, 17 países reconocieron los derechos argentinos sobre las Malvinas
y votaron contra Washington por su apoyo a la agresión extracontinental, violatoria del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Luego de la destitución de Galtieri se produjeron purgas parciales en los
altos mandos de las tres armas; la Junta convocó a elecciones generales para el 30 de
octubre de 1983 y el Ejército designó al general retirado Reynaldo Bignone para ejercer
la presidencia hasta la entrega del gobierno, prevista para el 30 de enero de 1984.
El nuevo jefe de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, obtuvo 52% de los
sufragios, contra 40% del justicialismo. Durante la campaña electoral Alfonsín denunció
la existencia de un pacto militar-sindical y se erigió en el candidato de la legalidad y
la vida, contra la arbitrariedad y la muerte. Esto le valió la victoria inclusive en
buena parte del cordón industrial del Gran Buenos Aires, tradicional bastión peronista.
El nuevo gobierno buscó dar un combate frontal a la inflación que había
alcanzado índices desastrosos: 688% al finalizar 1984. En 1985 pareció estabilizarse una
tendencia de 25% mensual. Las reducciones del gasto público, que arrojaba un déficit de
70 millones de dólares anuales, fueron espectaculares en algunos rubros. El presupuesto
de las fuerzas armadas, por ejemplo, pasó a representar 18% del erario frente a 30%
anterior. Mientras tanto, el capital financiero consiguió ganancias superiores a las
obtenidas en cualquier parte del mundo.
La participación del sector laboral en la renta nacional bajó de 48% a 35%.
La CGT peronista se orientó hacia frentes de variada composición, apoyó inclusive la
huelga de los empresarios agropecuarios, a cambio de que éstos reconocieran sus demandas
salariales y el control sindical sobre las "obras sociales", especialmente los
sistemas de atención de salud y el turismo interno.
A mediados de junio de 1985, las autoridades lanzaron el llamado Plan Austral
que congeló precios, tarifas de servicios y estableció una nueva moneda, el austral,
vinculada al dólar.
En el litigio sobre el canal de Beagle, se firmó un tratado que alejó los
peligros de una guerra con Chile, tras un plebiscito interno donde la propuesta de paz del
Vaticano, apoyada por el gobierno argentino, recogió 80% de los votos.
Las revelaciones emanadas de los estudios de la CONADEP (Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas) siguieron detonando horrores durante el juicio público a
los nueve comandantes en Jefe de la dictadura, a quienes se acusó de haber ordenado los
crímenes en ese período. La condena a varios altos dirigentes militares -incluso el ex
presidente Videla- y la posterior extensión de los juicios a militares de menor
graduación motivaron fuertes presiones en el ámbito militar. Durante la Semana Santa de
1987 algunas unidades se acuartelaron para reclamar el fin de los juicios a los militares
y amnistía para los condenados. Aunque los rebeldes constituían un grupo minoritario, la
disposición de las fuerzas "leales" a reprimirlos fue puesta en duda.
Convocadas por el presidente Alfonsín, más de un millón de personas
acudieron a Plaza de Mayo a defender la democracia. La crisis fue disipada el Domingo de
Pascua, cuando Alfonsín concurrió personalmente a dialogar con los insurrectos en Campo
de Mayo y éstos depusieron su actitud. Sin embargo, en los días siguientes varios de los
altos mandos militares fueron sustituidos y el presidente envió al Congreso un proyecto
sobre "obediencia debida", que eximía de culpa a la mayoría de los militares
acusados de violaciones a los derechos humanos, alegando que actuaban en cumplimiento de
órdenes superiores.
Durante los dos años siguientes la inflación siguió cercenando los ingresos
reales de la mayoría de la población. Entre diciembre de 1983 y abril de 1989 se
perdieron miles de empleos, el salario experimentó una drástica reducción y la
recesión agudizó la ya difícil situación de las pequeñas y medianas empresas. La CGT
encabezó la resistencia a la política económica de Alfonsín; en ese período se
efectuaron catorce paros generales.
El costo social de este proceso fue en aumento, al punto de calcularse que
unos 10 millones de habitantes -casi 30% de la población- quedaron virtualmente
marginados del mercado de consumo.
En el verano de 1988 se produjo un segundo levantamiento militar, aunque de
menor relevancia, en la localidad correntina de Monte Caseros. Su cabecilla, el teniente
coronel Aldo Rico, fue procesado y posteriormente separado del Ejército. En el invierno
del mismo año el coronel Mohamed Alí Seineldín encabezó la tercera insurrección
militar. El propósito manifiesto de los amotinados era dirimir una cuestión interna del
Ejército, fracturado entre un sector "nacionalista" -que respondía a
Seineldín- y otro "liberal", que acataba los mandos de la institución. Si bien
ambos episodios fueron superados, la fractura interna se mantuvo.
En febrero de 1989 un grupo armado del Movimiento Todos por la Patria -que
hasta ese entonces actuaba en la legalidad-, atacó un cuartel del Ejército en el cono
urbano bonaerense al parecer con la intención de evitar un golpe militar. La represión
fue desproporcionadamente violenta y los sobrevivientes recibieron severas condenas.
Algunos detenidos que se rindieron fueron fusilados y otros "desaparecidos".
Los tres últimos meses del gobierno de Alfonsín estuvieron signados por la
hiperinflación, con registros que oscilaron entre 100 y 200% mensual. La economía estaba
desquiciada por la recesión y el prestigio del presidente liquidado. Se repitieron los
saqueos a comercios en distintos barrios de la capital y también en algunas ciudades del
interior. Los asaltantes robaban alimentos y artículos de primera necesidad.
En las elecciones presidenciales de mayo de 1989, el peronista Carlos Saúl
Menem obtuvo 47,6% de los votos frente a 38,4% del candidato radical Eduardo César
Angeloz. El descalabro económico era tal que la fecha de asunción del nuevo presidente
fue anticipada varios meses. Menem, que había sido gobernador de La Rioja, estableció un
programa de privatizaciones a partir de la Ley de Reforma del Estado, de agosto de 1989.
Esta reforma preveía la privatización de empresas estatales, la desreglamentación de
los mercados y la descentralización de la gestión administrativa.
En el primer año de gobierno, se impulsó la privatización de la empresa
petrolera estatal, de numerosos medios de comunicación, la administración de las
telecomunicaciones y la aerolínea del Estado.
Menem restableció relaciones con el Reino Unido (dejando la cuestión clave
de la soberanía sobre las islas Malvinas bajo un ambiguo "paraguas protector")
y en dos etapas indultó a todos los militares responsables de la "guerra
sucia".
La persistente crisis económica y social sumada a los cambios de Menem con
respecto a la doctrina del justicialismo tradicional provocaron convulsiones en las
instituciones del país. La CGT sufrió una división entre los sectores que apoyaban al
gobierno y quienes lo enfrentaban. A la referida fractura del Ejército se sumó un
fenómeno análogo en los principales partidos políticos. La Iglesia tomó distancia del
gobierno y fustigó a la dirigencia de partidos políticos e instituciones en general,
cuyo desprestigio ante la opinión pública fue en aumento.
En diciembre de 1990 estalló en Buenos Aires un levantamiento de
suboficiales. Duró 24 horas y causó varios muertos entre civiles y militares. El coronel
Seineldín -condenado a prisión por el alzamiento que había protagonizado en 1988-
asumió toda la responsabilidad por estos hechos desde su lugar de detención.
Durante la Guerra del Golfo, el gobierno argentino envió tropas a la región
para sumarse a la coalición antiiraquí comandada por EEUU, eludiendo la aprobación
parlamentaria. En 1991, Argentina anunció su abandono del Movimiento de Países No
Alineados y en los primeros meses de 1992, el país se sumó a Estados Unidos en la
condena a la situación de los derechos humanos en Cuba rompiendo una posición
tradicional de no injerencia.
A pesar de los constantes escándalos en su entorno y las acusaciones de corrupción,
Menem mantuvo su imagen merced a la estabilidad económica lograda por el Plan de Convertibilidad,
que redujo drásticamente el gasto público y estableció la paridad entre la nueva unidad monetaria
-el peso- y el dólar norteamericano. La inflación bajó y alcanzó mínimos históricos: en 1993 fue de 7,4%.
Si bien el Producto Bruto Interno experimentó un fuerte crecimiento, la actividad industrial
se mantuvo por debajo de los índices de 1987. Se profundizó la desigualdad distributiva en
las distintas regiones.
En las elecciones constituyentes de 1994 la gran sorpresa fue el desempeño de la coalición de
izquierda Frente Grande, que se transformó en la tercera fuerza política del país y triunfó en
la Capital Federal con 37,6 % de los votos. También ganó en la sureña provincia de Neuquén.
En Buenos Aires se transformó en la segunda fuerza política con 16,4% de los votos. No obstante,
peronistas y radicales obtuvieron la mayoría necesaria para asegurar la reforma constitucional
que permitió a Menem postularse para la reelección.
Poco antes de que Menem ganara las nuevas elecciones con el 50% de los votos, en mayo de 1995,
los escándalos llegaron el seno de su propia familia. Al morir en un accidente aéreo Carlos Menem
hijo, la ex esposa del presidente y madre del difunto, Zulema Yoma, afirmó que se trató de un homicidio,
en tanto que la policía federal lo catalogó como accidente.
En agosto, el ministro de economía Domingo Cavallo denunció al empresario postal Alfredo Yabrán,
allegado de Menem, de ser el "jefe de la mafia" que intentaba monopolizar el servicio de Correos y
realizar negocios millonarios con la cobertura del Estado.
A mediados de 1996, los desempleados superaron los dos millones y los subocupados el millón y medio
de personas, de acuerdo con las estadísticas oficiales. La deuda externa registraba un crecimiento
de 57% con relación a la existente en 1991, al comienzo del plan anti inflacionario aplicado por el gobierno.
En el primer trimestre de 1996, Menem destituyó a Cavallo. El nuevo titular de Economía, Roque Fernández,
doctorado en Chicago, mantuvo la política de su predecesor y se comprometió a reducir el déficit fiscal,
el desempleo y la recesión.
El asesinato de José Luis Cabezas, fotógrafo de una revista crítica del gobierno, puso una nota de tensión
a fines de enero de 1997 y enrareció aún más el clima político, ya que los medios responsabilizaron a Yabrán
por el homicidio. Los culpables, juzgados a fines de 1999, eran miembros de la seguridad de Yabrán, quien se
suicidó a mediados de 1998, cuando estaba a punto de ser detenido.
En las elecciones presidenciales de 1999 triunfó el candidato de la Alianza, el radical Fernando de la Rúa,
que estuvo muy cerca de obtener el 50% de los votos en la primera vuelta. Atrás quedó el justicialista,
Eduardo Duhalde, y tercero, con cerca de un 10%, el ex ministro Domingo Cavallo. En la provincia de Buenos Aires,
la mayor circunscripción del país, ganó por escaso margen el ex-vicepresidente, el justicialista Carlos Ruckauf.
La recesión económica se agudizó en 2000 y la nueva administración, que se había comprometido a combatir la corrupción,
se vio envuelta en un escándalo que involucró la relación entre los poderes. En setiembre, el vicepresidente
Carlos "Chacho" Álvarez se hizo eco de la denuncia de que varios legisladores habían sido sobornados en abril por el
propio gobierno, con dinero proveniente de los gastos reservados del servicio de Inteligencia, para que aprobaran una
nueva ley en materia laboral. Ese mismo mes, la senadora por Neuquén Silvia Sapag, denunció públicamente que un senador
justicialista, que presidía la Comisión de Energía, le había ofrecido dinero, suministrado por empresas petroleras,
para que votase el nuevo proyecto de la ley de hidrocarburos. Álvarez pidió fueran separados los implicados,
pero De la Rúa, que modificó el gabinete, los reafirmó, lo que provocó la renuncia del vicepresidente en octubre.
A fines de 2000, el FMI otorgó a Argentina un paquete de ayuda de unos 40.000 millones de dólares para cubrir las
necesidades sociales, pero estos recursos se agotaron por las dificultades del país para obtener fondos de inversores
privados extranjeros. Los intereses de la deuda aumentaron y Argentina llegó a abonar una cuota anual de 2.700 millones
de dólares al FMI, siendo éste tan sólo uno de sus prestamistas.
Tras haber fracasado en sus intentos de reactivar la economía y luego que el riesgo país superara la barrera de
los 800 puntos, en marzo de 2001 el ministro de economía José Luis Machinea dimitió a su cargo y al día siguiente
De la Rúa pidió la renuncia de todo el gabinete para realizar una reestructura. Tras un fallido intento de colocar
en el cargo al liberal Ricardo López Murphy, Finalmente De la Rúa designó a Cavallo, quien anunció que llevaría a
cero el déficit público mediante recortes en el gasto y el Senado aprobó una ley que estipulaba que el Estado no
gastaría más de lo recaudado, e incluía un recorte de 13% en salarios y pensiones públicas.
A comienzos de diciembre, el FMI le negó a Argentina un nuevo préstamo, argumentando que una política económica
que combinaba déficit fiscal, alto endeudamiento y un régimen cambiario fijo (la convertibilidad que ataba el
peso al dólar) era insostenible, y exigió más recortes presupuestarios. Para entonces, Argentina debía más
de 140.000 millones de dólares a organismos internacionales (el 54% de su PBI) y como resultado de la crisis,
había perdido cerca de 19.000 millones de dólares en inversiones.
Ante la fuerte fuga de depósitos, el gobierno estableció una serie de restricciones temporales a las cuentas.
La medida, anunciada el 1º de diciembre, que debía durar 90 días, pasó a ser conocida como el "corralito".
El desempleo, que había llegado al 18,3%, y el descontento de la población se tradujeron en una huelga general
que paralizó al país y terminó con la renuncia de Cavallo.
Tras fracasar en su intento de conformar un gobierno de unidad nacional, el 20 de diciembre De la Rúa también
dimitió en medio de fuertes protestas callejeras. Las manifestaciones, que incluyeron saqueos a supermercados y
destrozo de comercios en el centro de la capital, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad que
dispararon a mansalva contra los manifestantes, matando a seis e hiriendo a decenas. Hubo también cientos de detenidos.
Tras la renuncia de De la Rúa, el presidente del Senado, el justicialista Ramón Puerta, primero en la línea sucesoria
ante la falta de un vicepresidente, asumió el cargo. Poco después, la Asamblea Legislativa nombró a otro justicialista,
Adolfo Rodríguez Saá, quien durante los cinco días que duró su mandato anunció la suspensión del pago de la deuda
externa y prometió la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo. Rodríaguez Saá dimitió el 30 de diciembre,
presionado por sus propios correligionarios. Como Puerta se excusó de asumir de nuevo el cargo, Eduardo Camaño,
también del PJ, presidente de la Cámara de Diputados, debió jurar como mandatario interino y convocar otra vez a la
Asamblea Legislativa. Finalmente Duhalde, principal opositor justicialista de Menem, fue elegido en una sesión
especial que se celebrara el primer día del año 2002. Duhalde fue autorizado a presidir el gobierno argentino hasta
setiembre de 2003 y las elecciones previstas para el 3 de marzo se cancelaron.
En enero de 2002, el boletín oficial señaló que los límites del corralito permanecerían hasta 2003 y la población
sólo podría recuperar su dinero en cuotas. El Banco Central se vio obligado a intervenir en el mercado cambiario para
evitar un derrumbe precipitado del peso. Las protestas continuaron en todo el país, y algunas provocaron destrozos en
bancos y cajeros automáticos. Duhalde, que había asegurado a comienzos de enero que quienes depositaron en dólares
recibirían dólares, rompió su promesa y anunció que los depósitos bloqueados serían devueltos sólo en pesos devaluados.
La cifra total de los ahorros nominados en la moneda estadounidense, según datos del Banco Central argentino, se
elevaba a casi 44.800 millones.
El 26 de enero se llevó a cabo un masivo "cacerolazo" (protesta a golpe de cacerolas protagonizada fundamentalmente
por la clase media) en todo el país, contra la corrupción, el corralito y la Corte Suprema de Justicia. El malestar
de la población con los magistrados de esa instancia judicial aumentó, entre otras razones, luego que le otorgaran
la libertad al ex presidente Menem, quien había estado detenido por tráfico ilícito de armas a Croacia y Ecuador.
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició en febrero un proceso de enjuiciamiento contra
los jueces de la Corte por denuncias de corrupción. Duhalde denunció un chantaje por parte de los magistrados que,
luego de varios meses sin pronunciarse al respecto, amenazaron (y finalmente lo hicieron) con declarar inconstitucional
el corralito, para evitar ser llevados a juicio.
En febrero el gobierno pesificó la economía y liberó la flotación del dólar, y el peso argentino cerró a niveles
históricos, superando la barrera de tres unidades por dólar. Al no contar con el apoyo político del Congreso para
aprobar el plan Bonex -por el cual se pretendía convertir a pesos devaluados los depósitos en dólares, el ministro
de Ecocomía, Jorge Remes Lenicov, renunció en abril. Duhalde nombró a Roberto Lavagna en su reemplazo, quien empezó
a trabajar en un plan para evitar un aumento incontrolable del dólar e inició un largo período de difíciles negociaciones
con el FMI para llegar a un moderado acuerdo en enero del 2003. Por el mismo, el FMI aceptaba prorrogar temporalmente
los pagos de Argentina con éste y otros organismos multilaterales de crédito.
Duhalde adelantó las elecciones para mayo y avaló la candidatura del abogado Néstor Kirchner, entonces gobernador
de la provincia de Santa Cruz, quien, hasta ese momento, había ocupado un segundo plano en la escena política .
En la primera vuelta, Kirchner obtuvo el segundo lugar, con el 22% de los votos, detrás de Menem (24%). El apoyo
que los candidatos perdedores manifestaron a la fórmula Kirchner-Scioli, y la amplia ventaja que le otorgaban las
encuestas, motivaron el retiro de Menem de la carrera presidencial. De acuerdo a la constitución, esto convertía a
Kirchner en presidente.
En pocos meses, Kirchner, de 54 años, conquistó una popularidad de casi 80%, con una mayoría de adhesiones de
no-peronistas. Venido de las filas izquierdistas del peronismo, en su discurso de asunción de mando, Kirchner
se declaró "hijo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo" (luchadoras por el esclarecimiento de la "desaparición"
de sus familiares desde el principio del régimen militar) y se comprometió a impulsar una "Argentina unida, seria
y más justa", que vuelva a ser "un país normal", en referencia al estado de fragilidad político-institucional,
económica y social en que se encontraba el país.
Kirchner nombró un gabinete de ministros pertenecientes, en su mayoría, a su propia generación e inauguró un estilo
de conducción expeditivo y audaz. De inmediato, puso en claro su autoridad frente a las Fuerzas Armadas, al pasar a
retiro, en junio, a decenas de militares involucrados en la represión, impulsó la derogación de las leyes exculpatorias
y la prosecución de investigaciones en torno al tema de los "desaparecidos". Dos meses más tarde, realizó una
"depuración" de Policía Federal, en que alejó de sus cargos a los oficiales involucrados en casos de corrupción.
A través de la Oficina Anti-corrupción, se dio curso a la Justicia para el procesamiento político de los magistrados
de la Suprema Corte involucrados en la compra de leyes, a quienes se les prohibió, en diciembre, la salida del país,
junto con el ex -presidente Fernando De la Rúa.
En materia económica, Kirchner recuperó el papel del Estado como conductor. Decretó, en el curso de 2003,
aumentos salariales, a la vez de intentar derogar la ley de flexibilización laboral aprobada durante la era Menem.
También mejoró los sueldos estatales e inició una serie de inspecciones tendientes a combatir el trabajo no
declarado y a aumentar la recaudación fiscal, que se incrementó en 45% durante ese año. Asimismo, congeló las tarifas
de suministro de gas y electricidad, amplió el plan Jefas y Jefes de ayuda a desocupados, iniciado por Duhalde y
devolvió el dinero atrapado en el "corralito" a los pequeños acreedores particulares.. "El objetivo es impulsar
la reactivación por vía de la demanda", reiteró Lavagna en varias oportunidades.
Al asumir Kirchner la presidencia, la deuda externa alcanzaba 178.000 millones de dólares. Ante la Asamblea General
de la ONU de setiembre, en Nueva York, Kirchner reclamó un rediseño del pago al FMI y afirmó: "los organismos
multilaterales que alentaron el endeudamiento tendrán ahora que asumir su responsabilidad." En octubre, Lavagna
mantuvo ante el FMI que Argentina sólo pagaría, a condición que se redujera el valor nominal de los bonos
adeudados en un 75% y no canceló los intereses fijados para ese mes. En noviembre, Kirchner enfatizó que el dinero
del presupuesto de 2004, no se iba a usar para pagar más deuda externa, sino para planes sociales.
En las elecciones de agosto para gobernador de la provincia de Buenos Aires, triunfó Felipe Solá (PJ), favorable
a Kirchner. En los comicios para intendente capitalino, en setiembre, venció Aníbal Ibarra (PJ), gracias al apoyo
de varios sectores convocados por Kirchner a unirse contra Mauricio Macri, quien representaba un poderoso grupo
económico consolidado bajo la administración Menem. Duhalde apoyó a Macri, lo cual marcó una nueva fisura en el PJ.
El movimiento "piqueteros" de desocupados mantuvo en esos últimos años una práctica de protesta consistente en
bloquear el tráfico en rutas y calles. Los desórdenes que provocan estas medidas y la ola de secuestros pusieron
la seguridad y el orden en el centro de las preocupaciones de la clase media. Esto, junto con las expectativas de
creación de empleos genuinos para combatir la pobreza en la que se encontraba el 54% de la población y la indigencia
que padecía un 26% (a pesar del crecimiento de 6% que registró la economía durante 2003 y la estabilidad del dólar
en torno a los tres pesos), constituía el principal desafío para el desempeño del equipo de Kirchner, cuyo mandato
debía finalizar en 2007.
Kirchner y el presidente de Brasil, Luiz Ignacio "Lula" da Silva, también izquierdista, iniciaron, en el mes de julio,
una agenda de fortalecimiento y ampliación del MERCOSUR, a fin crear una sólida plataforma latinoamericana tendiente
a mejorar las condiciones de negociación frente a Europa y Estados Unidos e impedir el avance del ALCA.
El 16 de julio de 2004, cientos de manifestantes de izquierda, vendedores ambulantes y travestís atacaron la sede
del parlamento en Buenos Aires en protesta por la reforma al código de convivencia de la ciudad. La policía utilizó
agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que durante más de cinco horas intentaron entrar en la
sede del poder legislativo. Los mismos se opusieron al nuevo código pues consideraron que se incluyeron sanciones
demasiado duras contra la prostitución, las protestas callejeras y la venta ambulante, entre otros temas. Aníbal
Ibarra, jefe de gobierno de Buenos Aires, repudió el ataque y declaró que las diferencias no se resolverían con
violencia. Según Ibarra, la policía tuvo órdenes de intervenir racionalmente y sin armas de fuego.
El 28 de setiembre, en la escuela Islas Malvinas de la localidad de Carmen de Patagones, ubicada al sur la
provincia de Buenos Aires, un estudiante de 15 años mató a balazos a cuatro compañeros e hirió al menos a cinco más,
luego de entrar a su escuela armado con una pistola de grueso calibre. El agresor, apodado "Junior", hijo de un
agente de la Prefectura Naval Argentina le había robado el arma -una pistola de 9 milímetros- a su padre. Los
padres del joven y las autoridades de la escuela no pudieron explicar los motivos de semejante conducta pues “Junior”
no poseía antecedentes de actitudes violentas.
En enero de 2005 el gobierno ofreció un trato para los 100.000 millones de dólares en los que había caído en
incumplimiento (default) en 2001. El país ofrecía ahora a sus acreedores acuerdo de tómalo o déjalo de 25 centavos
por dólar, una maniobra sin precedentes que, en caso de tener éxito, podría alentar a otros países fuertemente
endeudados. También ese mes, Adolfo Scilingo, ex oficial del ejército acusado de arrojar a presos políticos
desde aviones militares en la década de 1970, fue llevado a juicio en España.
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